El Caso Jalisco 2016 (consecuencias tamaulipecas)

5 julio, 2021

Hace un mes, en este espacio, analicé cómo era que dos jueces federales sostenían criterios opuestos en el Caso García Cabeza de Vaca. El juez (de control) Zeferín Hernández había concedido a la FGR una orden de aprehensión en Almoloya, Estado de México. El gobernador podía ser arrestado. El juez (de amparo) Gutiérrez Pérez había concedido suspensión provisional en Reynosa, Tamaulipas. El gobernador no podía ser arrestado. El primero se sostenía en una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizó la reforma constitucional jaliciense que eliminó el fuero de los altos funcionarios estaduales. El segundo seguía el criterio de sobreseimiento del ministro González Alcántara cuando rechazó la controversia constitucional interpuesta por la legislatura tamaulipeca (Liga 1). Hoy diré algo más acerca de los dos criterios y comentaré las nuevas nuevas del caso.

El Caso Jalisco inició en septiembre de 2016 porque el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco impugnó “la expedición y promulgación de los Decretos 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto del año dos mil dieciséis, por virtud de los cuales se eliminó del orden jurídico estatal la figura de la declaración de procedencia [el juicio de desafuero]...” (la cita proviene del primer párrafo [§1] de la sentencia de la Suprema Corte publicada en el Diario Oficial de la Federación (Liga 2).

Entre los argumentos de quien impugnaba la reforma (“el poder actor”) estaba que, al remover el requisito de procedibilidad (“fuero”), la legislatura jalisciense invadía la esfera de competencia federal. Es decir, el presidente del poder judicial tapatío asumía que sólo hay un fuero y que un Estado no podía removerlo sin violar la competencia federal. A este razonamiento, la Suprema Corte respondió en los siguientes términos: la reforma cuestionada transformó, entre otros, “... el párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Local. Esta norma establecía, previo a la reforma de dos mil dieciséis, que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público sería perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Con la reforma impugnada, se clarificó que los delitos referidos en tal disposición serían los ‘del orden común’”. (§70) Los ministros abundaron: “esta Suprema Corte concluye que el contenido del citado primer párrafo del artículo 99 de la Constitución Local expedido en el dos mil dieciséis, ... no invadió la esfera competencial de la Federación ni se dio una violación de origen competencial”. (§71) Aparte, “la reforma cuestionada, lo que en realidad ocasionó fue una clarificación normativa consistente en que, los delitos que serían perseguidos y sancionados, serían los ‘del orden común’ (es decir, los del fuero local), cometidos por los servidores públicos estatales.” (§72)

Si te fijas, lectora: se trata del mismo tipo de aclaración que hizo el constituyente morelense en las sucesivas reformas a la carta magna de Cuernavaca que analicé aquí la semana pasada. Tanto Jalisco como Morelos han aclarado que hay un set de reglas para los delitos federales y otro set para los estaduales. Por su parte, al resolver la Controversia Constitucional 99/2016, la Suprema Corte reconoció en el Caso Jalisco la diferencia entre dos fueros, uno estadual que protege a los altos funcionarios de una entidad federativa contra acusaciones del “orden común”, es decir, delitos estaduales; y otro federal que se refiere a acusaciones del “orden federal” nacidas de delitos federales –aunque sean cometidos por altos funcionarios de los estados federados. Zarco tenía razón. Hay dos fueros.

Ahora pasemos al análisis de las noticias recientes del Affaire Tamaulipas.

Primero, aunque esto desanime a algunos entusiastas en la coalición obradorista, los resultados estaduales de la elección del 6 de junio próximo pasado (Liga 3) no cambian mucho las cosas –si es que jurídicamente se confirma que hay dos fueros. Pero, ciertamente, es relevante que el electorado tamaulipeco haya reorganizado el Congreso en Ciudad Victoria. Para poner en perspectiva la elección de este año, debemos recordar que las y los tamaulipecos han electo legislatura estadual en 2016 (junto con gobernador), en 2019 (sólo por dos años) y ahora (2021). ¿Cómo ha evolucionado la correlación de fuerzas en ese estado?

En 2016, con una participación general de 56 %, el panista García Cabeza de Vaca ganó la gubernatura con 50 % de los sufragios (frente a 28 % del PRI). La legislatura, de 36 curules, quedó dominada por el PAN con 20 diputados, mientras el PRI tenía 12 y MORENA, MC, PANAL y PVEM quedaron con un curul cada uno.

