Pasada la tolvanera levantada por el escándalo en torno a la aniquilación de los fondos destinados a la investigación científica, es pertinente iniciar una reflexión sobre el posible futuro de este sector. Si durante el periodo previo a la eliminación de fondos y fideicomisos privó el estruendo sobre el argumento, la pendencia sobre el juicio, la nota alarmista sobre la información fundamentada, es momento de comenzar el análisis en torno a los posibles rumbos que podría tomar la investigación científica, la formación de nuevas generaciones de académicos y académicas, las redes de creación y distribución de conocimientos, el desarrollo tecnológico en el país. El escándalo provocado para justificar la eliminación de los fondos destinados al desarrollo científico del país, opacó los muchos y sólidos argumentos esgrimidos por la comunidad académica para evitar la supresión de los recursos y los procedimientos que, no sin dificultades, han permitido un cierto avance de la investigación científica en México. Si antes los argumentos no fueron escuchados ni por el Ejecutivo ni por las y los legisladores, es difícil que ahora sean atendidos, aun así, es necesario iniciar un proceso reflexivo como parte de las acciones de resistencia en defensa de la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico en el país.
La discusión previa a la eliminación de fondos y fideicomisos para la ciencia fue todo, menos eso, una discusión ordenada y sistemática, pero justamente ese era el objetivo: meter en el mismo saco a los fondos institucionales, con los fondos sectoriales y los fondos mixtos, al Sistema Nacional de Investigadores con los Centros Públicos de Investigación, al Programa de Estímulos a la Innovación con el Estímulo Fiscal a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, por mencionar sólo unos programas del Conacyt. Pongamos por caso el hecho de que los recursos públicos transferidos a grandes empresas como Intel, Whirpool, Volkswagen, Kimberly Clark o Bayer (por mencionar algunas) generaron fuertes y justas críticas sobre la legalidad y la legitimidad de tal proceso, opacando la discusión sobre las relaciones entre universidades, gobierno e iniciativa privada. Aunque se haya dicho que esos recursos fueron transferidos por el Programa de Estímulos a la Innovación (no por “los fideicomisos”), el escándalo dominó y no permitió analizar que no solamente hubo transferencia a grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas y que esos recursos fueron determinantes para mejorar sus condiciones de productividad y competitividad. No se dio una información equilibrada porque lo que se buscaba, y se logró, fue generar irritación en el “pueblo” para justificar la eliminación de fondos y fideicomisos destinados a la investigación, la formación de nuevos científicos, la construcción de redes de conocimiento, etc. Ahora bien, si se violó la normatividad con esas transferencias, tanto a grandes como a medianas y pequeñas empresas, es algo que desconocemos porque hasta el momento no se ha informado de las acciones legales interpuestas para sancionar los posibles delitos cometidos.
Añada usted a esa revoltura de programas, fondos, instituciones y recursos con diferentes reglas de operación, sistemas de transparencia y rendición de cuentas, añada usted, reitero, fideicomisos que nada tienen que ver con la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) o el Fideicomiso, Sistema de Pensiones Complementarias para Mandos Superiores del Poder Judicial, conocido ahora como el fideicomiso para la reparación de las casas de jueces y magistrados. Inclusive se mezclaron, sin criterio ni argumento alguno, fideicomisos legalmente constituidos, con estructura orgánica perfectamente definida y reglas de operación muy claras, con otros en los que la opacidad era la norma. Pero justamente de eso se trataba: de escandalizar, no de argumentar; el objetivo fue insuflar la indignación, no concitar el debate.
Me resisto a pensar que no había otro camino más que el seguido, que los intereses creados en torno a los innegables y reprobables desvíos de recursos y abusos en muchos (pero no en todos) fideicomisos obligaban a cortar de tajo, antes que a analizar en detalle su normatividad, sus resultados, sus aportes, para actuar en consecuencia. Aceptar que the one best way era la desaparición a machetazos de los fondos para la investigación científica, significa claudicar a la posibilidad del diálogo, el análisis y la construcción de consensos para admitir que el autoritarismo es la única y la mejor vía para resolver problemas institucionales, económicos o del tipo que sean. Aceptar que no había de otra más que acabar de tajo, sin análisis alguno, con los focos de corrupción en la investigación científica (aunque la medida acabara con estructuras y procedimientos honrados, auditados y con resultados comprobables) significa consentir la arbitrariedad como principio de gobierno. Y eso es altamente peligroso para la democracia.
Si la premisa que motivó el escándalo en torno a los fideicomisos fuese acertada, en breve estaríamos presenciando el inicio de una suerte de primavera de la ciencia en México, toda vez que los recursos no se perderán en estructuras que solo han servido a la corrupción, sino que llegarán directamente a las comunidades académicas. Tampoco es que de la noche a la mañana nos convertiremos en Alemania, por supuesto, pero en función del escándalo generado es totalmente legítimo conjeturar que la ciencia en México está por vivir sus días más luminosos. Sin embargo, más allá de conjeturas y suposiciones construidas después del escándalo, es necesario observar los signos del rediseño institucional implicado por la eliminación de fondos y fideicomisos para el desarrollo científico del país. Porque se trata de eso: de un total rediseño institucional del quehacer científico. Después del escándalo, es imprescindible el análisis y la discusión colectiva para seguir los trazos de las nuevas condiciones institucionales para la creación, distribución y el destino del conocimiento científico en nuestro país.
