Desplazamiento forzado interno, la crisis oculta de la violencia

Juan Alberto Cedillo

 

Especial para Rompeviento TV.- El vínculo entre violencia y desplazamiento forzado interno ya es innegable, representa la crisis oculta y más opresiva que sufren cientos de miles de ciudadanos. Incluso la inseguridad y la violencia provocaron que, recientemente, México ocupe el cuarto lugar en la lista de peticiones de asilo en los Estados Unidos, concluyeron especialistas entrevistadas, así como informes de diversas instituciones, y estadísticas sobre peticiones de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

 

Los documentos y las especialistas consultadas, como la doctora Séverin Durin, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), refieren que, en años recientes, la ácida violencia que vive toda la República ha desplazado a más de un millón 200 mil personas. No obstante, para la doctora Leticia Calderón, del Instituto Mora, no existen estadísticas confiables sobre desplazamiento forzado interno.

El más reciente caso de desplazamiento forzado en el país sucedió los primeros días de junio del presente año, provocado por una semana de enfrentamientos entre grupos armados en los municipios de Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Chicomuselo, la Trinitaria y Comitán, en la zona fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

 

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa informó que al menos 3,000 personas huyeron de la violencia y para evitar el reclutamiento forzado con grupos del crimen organizado.

Posteriormente, habitantes de la comunidad de Santa Martha, refugiados en Polhó, municipio de Chenalhó, donde se encontraban desplazados desde que tuvieron que abandonar sus viviendas, sufrieron un ataque por hombres armados que dejó como saldo siete muertos.

 

Cuatro cuerpos fueron recogidos por las autoridades y los otros tres cadáveres “fueron arrastrados por los propios sicarios que habían ejecutado el ataque”, según los testimonio de los propios afectados.

 

Guadalupe Pérez Gómez, habitante de Polhó, contó a la agencia española EFE el miedo, el terror que se vivió ante la balacera, cuyos disparos cruzaron los techos de lámina y cartón de las viviendas de este poblado.

“Por la tarde empezaba a moler mi maíz cuando escuché los disparos, los niños jugaban en la calle, cerré y corrí a refugiarme al monte con mi familia”, relató Pérez Gómez.

“Los niños y las niñas tienen miedo como cualquier persona, esa gente ya no viene con razones, viene con armas de calibre de alto poder”.

Anteriormente, a mediados del año 2021, unas veinte comunidades rurales del municipio de Jerez, del estado de Zacatecas, también se transformaron en pueblos fantasmas con casas abandonadas y tierras sin sembrar, tras el desplazamiento forzado de sus habitantes provocado por los constantes enfrentamientos entre sicarios del Cártel de Sinaloa (CDS) contra los hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Unos cinco mil habitantes huyeron de la violencia y se refugiaron en la capital, en otros municipios e incluso algunos solicitaron asilo en los Estados Unidos. Para fines de ese año, el Ejército Mexicano organizó caravanas para que los pobladores regresaran a sus comunidades, pero sólo el 60% retornaron ya que la violencia continúa en diversas zonas del estado de Zacatecas.

 

Otros de los estados que registran desplazamientos forzados por la violencia son Michoacán y Guerrero. En las comunidades michoacanas de Bonifacio Moreno, del municipio de Aguililla, La Cuchilla, del municipio de Buenavista y poblados de Tepalcatepec, se reporta un éxodo de al menos unas 1,500 personas que huyeron de la violencia a mediados del año 2021.

En el estado de Guerrero, en el año 2020, la violencia provocó que cerca de 4,000 personas fueran desplazadas de sus comunidades por la inseguridad, según el reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)[1].

El informe “Desplazamientos Forzados Internos en México: del reconocimiento a los desafíos”[2], elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, refiere estadísticas internacionales del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) sobre el desplazamiento forzado en México.