En 2018 no se eligió legislatura, pero con una participación del 61 % del electorado (había elección presidencial), el PAN ganó 31 de las 43 alcaldías, mientras el PRI sólo ganó seis y MORENA –pese al empuje de AMLO– sólo ganó cinco ayuntamientos. (Aparte, hubo una planilla independiente ganadora.) Esto nos indica que el panismo tamaulipeco tiene bases sociales propias, que votan independientes de la corriente nacional.

En 2019 se eligió una legislatura de dos años, para empatar con los trienios federales en 2021. Como era una elección local muy aislada, la participación se desplomó a 33 %. El PAN se impuso con 23 curules, frente a diez de MORENA, dos del PRI y una de MC. Esta es la Legislatura panista que ha estado defendiendo a García Cabeza de Vaca –muy poco representativa en términos democrático-electorales. Pese a su poca representatividad, estos comicios indican que el morenismo avanzaba –aupado en el dominio obradorista de la Administración Federal.

Así estaban las cosas cuando llegó la elección de 2021. Este año, las y los tamaulipecos eligieron tanto ayuntamientos como legislatura. Participó el 53 % del electorado –sólo un poco menos que cuando ganó García Cabeza de Vaca y 20 % más que en la elección de la que surgió la legislatura que defiende con denuedo al gobernador. MORENA-PT sustituye al PAN como primera fuerza electoral, ganando 16 distritos estaduales (frente a 18 y 20 del PAN en 2016 y 2019, respectivamente). En 2021, el PAN sólo ganó seis distritos. El PRI desaparece de esa carrera y deberá conformarse con plurinominales. Al día de hoy todavía no se asignan las curules de representación proporcional así que desconocemos con qué ventaja parlamentaria dominará MORENA-PT. Sin embargo, en 2016, cuando el PAN ganó 18 distritos se le asignaron dos más. Este año, la Izquierda podría recibir dos o tres curules más. (Este asunto seguramente será causal de otros escándalos. Estemos atentos, lectora.)

En mi opinión, los sucesivos resultados electorales que he revisado nos muestran no sólo la consolidación de un electorado morenista, sino el desastre de imagen que le ha causado al PAN tamaulipeco la defensa del gobernador García Cabeza de Vaca. En marzo de 2021 encuestas locales daban sólo 33 % de apoyo al gobernador. Su partido obtuvo 36 % de los sufragios. MORENA, que no tenía presencia hace un lustro en el estado, se llevó 39 % de la votación. Si esto no es un voto de castigo, no sé qué sea.

Pero regreso a lo jurídico. Si existen dos fueros, como lo sostuvo la Suprema Corte en la Controversia Constitucional 99/2016 y como lo entiende el juez Zeferín Hernández en Almoloya, el ciudadano García Cabeza de Vaca puede seguir siendo gobernador pero debería ser llevado ante su juez para responder por las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República. Es decir, no se necesita que la nueva legislatura, dominada por MORENA, haga nada.

Pese a lo último, la legislatura tamaulipeca saliente –aún dominada por el PAN– insiste en defender a su gobernador. Por una parte, volvió a interponer controversia constitucional, ahora en contra de la judicialización que hizo la FGR y en contra de la orden de aprehensión que emitió el juez Zeferín Hernández. Se trata de la Controversia Constitucional 70/2021. La Suprema Corte (a través del ministro González Alcántara, a quien otra vez le tocó ser instructor) pidió copias de la documentación para analizar los razonamientos del juez de control (Ligas 4 y 5). Sería divertido ver la cara del señor ministro cuando reciba los documentos y vea citada la sentencia del Caso Jalisco (la controversia 99/2016) que él votó recientemente.

La legislatura tamaulipeca saliente también ha aprobado una reforma constitucional estadual para que la legislatura entrante no pueda echar atrás la declaración de no-homologación del desafuero que los panistas aprobaron hace dos meses. Ya vimos que esto no cambia nada, pero deberíamos reconocer la terquedad de las y los diputados panistas en Ciudad Victoria.

Por último, resulta que en la Controversia Constitucional 50/2021, en la que el ministro González Alcántara (designado a propuesta de López Obrador) había favorecido a la legislatura tamaulipeca, la FGR se había inconformado y nos acabamos de enterar de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández (designada a propuesta de Peña Nieto) propone dar la razón a la fiscalía federal y darle trámite de la controversia. En otras palabras, se pone en duda el razonamiento de González Alcántara de que sólo hay un fuero (y que por lo mismo la no-homologación del Congreso del Estado cerraba el asunto). Esto es grave, porque este criterio es el que sustentaba la suspensión concedida por el juez de amparo Gutiérrez Pérez en Reynosa al gobernador García Cabeza de Vaca (Liga 6).

Don Francisco Zarco estaría orgulloso de nosotros. Y fascinado de este galimatías jurídico y político.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1: