Alejandro Saldaña Rosas
La confirmación del espionaje del ejército a Alejandro Encinas es una afrenta no solamente al Subsecretario de Derechos Humanos, sino al país y particularmente, a las instituciones y las personas implicadas en la defensa de los derechos humanos. La afrenta es extremadamente grave porque el espionaje militar coloca en una situación de enorme vulnerabilidad y riesgo a instituciones y personas defensoras de los derechos humanos, entre otras, a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y en especial a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La participación del ejército en la Noche de Iguala, en septiembre de 2014, está documentada, sin embargo, la impunidad persiste porque los militares se han blindado a las investigaciones, negando su participación en los hechos delictivos; la escasa y fragmentada información que han aportado ha sido debido a la intervención presidencial para obligarlos a entregar los expedientes a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ). Sin embargo y de acuerdo con la COVAJ, hay muchos expedientes que el ejército continúa ocultando y negándose a entregar, a pesar de los llamados del presidente. El espionaje a Alejandro Encinas se da en el contexto de las actividades de la COVAJ: es otra evidencia más de la responsabilidad de los militares en la noche de Iguala.
Como sabemos, la debacle de la administración de Enrique Peña Nieto inició la noche del 26 de septiembre de 2014; el compromiso de Andrés Manuel López Obrador fue llegar a la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a la justicia a los responsables del crimen de Estado. En este contexto, el triunfo electoral de MORENA no se trataba simplemente de una alternancia política sino de una esperanza de verdad, justicia, reparación del daño y compromiso de no repetición. Por el espionaje y por la inacción de la justicia, es evidente que el compromiso de AMLO con las familias de los 43 estudiantes, y con el país entero, no será honrado: la impunidad de la administración de Peña Nieto se prolonga con la 4t de López Obrador.
En las elecciones de 2024 se perfila un triunfo de MORENA, por lo que las corcholatas presidenciables deben fijar desde ya su postura con respecto a los militares y el mandato de que entreguen toda la información del caso Ayotzinapa, se sometan al orden constitucional y transparenten por completo sus múltiples actividades. Solapar al ejército prolongaría el incumplimiento de la Cuarta Transformación con la verdad, la justicia, la garantía de no repetición y la paz en el país.
La intervención del teléfono de Alejandro Encinas y de dos de sus colaboradores a través del spyware Pegasus fue revelada por el New York Times y no puede ser minusvalorada ni pasada por alto, tal y como ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en referencia al espionaje al subsecretario expresó: “Sí me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”. ¿Esto quiere decir que el ejército espió sin querer? ¡Por favor!
Las palabras del presidente son muy graves puesto que evidencian que algunas actividades del ejército se realizan al margen del estado de derecho; si el presidente lo sabe y los deja actuar es muy delicado, pero si lo sabe y no puede someter a los militares a la ley, es aún peor. En cualquier caso, queda claro que los militares pueden actuar al margen de la ley, sin consecuencias ni sanciones, es decir, los militares se mandan solos. Si el ejército y la marina pueden espiar a un subsecretario de Estado, líderes sociales, comunitarios, sindicales, y en general pueblos y organizaciones en resistencia, podrían también estar siendo espiados.
El ejército espía, el presidente lo tolera y los medios, las redes y los activistas afines a la 4t callan vergonzosamente, lo que les convierte en cómplices de colocar a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos sometidas a la voluntad de los militares. La lealtad a un proyecto político se ha convertido en sumisión, lo que debilita al propio proyecto y pone en riesgo a personas y organizaciones que disienten, luchan y resisten.
Reitera el presidente que “no somos iguales” pero las acciones del ejército difieren muy poco de sus actividades en los oscuros años de la guerra sucia: el ejército sigue actuando al margen de la ley. La única forma de demostrar que, en efecto, la 4t es completamente diferente a otras administraciones es sometiendo a los militares al marco constitucional, lo que a todas luces no sucede. Mientras no haya un amplio proceso de justicia transicional que permita el acceso a la verdad y la justicia por los delitos cometidos en el pasado por el ejército y la marina, el oprobio seguirá pesando en las fuerzas armadas. La expansión del ejército y la marina hacia actividades que nada tienen que ver con la seguridad nacional y que, además, se realizan sin transparencia ni rendición de cuentas, en nada abona a la democracia en el país. Es muy grave que el ejército espíe, también lo es que opere en la opacidad y el silencio.
No hay voluntad política para someter a los militares a la legalidad y tampoco se vislumbra una rigurosa investigación que sustancie la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la SEDENA. La institución responsable de la investigación sobre el espionaje a Alejandro Encinas debería ser la Fiscalía General de la República (FGR) que, como bien sabemos, ha sido terriblemente ineficaz; por si no bastara, la animadversión de Alejandro Gertz Manero hacia su tocayo Encinas es otro factor más en contra de la necesaria investigación del espionaje telefónico. Entre la ineficacia y la hostilidad de la FGR y Gertz Manero, pierde la justicia, pierde México… y ganan los militares.
El país se encuentra atrapado entre la omnipresencia y la plenipotencia del ejército, la condescendencia de la 4t y la ineficacia de la fiscalía general. En estas circunstancias no queda más que insistir en la denuncia, en México y en foros internacionales, del ilegal espionaje del ejército, de su responsabilidad en el crimen de Estado cometido en Iguala en septiembre de 2014 y de la opacidad con que desempeña las múltiples actividades que el presidente le ha asignado. Lo peor que podemos hacer es hacer como si no pasara nada.