 

El IDMC proporciona estimaciones verificadas de diversas fuentes acerca de cualquier tipo de conflicto, violencia, desastres naturales y proyectos de desarrollo en todo el mundo. Su reporte global 2020 identificó 9,700 nuevos desplazamientos por conflictos en ese año para nuestro país, mientras el acumulado lo ubicó en 357 mil ciudadanos desplazados.

 

La doctora Séverin Durin, autora del libro “¡Sálvese quien pueda! Violencia generalizada y desplazamiento forzado en el noreste de México”[3], señaló que para el siguiente año 2021, la estadística aumentó a 386 mil personas desplazadas.

 

El informe elaborado por Gobernación subraya que en el Censo de Población y Vivienda 2020, se agregó una pregunta sobre la causa de la migración interna e internacional, dos de las opciones de respuesta fueron: inseguridad delictiva o violencia y desastres naturales.[4]

 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) identificó que en el año 2019 alrededor de 371 mil personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia.  Para el año 2022, la cifra de familias que mudaron de vivienda debido a la violencia totalizó más de 831 mil, según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo).

 

Casi todos los que cambiaron de vivienda experimentaron directamente la violencia extrema antes de huir; hay víctimas directas e indirectas y lo más interesante es que 33% que no padeció un delito, salió de su localidad por el contexto de violencia generalizada, al sentir temor de que algo les sucediera o también para evitar el reclutamiento de sus hijos, según el reporte “Desplazamientos Forzados Internos en México”.

 

El desplazamiento forzado en el país también está asociado a homicidios, amenazas, despojo, lesiones, robo, asalto, extorsión, secuestro, siembra de amapola, reclutamiento e intimidación, ante lo cual se presentan dos opciones para la población: colaborar en los actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia.

 

La violencia e inseguridad que se registra en ya más de una década le cuesta a México 1.92% de su PIB, señala un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el crimen y la violencia en la región de Latinoamérica se encuentran en niveles epidémicos, pues acumula el 33% de los homicidios cometidos en el mundo.

 

El estudio “Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México: Una perspectiva desde 12 ciudades”[5], recientemente publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU, identificó que en albergues de doce ciudades, en seis estados de la frontera norte, se refugian un buen número de desplazados por la inseguridad.

 

Para la elaboración del informe se encuestó a 1,780 personas, la mayoría mujeres. “Los hallazgos señalan que el 89% de las personas encuestadas son personas desplazadas internas” y “el nueve por ciento personas migrantes y el dos por ciento personas retornadas”.

 

“Para la población desplazada interna, que fue la mayoría, se identificaron dos causales principales: agresiones en contra de la persona, la familia o amigos, y la presencia de la delincuencia organizada. Los principales estados de origen fueron Michoacán, Guerrero y Chiapas”.  El estudio identificó que el 23% de las personas entrevistadas manifestaron tener un familiar desaparecido, y la mitad de estas dijo haber reportado la desaparición ante alguna autoridad de gobierno. “Quienes no lo hicieron, señalaron tener miedo de reportarla”, precisa el estudio de la OIM.

 

La mayoría de los afectados por el desplazamiento forzado que se refugian en ciudades de los estados fronterizos pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos.

 

En este sentido, las solicitudes de asilo que recibió el gobierno de Estados Unidos son alrededor de 9.1 millones en el año fiscal 2021, la mayor cantidad desde 2017. “Esto representa un aumento de alrededor del 18 por ciento con respecto a los 7.7 millones de solicitudes y peticiones recibidas el año pasado”, precisa el reporte anual de estadísticas 2021 del US Citizenship and Immigration Service (USCIS)[6].

 

Hasta noviembre de 2022, cerca de 787,196 migrantes solicitaron asilo en los Estados Unidos desde la frontera con México.

 

Actualmente “más de 1.3 millones de solicitudes de asilo esperan procesamiento a partir de mayo de 2023, y muchos entre el número récord de llegadas a la frontera entre EE. UU. y México tienen la intención de solicitar asilo”, destaca el informe “Refugees and Asylees in the United States”, elaborado por el Migration Policy Institute (MPI)[7].

