En días pasados Ayotzinapa y Narvarte han vuelto a ocupar la atención en medios y redes. En el primer caso, por los videos presentados en los que se observa a integrantes de la Marina manipulando bultos en el basurero de Cocula, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. La contundencia de las evidencias permite conjeturar que, sin esa manipulación, la llamada “verdad histórica” de Murillo Karam y Peña Nieto habría sido imposible de construirse como se hizo: artificialmente. En el segundo caso, en los asesinatos de la colonia Narvarte, Artículo 19 presentó nuevas evidencias en video que muestran la posible participación de más personas en el crimen y fortalecen la convicción de que las “investigaciones” realizadas no solamente han revictimizado a Alejandra, Mile, Yesenia, Nadia y Rubén, sino que se han desarrollado con total falta de profesionalismo, ética y responsabilidad, sin que se haya esclarecido el móvil del crimen ni, por supuesto, castigado a los culpables.
El elemento común de ambas “indagatorias”, la de Ayotzinapa y la de Narvarte, es que autoridades de diversos ámbitos y niveles tenían en su poder, y seguramente tienen, información clave que maliciosa y sistemáticamente han ocultado para evitar que la verdad sea conocida. En ambas “investigaciones” la justicia ha sido la menor de las preocupaciones de procuradurías y fiscalías, cuyas actividades han sido orientadas fundamentalmente a la protección de funcionarios (¿cuáles?), el ocultamiento y destrucción de pruebas y la fabricación artificial de verdades a modo. Lo que hemos visto en días pasados es que la impunidad permanece, la impunidad continúa, a la espera de que el tiempo y el olvido ocupen el lugar de la justicia. La impunidad continuada es la prueba más contundente de que en Ayotzinapa y Narvarte no hubo justicia pronta y expedita, por lo que el reclamo de justicia y verdad permanece y es irrenunciable.
En septiembre de 2014 gritamos #FueElEstado, en julio de 2015 volvimos a gritar #FueElEstado. Y seguimos gritando que fue el Estado porque el Estado sigue siendo el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como de las 5 personas asesinadas en la Narvarte. Subrayo que el Estado sigue siendo porque hasta que no se esclarezcan totalmente los hechos de Iguala y de la ciudad de México, no habrá justicia. La impunidad es continuada y corresponde a la 4T cerrar por completo ambos expedientes con lo único que pueden darse por concluidos: verdad y justicia. Sin verdad y justicia, Ayotzinapa y Narvarte seguirán siendo heridas abiertas para familiares, amistades, para el país entero.
No puede haber transformación sin justicia, por lo que si la 4T -como lo pretende- realmente apuesta alto en la escala de la trascendencia histórica, está en la obligación de agotar las investigaciones de Ayotzinapa y de Narvarte, abrir todos los expedientes que den paso a conocer la verdad y, sobre todo, a castigar tanto a culpables directos como a responsables institucionales y políticos. La 4T tiene en sus manos la posibilidad de trascender o bien, de convertirse en una administración más, con altas pretensiones sí, pero con escasos resultados en una de las exigencias más sentidas en el país: la demanda de justicia.
Los videos en los que se ve a miembros de la Marina en el basurero de Cocula manipulando objetos son elementos de enorme peso para echar por tierra la llamada verdad histórica del cansado Murillo Karam y su jefe, Enrique Peña Nieto. En el III informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dado a conocer hace pocos días, se puede leer: “Para la privación de libertad de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez y Darío Morales Sánchez se realizó la operación Apetlanca, un operativo de enormes dimensiones en el que participaron la Policía Federal, la SEMAR y la SEDENA al más alto nivel, lo que evidencia su participación en la construcción de la “verdad histórica” y su posible responsabilidad en estos hechos, la cual debe ser investigada”. Asimismo, el informe es muy claro en cuanto a evidenciar la participación de los militares en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando menos en su omisión al permanecer inactivos mientras se asesinaba y secuestraban a decenas de personas; aún más, el Ejército no puede eludir su implicación en los sucesos puesto que el informe muestra que entre los jóvenes normalistas había militares infiltrados.
Por la información que ha trascendido, la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fundamental para que ese material videográfico se haya dado a conocer. Bravo, muy bien por el presidente, es lo menos que se espera de él: que cumpla con su obligación. Además de con la justicia, AMLO tiene un compromiso político que no puede eludir: con su electorado.
