Digámoslo como es: el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional de más de 6 terabytes de información, correspondiente a los años 2010 a septiembre de 2022, representa un muy alto riesgo para el país. No asumirlo como tal, minimizar y trivializar el alcance del robo informático, o reducir su impacto alegando que se trata de información pública, es una indolencia rayana en la irresponsabilidad y, por ende, en la posible comisión de faltas administrativas sino es que de graves delitos. De nada sirve hacer menos el hackeo ni, desde luego, dejar en lo oscurito las investigaciones que es de suponerse están en curso. Hasta el momento no sabemos si la cadena de mando responsable del monumental hackeo esté siendo investigada. Y lo que es peor, quizás nunca lo sabremos: así funcionan las fuerzas armadas, en la total opacidad.
A la minimización del alcance del hackeo han contribuido tanto Carlos Loret de Mola como el presidente Andrés Manuel López Obrador; el primero porque de entre los millones de correos electrónicos y documentos disponibles priorizó difundir el estado de salud del presidente. Y López Obrador, astuto como es, aprovechó la nota para afincar su discurso menospreciando el posible impacto de la información trascendida mediante la aceptación de sus padecimientos. De esta forma, la nota durante varios días no fue el calibre de la información robada ni la cadena de mando de la SEDENA que posibilitó (o permitió) el hackeo, sino la salud del presidente, que, sin ser un asunto menor, palidece frente al posible uso que se le pueda dar a 6 terabytes robados a los militares.
El hackeo, o tuvo operadores desde dentro de la propia SEDENA, lo que es muy grave, o bien pasó inadvertido para los responsables de la ciberseguridad, lo que también es extremadamente delicado. Descargar 6 terabytes de información no es una tarea que se logre en unas cuantas horas, es una acción que inclusive con las más altas velocidades de internet tarda varios días. Es muy difícil de admitir que durante varios días se haya estado extrayendo información sin que nadie se haya percatado. Y, por cierto, al parecer los hacktivistas de Guacamaya no fueron los únicos que tuvieron acceso a ese material digital. Es decir, ¿es posible robar información a la SEDENA durante varios días sin que nadie repare en el atraco? Estamos ante un delito que o bien, se fraguó desde dentro de la institución, contó con cómplices o hubo indolencia de los militares (o una combinación de las tres); los tres escenarios son muy graves y los culpables deben ser castigados, incluida la cadena de mando que permitió el hackeo. La siguiente información, publicada en twitter por Alberto Escorcia, evidencia la pésima seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional:
Como podemos apreciar, hasta un cibercafé tiene más cuidado y protecciones que el sistema informático de la SEDENA. En este contexto, llama la atención que el general secretario, Luis Crescencio Sandoval González, no haya puesto a disposición del presidente su cargo, a efecto de facilitar las investigaciones. Eso sí, nos hemos enterado de los regalos que el general ha entregado a diferentes personas del ámbito empresarial, legislativo y político: lentes de marca, botellas de tequila, mezcal y vino, corbatas finas, entre los que se han dado a conocer. Toda vez que los regalos están registrados en documentos oficiales es de suponer que fueron comprados con recursos públicos, lo que es un delito, y si fueron adquiridos con recursos propios del general ¿por qué fueron registrados en documentos de la SEDENA? El general secretario está obligado a esclarecer a título de qué fueron entregados esos obsequios, el origen de los recursos para comprarlos y con qué objetivo.
Los regalitos del general Luis Crescencio Sandoval González son poca cosa ante los posibles actos de corrupción cometidos por militares de diferentes rangos y aún más, ante el posible involucramiento en actos delictivos en connivencia con el crimen organizado. De acuerdo con información difundida por Mexicanos contra la Corrupción (sí, sabemos que tienen agenda contra AMLO, pero los documentos publicados provienen del hackeo) el propio ejército mexicano vendió armas a criminales: “En un informe de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019 se detalla que la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México”. Hasta el momento ninguna autoridad, ni civil ni militar, ha negado la veracidad de la información. Esconder la cabeza, el silencio, el ninguneo, la desidia, son las peores actitudes en una coyuntura que bien puede derivar en una crisis de gobernabilidad.
Por otra parte, llama la atención que de acuerdo con la información que hasta el momento ha circulado en redes y medios sociales, la SEDENA dispone de informes que detallan las relaciones de alcaldes y otras autoridades con diferentes cárteles, de las vulnerabilidades en las aduanas que facilitan el trasiego de drogas y de precursores químicos, de cómo funciona el esquema de corrupción de obras emblemáticas de la 4T, como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Si la SEDENA tiene en sus manos esta información, caben las preguntas ¿y por qué no se han judicializado estos y muchos otros casos? ¿qué espera el gobierno federal para actuar conforme a la ley? La hipótesis, inevitable, es porque no quiere, o no le conviene, lo que es lo mismo. Y derivada de esta primera hipótesis surge una segunda: porque los militares pueden estar implicados en más de un delito. La hipótesis no carece de sustento, a la luz del muy oscuro pasado del ejército mexicano que, para no ir más lejos, es responsable de los asesinatos en Tlatlaya, del auge paramilitar en los Altos de Chiapas, del surgimiento de los Zetas y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros crímenes.
Y precisamente a este ejército el gobierno le ha confiado la seguridad del país. Un ejército incapaz de preservar, cuando menos, su propia seguridad digital.
Insisto en el punto: el hackeo a la SEDENA es un riesgo para el país, no una afrenta al gobierno federal y la 4T. Hasta el momento, el único resguardo que ha impedido que la información más sensible se haga pública, lo que no quiere decir que no haya quien ya la tenga a su disposición y haga con ella lo que quiera, es el desorden de los millones de documentos robados; esto significa que, conforme la información se ordene, categorice, y analice, el riesgo para México irá en aumento.
Y el riesgo mayor no es contra el gobierno federal o los gobiernos locales (que existe, no se niega), es también y fundamentalmente contra las personas que han denunciado a militares, a narcos, a funcionarios corruptos; contra los pueblos en defensa de sus territorios contra los proyectos turísticos, mineros y extractivistas; contra defensoras y defensores de derechos humanos que han documentado las violaciones cometidas por militares, policías y todo tipo de funcionarios; contra las mujeres y sus formas de organización y lucha; contra el periodismo, sobre todo quienes lo ejercen con autonomía, independencia y crítica al poder; contra las y los migrantes, expuestos aún más a la violencia institucional del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional y a la de los traficantes de personas; y por supuesto, contra la seguridad nacional, expuesta y vulnerable por la información trascendida. En otras palabras, el mayor riesgo es para el pueblo, ese pueblo que tanto defiende el presidente.
La renuncia del general secretario Luis Crescencio Sandoval González debería estar ya en el escritorio del presidente. Si el general permanece al frente de la SEDENA el mensaje para el país sería terrible: los militares mandan sobre el poder civil. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe demostrar a México y al mundo que en el país las fuerzas armadas están subordinadas al mando constitucional civil; lo puede hacer, lo debe hacer, poniendo orden en ese desmadre que traen los militares. El comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente, es ahora cuando debe demostrarlo.
El país está en riesgo y minimizar y trivializar el hackeo solamente expone más a las y los mexicanos, expone más al país.