Identifico al menos tres ámbitos o rubros del rediseño institucional en los que hay que poner especial atención: a) financiamiento; b) normatividad; c) rumbo u orientación de la ciencia en México.
- Además del presupuesto asignado a Conacyt en el proyecto de presupuesto para el año 2021 (cerca de 1000 mdp de incremento respecto a 2020, es decir, lo correspondiente al ajuste inflacionario), es necesario saber qué va a suceder con los recursos obtenidos por las instituciones a través de su participación en proyectos de investigación. Por ejemplo, en los Centros Públicos de Investigación y en las Universidades Públicas una parte de la investigación se realiza con fondos nacionales e internacionales provenientes de fundaciones, empresas, etc. Los fondos para la investigación eliminados permitían gestionar los recursos externos, ahora se abre la interrogante sobre qué va a pasar con esos recursos. Digamos que si una institución financiaba una investigación con 100 mil dólares de un fondo institucional, 100 mil dólares de una fundación internacional y 50 mil dólares de una universidad de otro país, uno supondría que en el rediseño institucional que se construirá después del escándalo los 250 mil dólares de la investigación serán aportados por el gobierno federal. ¿O no es así? Y si no es así, es necesario que se diga cómo será.
- La normatividad para la gestión de los fondos de la investigación científica en el rediseño institucional luego del escándalo no está definida, por increíble que esto suene. Hace un par de semanas, en un intercambio de tuits que tuve con la Senadora Citlalli Hernández (hoy Secretaria General de MORENA) a propósito de la gestión multianual de fondos para la investigación, le señalaba que “no está claro cómo se van a gestionar los recursos”. Su respuesta fue: “coincido en que faltan mayores respuestas a ello. Le toca a la Secretaría de Hacienda darlas” (ver mi TL en Twitter). Bien, dos preguntas para la Secretaría encabezada por el Dr. Arturo Herrera: ¿cuándo darán a conocer la normatividad para la gestión de recursos de la investigación científica en el país?, ¿quiénes están haciendo esa normatividad?, ¿participan integrantes de la comunidad científica?
- La orientación de la actividad científica en el país. Eliminar los fondos y fideicomisos, fuente de corrupción por antonomasia de acuerdo con el escándalo justificante, no es suficiente para que la investigación científica tenga el impulso que el país requiere, particularmente en el contexto de la pandemia. Más allá del discurso oficial y de las declaraciones grandilocuentes, hay signos muy preocupantes sobre la relevancia de la investigación científica para la actual administración.
Señalo solamente cinco signos muy preocupantes, sin que sean los únicos: i) En primer lugar, el hecho mismo de la eliminación de los fondos para la investigación científica en el que privó el escándalo por encima de la argumentación y el diálogo. Nunca se ha negado que, en efecto, en algunos fideicomisos y fondos hubo actos de corrupción, pero no en todos, por lo que la eliminación sin cortapisas y sin haber construido el nuevo andamiaje institucional expresa un manifiesto desdén hacia la actividad científica. ii) En segundo lugar, el señalamiento de que quienes defendieron los fideicomisos (todos, en abstracto) eran (o somos) corruptos. De ser así, una proporción muy importante de los 30 mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (columna vertebral de la investigación) sería corrupta y esa es una acusación totalmente insostenible que denota menosprecio por la comunidad científica. iii) En tercer lugar, concebir los recursos para la ciencia y el desarrollo tecnológico como “apoyos” concita a una relación de subordinación entre el gobierno y los sujetos “apoyados”. Los apoyos se agradecen, no así los derechos, que se exigen, y no olvidemos que la ciencia es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. iv) En cuarto lugar, retirar el estímulo a las y los investigadores del SNI adscritos a instituciones privadas (ITESM, Ibero, ITESO, entre otras) significa no comprender que el conocimiento es una actividad colaborativa que requiere el trabajo en grupos y redes nacionales e internacionales. Eliminar el estímulo del SNI es un golpe a toda la actividad científica del país, no solamente a las personas que lo reciben ni a las instituciones en las que trabajan. v) En términos generales, y reconociendo que hay excepciones, la comunidad científica ha sido dejada de lado en el rediseño institucional que guía y norma su actividad profesional. Si a esto le añadimos las acusaciones, no probadas y en abstracto, de corrupción y los oídos sordos de los legisladores ante los argumentos expuestos para defender los fondos para la investigación, es inevitable que se haya generado una enorme distancia entre gobierno y gobernados. Para decirlo rápido: hay mucha desconfianza, tolamente comprensible. Esa desconfianza no abona en nada al desarrollo científico del país.
Después del escándalo, se impone la reflexión. ¿Puede haber desarrollo sin ciencia y tecnología? ¿Estamos ante la alborada de la ciencia y el desarrollo tecnológico en México? ¿O estamos frente a un peligroso declive de la actividad científica en el país? Dejemos el escándalo de lado, demos oportunidad al análisis, el debate y la reflexión.