Como ha sido documentado con suficiencia, la podredumbre del sexenio de Enrique Peña Nieto se precipitó por los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014 en Iguala. Pero atención, esa pudrición no derivó del pésimo manejo político y mediático de los hechos (que lo fue) sino de que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de diversos ámbitos y niveles y que contó con la ahora evidente injerencia de los militares, que infiltraron a los estudiantes normalistas, y de los marinos, que cuando menos fueron utilizados en el montaje de la verdad histórica. De allí que en las investigaciones sea ineludible que altos mandos y tropa de las fuerzas armadas deban ser llamados a declarar; no hacerlo, cubrir las espaldas del general Salvador Cienfuegos, del Almirante Vidal Soberón e incluso del actual secretario de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda, sería rehuir la responsabilidad de la 4T con la verdad y la justicia.
La voluntad política del presidente ha sido clave para desclasificar documentos, pero la responsabilidad de las investigaciones recae fundamentalmente en la fiscalía general de la República, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, está más preocupado litigando asuntos personales que cumpliendo con su obligación institucional. En estas circunstancias y habida cuenta el pésimo trabajo de Gertz Manero al frente de la autónoma fiscalía, no parece que existan las mejores condiciones para que el expediente de Ayotzinapa quede cerrado.
De igual forma, la fiscalía general de la Ciudad de México, al cargo de Ernestina Godoy, es responsable de esclarecer por completo y para siempre los asesinatos de la colonia Narvarte de 2015. Por las evidencias conocidas hace unos días, es evidente que el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza encabezó una “investigación” plagada de irregularidades al permitir que se contaminara la escena del crimen, filtrar información a la prensa, no indagar cabalmente todas las líneas de investigación, en particular, la que apunta a Veracruz y las actividades políticas y profesionales de Nadia Vera y Rubén Espinoza. El crimen de la Narvarte sigue impune y, hasta el momento, no se aprecia voluntad alguna en llegar a la verdad de los hechos.
El desaseo y la falta de profesionalismo en la actuación de la entonces procuraduría de la Ciudad de México llevó a que importantes evidencias desaparecieran para siempre, como el registro de las llamadas telefónicas de los celulares utilizados por los ejecutores del multihomicidio. Sin embargo, seríamos sumamente ingenuos si consideramos como simples “errores” esos y muchos otros yerros, porque en realidad se trató de una actuación sistemática de ocultamiento de evidencias para encubrir tanto el móvil de los asesinatos como a los autores intelectuales.
Para decirlo muy claro: la línea que apunta a Veracruz no ha sido investigada y es ineludible hacerlo. Los asesinatos del día 31 de julio deben investigarse relacionados con la golpiza de estudiantes de la Universidad Veracruzana del día 5 de junio, puesto que ese evento fue el que provocó que Rubén Espinosa saliera de Xalapa hacia la ciudad de México. Rubén salió el 10 de junio, luego de la manifestación para exigir justicia por los acontecimientos del día 5. El propio Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, ha mencionado en múltiples ocasiones que las veces que fue citado a declarar sobre el material videográfico en el que Nadia y Rubén culpan directamente al gobernador Javier Duarte y a las autoridades policiacas veracruzanas de aquel momento, no le inquirieron sobre aspectos sustanciales de sus entrevistas con Nadia y Rubén.
Aunque son eventos separados y sin relación alguna, no podemos soslayar que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, y el homicidio de 5 personas en la colonia Narvarte responden a una misma matriz de impunidad en la que organismos del Estado actuaron en contubernio no sólo para matar personas, sino también para evitar que la verdad saliera a flote. Insisto: son eventos separados que no pueden vincularse salvo en el hilo común que los hermana: la impunidad.
Está en manos de la 4T romper el hilo de la impunidad. Si la voluntad de transformación es real y va mucho allá de las entregas de apoyos económicos, las autoridades identificadas con la 4T deben cerrar de una vez y para siempre ambos expedientes, el de Ayotzinapa y el de la Narvarte. O la 4T cierra ambos expedientes con lo único que puede hacerlo, la verdad y la justicia, o la impunidad continuada será un lastre imposible de olvidar.
