Las protestas del pasado viernes 16 de agosto para denunciar los feminicidios y todos los tipos de violencia, en particular la violencia institucional contra las mujeres, detonaron la molestia de muchas personas, periodistas, medios de comunicación y opinólogos de las redes sociales que decidieron centrar su atención en los vidrios rotos, las paredes, las aceras y los monumentos graffiteados, haciendo –una vez más– caso omiso a las demandas y derechos de las mujeres.
Dice Rita Segato que “el género tiene un tiempo tan largo como el tiempo de la especie, un tiempo lentísimo, mucho más lento que el de la historia de las mentalidades. Es un tiempo casi cristalizado, parece un tiempo natural. Es por eso que es tan difícil modificar la opresión de género”, y pese al gran número de luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la expedición de leyes, constituciones y tratados internacionales en la materia; la violencia letal y no letal contra las mujeres pareciera ir en aumento.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en los primeros cuatro meses de 2019, 1199 mujeres fueron asesinadas, 10 mujeres asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. No hay ninguna ley, institución, ni acción social, legal o política que consiga frenar este problema que pese a su gravedad permanece en la invisibilidad ante la mirada pasiva de la gran mayoría de las personas al frente de cargos públicos.
Muchas personas, periodistas e incluso las autoridades capitalinas juzgaron las movilizaciones del 12 y del 16 de agosto en la Ciudad de México a través de la lente del sexismo, el machismo y la misoginia, pidieron “decencia”, “docilidad”, “pasividad”, “timidez” y “recato”, ¿por qué?, ¿porque la rabia y el enojo no es propio de las mujeres? El 12 de agosto las mujeres protestaron contra los abusos de poder de la policía, por la revictimización de una joven adolescente y por los innumerables casos en los que la Procuraduría capitalina y los Ministerios Públicos han negado el acceso a la justicia a las mujeres.
Ese 12 de agosto, en una inusitada reacción, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum calificó como una “provocación” que manifestantes rompieran una puerta y arrojaran diamantina rosa al secretario de Seguridad, Jesús Orta. Sheinbaum erradamente externó que sólo se comulgaba con aquellas protestas “pacíficas”[1] como si en lugar de diamantina y unos vidrios rotos se hubieran arrojado explosivos; en el trasfondo de tan desacertada declaración, Sheinbaum terminó por ser excluyente y discriminar a quienes en su parecer no actuaron con decoro.
De esta manera, los poderes Judicial y Ejecutivo capitalinos infringieron la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo artículo 18 señala como violencia institucional a “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
Por otro lado, la prensa dejó de manifiesto una vez más la visión sexista y machista de directores, editoras, editores, reporteros y conductores al centrar la información en las pintas y en los vidrios rotos, una prensa evidentemente carente de perspectiva de género en la cobertura de información que presenta y con la que contribuye a reforzar estereotipos de género y violenta el derecho a información fidedigna, plural, incluyente y el derecho a la no discriminación de las mujeres.
Si hubo infiltrados en las protesta o militantes de partidos políticos trataron de sacar raja política a fin de desprestigiar a la actual administración fue, en todo caso, un asunto periférico y más allá de generar consenso sobre las formas de protesta adoptadas por los diferentes grupos de mujeres; el tema medular es que hay mujeres a las que les han asesinado o desaparecido a su hermana, pareja, madre, amiga, hijos o hijas; a quienes las han violado sexualmente, a quienes les han arrebatado su dignidad humana.
Entre mujeres nos diferenciamos por muchos factores que van desde la edad, el nivel de ingreso o escolaridad, el color de piel, los tipos de familias de las que provenimos y/o a las que pertenecemos, el lugar de origen y de residencia, las escuelas a las que asistimos y decenas más de factores, y podremos disentir entre unas y otras sobre los mecanismos y las vías de protesta.
Pero si en algo estamos de acuerdo es que la violencia contra las mujeres (en sus modalidades: simbólica, patrimonial, económica, psicológica, física, sexual, feminicida y en todos los ámbitos comunitario, laboral, escolar, familiar e institucional) debe ser sustraída de la invisibilidad, requiere de una fuerte intervención institucional y de acciones colectivas, familiares y personales para atender y enfrentar semejante problema.
Lo que sí debemos reconocerle a la Jefa de Gobierno es que ha prendido la mecha del debate y se haya sentado a la mesa con diferentes grupos de mujeres para dilucidar el camino a seguir con el fin de dejar de ignorar un problema de suma gravedad que ha cobrado la vida de miles de mujeres sobre todo en los últimos años.
Se ha puesto sobre la mesa la urgencia de que las policías, funcionarios públicos de todos los órdenes de gobiernos, profesores y personal de las redacciones periodísticas se conduzcan con perspectiva de género, porque este país está cambiando, lo estamos cambiando a contra marea todas las que aspiramos a que, como dijera una de mis maestras, “un día la violencia contra las mujeres sea simplemente impensable”.
[1] Las comillas son de la autora.
