Alejandro Saldaña Rosas
El incendio en la “estación migratoria” (eufemismo de centro de detención) de Ciudad Juárez en el que fueron asesinadas 39 personas migrantes y 28 más lesionadas, amenaza con extenderse hacia el gobierno federal en las personas de
Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua (INM), Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación y de donde depende el INM, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores y Andrés Manuel López Obrador, los dos últimos responsables de la política migratoria en el país. Ante la amenaza de que el fuego se extienda hacia mandos superiores de la administración pública, su contención ha iniciado a través de un cortafuego.
Un cortafuego consiste en quemar una franja de terreno para evitar que un incendio se propague más, esto es, se trata de iniciar una quema que termine con el incendio mediante la extinción de material combustible. Eso exactamente está ocurriendo en el caso de las 39 personas asesinadas en el incendio del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez: el despliegue de un cortafuego institucional. La primera línea del cortafuego fue la presentación ante la prensa de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. No fue el delegado del INM en Chihuahua, ni el Comisario, tampoco dio la cara el titular de Gobernación, ni mucho menos los responsables de la política migratoria en México. El cortafuego lo inició Rosa Icela Rodríguez, quien directamente no tiene responsabilidad alguna en los centros migratorios.
En la rueda de prensa Rosa Icela Rodríguez expresó que “nosotros no vamos a cometer injusticias. Toda la investigación llegará hasta donde tope, lo dije, sin otro propósito que hacer justicia”. Hay quienes leyeron estas palabras como una señal de que vendrán cosas importantes e inimaginables, ojalá así sea, pero francamente lo dudo mucho. El mismo hecho de que haya sido Rosa Icela Rodríguez quien dio la cara por el gobierno federal, es un signo de que el cortafuego está en curso.
El cortafuego inició con la “quema” (si me permite la expresión) de 8 personas responsables del incendio: dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de la empresa de seguridad privada encargada de la vigilancia del centro de detención. Estas ocho personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero todo indica que son directa e inmediatamente responsables de la muerte de 39 personas y de las lesiones de otras 28: son quienes encendieron el cerillo, cerraron las puertas e impidieron su apertura. Sin embargo, ninguna de estas ocho personas es responsable de la política migratoria de México, que se ha convertido en un muro de contención de migrantes hacia los Estados Unidos, ni tienen capacidad y jerarquía de decisión para encarcelar a las personas en situación de migración, ni tampoco tienen influencia alguna en las condiciones de hacinamiento y privación de agua y alimentos que acusan las estaciones migratorias, lo que, por cierto provocó que iniciaran las protestas que culminaron con el incendio. Ocho personas presuntamente responsables del incendio, las lesiones y las muertes, pero que son ellas mismas víctimas de políticas institucionales completamente ajenas a su ámbito de competencia y decisión.
Conforme las investigaciones del caso han avanzado, nos enteramos que se ha dictado prisión preventiva contra cinco personas: tres funcionarios de migración, un guardia de la empresa de seguridad privada y un migrante venezolano. Bien, si son cinco, ocho o más personas de niveles operativos las que respondan ante las autoridades correspondientes por la muerte y las lesiones de los migrantes, se estará impartiendo justicia, sí, y también se estará creando un cortafuego para impedir que la justicia alcance a las autoridades responsables del centro migratorio donde fueron asesinadas las 28 personas, al comisario del INM y a los funcionarios responsables de la política migratoria del país.
Estas ocho o cinco personas o más pueden ser declaradas culpables, pero ninguna de ellas es responsable de que cientos de miles de personas hayan llegado al país en calidad de migrantes a los que sistemáticamente les han violentado en sus derechos fundamentales, tampoco tienen responsabilidad alguna en que policías municipales y estatales se hayan dado a la caza de migrantes en las calles de Ciudad Juárez, tampoco se les puede achacar las condiciones de virtual encarcelamiento en que se encontraban las 39 personas asesinadas y 28 lesionadas. En el crimen del 27 de marzo en Ciudad Juárez hay toda una cadena de responsabilidades institucionales que culmina en el último eslabón, el más débil y sobre el que se está ejecutando el cortafuego: los empleados de migración, un guardia privado y un migrante.