 

Durante el año Fiscal 2021, las autoridades migratorias de los Estados Unidos   resolvieron positivamente 670 solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos mexicanos que huyeron por la violencia, el 3.8% del total de los asilos otorgados en ese año, según las estadísticas del reporte de Migration Policy Institute.

 

 

Avances ante el desplazamiento forzado interno

 

En el mes de noviembre del 2010 se registró el primer desplazamiento forzado en México provocado por la violencia.  La narcoguerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas provocó el éxodo del 70% de la población de Ciudad Mier, estado de Tamaulipas: sus pobladores abandonaron casas, negocios, trabajos y escuelas para refugiarse en el vecino municipio de Miguel Alemán y en los Estados Unidos.

Para mediados del año 2017, en el municipio de Concordia, Sinaloa, unas 550 familias, alrededor de 2,000 personas, huyeron de los constantes enfrentamientos que se registraban en la zona. Para proporcionarles albergue, el municipio de Mazatlán consiguió un terreno y edificó viviendas provisionales, las que posteriormente se transformaron en permanentes.

 

También se han registrado desplazamientos forzados por la violencia en comunidades de Choix, en la sierra de Sinaloa, y sus pobladores se refugiaron en Los Mochis. No obstante, el desplazamiento individual es el más amplio y a su vez el más desconocido ya que se registra en la intimidad de las familias afectadas.

 

“Sin duda que el desplazamiento forzado individual es el más grande y grave entre los que está provocando la violencia en México. El Consejo Nacional de Población registra más de 831 mil cambios de residencia por ese motivo”, enfatizó la doctora Séverin Durin.

 

Para la doctora Leticia Calderón, del Instituto Mora, no existen cifras confiables sobre desplazamiento forzado interno, debido a que los colegas académicos que han hecho alguna contabilidad recogen principalmente datos de la prensa.

 

“El avance más importante en esta administración frente al desplazamiento forzado interno es reconocer el problema, y promover una ley para enfrentarlo por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que dirige Alejandro Encinas”, destacó la doctora Leticia Calderón.

 

 

La académica del Instituto Mora enfatizó que el desplazamiento forzado no ha sido atendido formalmente debido a que existe una pugna política partidista. Recordó que el 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero que actualmente se encuentra detenida en el Senado de la República.

 

“Tres senadores la tienen frenada, entre ellos la senadora de Morena Nestora Salgado así como el independiente Álvarez Icaza quienes argumentan que había que revisar la ley, pero hay mucho protagonismo y partidismo. Además de que falta el presupuesto para atender los casos de desplazamiento interno. En el Senado señalan que no la van a aprobar si no hay presupuesto”, señaló Leticia Calderón.

 

Para la doctora del Instituto Mora es prioritario que se apruebe la ley y posteriormente gestionar el presupuesto presionando políticamente.

 

Existen desplazados por la violencia que se convirtieron en exiliados y perdieron su condición de desplazado interno. “Hay situaciones muy fuertes como en Chiapas donde está la situación más visible, así como Zacatecas y Michoacán. Ahí existen familias binacionales que acaban ocultando la dimensión del tema. Porque antes sólo cruzaban la frontera y se iban con los primos”, concluyó la doctora Calderón.

 

 

 

 

 

 

[1] https://cmdpdh.org/2023/01/24/presentacion-informe-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-2021/

 

[2] http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/DGPPDH/pdf/DESPLAZAMIENTO_FORZADO_INTERNO_EN_MEXICO.pdf

 

[3] Sálvese quien pueda! Violencia generalizada y desplazamiento forzado en el noreste de México, CIESAS, México, 2019.

 

[4] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/censo2020_cuest_ampliado.pdf

 

[5] https://publications.iom.int/books/desplazamiento-interno-migracion-y-retorno-en-la-frontera-norte-de-mexico-una-perspectiva

 

[6]https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/2021%20USCIS%20Statistical%20Annual%20Report.pdf

 

[7] https://reliefweb.int/report/united-states-america/refugees-and-asylees-united-states-1