Los acontecimientos en Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo forman parte de una larga serie de violaciones a los derechos humanos contra las personas migrantes cometidas en México por autoridades mexicanas. No es un hecho aislado ni mucho menos un accidente. Es el resultado de una política migratoria que ha permitido que la frontera sur de los Estados Unidos se haya corrido tres mil kilómetros: del río Bravo al Suchiate. Y que la Border Patrol haya sido sustituida por los agentes de migración y la Guardia Nacional. Es el resultado de la sumisión del gobierno mexicano ante el norteamericano para recibir 30 mil migrantes mensuales expulsados de EU provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Es el resultado de una política migratoria represora, violenta, racista y corrupta de los agentes de migración mexicanos y de la Guardia Nacional, que hacen y deshacen con la complacencia, o la complicidad, de los mandos superiores. Es el resultado del fracaso del gobierno mexicano para acabar, o al menos acotar, el tráfico de personas que realiza el crimen organizado por todo el país. Es el resultado de la necropolítica que a través del asesinato de miles de personas en todo el mundo busca frenar lo irrefrenable: la migración.
Necropolítica que en México ha significado que miles de migrantes hayan sido asesinados por la delincuencia organizada, asfixiados en tráilers y camiones, muertos en accidentes carreteros en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla o Oaxaca, masacrados en Cadereyta, Güemez, Camargo o San Fernando, muertos en desacarrilamientos de trenes en Tabasco, muertos en estaciones migratorias en Ciudad de México o en Juárez, golpeados y asesinados por la Guardia Nacional, mujeres violadas y víctimas de feminicido en Chiapas, ahogados en el río Bravo. Esos miles de migrantes son las víctimas de la necropolítica migratoria de México y de los Estados Unidos. Insisto en el punto: el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez no es un hecho aislado, es el resultado de la necropolítica migratoria de México; política en la que las personas detenidas por el incendio y la cerradura de las puertas, no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Los detenidos y eventualmente consignados son, simplemente, el cortafuego.
En otro flanco el cortafuego está al cargo de funcionarios, periodistas, tuiteros, representantes populares y gente afín a la 4T que han comenzado a desplegar sus capacidades de incidencia en la opinión pública a efecto de focalizar “la tragedia” (que no el crimen) en las personas señaladas por la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, en el gobierno del estado de Chihuahua (cuya corresponsabilidad deberá establecerse con precisión) y acaso apuntando a abstractas condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y al papel de los Estados Unidos en esta trama. Sin desconocer que, en efecto, tanto el gobierno de Biden, como antes el de Trump, son responsables de sus políticas migratorias y corresponsables de las mexicanas, no podemos eludir que Salvador González Guerrero, Francisco Garduño Yáñez y Adán Augusto López Hernández son directos responsables del asesinato de las 39 personas. Y Marcelo Ebrard y López Obrador lo son en tanto sobre ellos recae la definición de la política y las estrategias migratorias en el país. Las personas asesinadas en Juárez estaban al amparo del Estado mexicano, y el Estado no cumplió con su deber.
El cortafuego se refuerza con la intervención de la Fiscalía General de la República, encargada de las investigaciones. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos han iniciado las investigaciones respectivas que habrán de determinar las responsabilidades en la muerte de 39 personas y 28 lesionadas. Es muy posible que la Fiscalía, contrario a su tendencia habitual, arribe en el corto plazo a las conclusiones necesarias para fincar responsabilidades penales a los cinco, ocho o más personas. De ser así, el cortafuego habrá funcionado a la perfección encarcelando a unos cuantos empleados de migración, a algún elemento de seguridad privada, a uno o más migrantes y quizás a algún otro funcionario de menor rango. Habrá justicia, sí, pero de alcance muy corto: castigando a quienes encendieron el mechero y cerraron las puertas, y dejando libres a los responsables de la política migratoria y la administración de las estaciones migratorias. Habrá justicia, sí, al mismo tiempo que la tan repudiada impunidad seguirá campante.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que la investigación llegaría “hasta donde tope”. No llegará muy lejos. El cortafuego es eficiente: contiene los incendios.
