“Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales…” (Wikipedia)
De la verdad histórica a la posverdad histórica, así se podría resumir la transición del expediente de Ayotzinapa desde 2014 hasta 2022, al menos hasta el punto en el que las investigaciones se encuentran actualmente, procesos judiciales y filtraciones incluidas. Los avances que había hecho la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa súbitamente tuvieron un freno, e inclusive una regresión, al momento de implicar a un actor clave: el ejército mexicano. El desistimiento o cancelación de las órdenes de aprensión en contra de 16 militares por parte de la Fiscalía General de la República no puede enviar una señal más clara. Asimismo, la regresión en las investigaciones se expresa en la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, lo que puede representar un retroceso de cinco años en las investigaciones, como lo señaló el abogado de las familias de los normalistas, Vidulfo Rosales.
Entre verdades sostenidas con declaraciones bajo tortura y posverdades construidas a fuerza de emociones manipuladas, hay dos constantes: 1) los medios de comunicación a modo y las redes sociales haciendo eco de sus consignas y, 2) por supuesto, la todavía lejana verdad y por consiguiente, la justicia. Es decir, pareciera que los pasos firmes para alcanzar la justicia se han detenido por la actuación de la FGR, por las filtraciones y los hackeos de información y por los medios de comunicación corporativos que han sido el vehículo para construir la posverdad. El hilo conductor entre la llamada verdad histórica y la posverdad en curso es el ejército y los esfuerzos para evitar que medios y altos mandos asuman su responsabilidad por los delitos cometidos el 26 de septiembre de 2014 y días posteriores.
Si afirmo que estamos ante la construcción de la posverdad en el caso de Ayotzinapa es precisamente porque los acontecimientos de las últimas semanas apuntan en esa dirección: crear un escenario favorable al ejército desconociendo su posible papel en la desaparición, tortura, asesinato y ocultamiento de cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa; en esta perspectiva se inscribe la entrevista del General José Rodríguez Pérez, que en su momento estaba al mando del 27 Batallón de Infantería, a un periodista de oscura trayectoria y muchos vínculos con las cloacas policiacas y militares, Jorge Fernández Menéndez. En esa entrevista hecha desde las entrañas del Campo Militar Número 1, el general Rodríguez Pérez apuntó bayonetas en contra del subsecretario Alejandro Encinas al acusarlo de “politizar, "manipular" y de “inventar evidencia para fabricar culpables”. Si leemos en clave política las declaraciones del general Rodríguez Pérez, es evidente que hay enormes diferencias entre civiles y militares en el gobierno federal. Incluso, más que diferencias, es posible que se trate de una confrontación altamente peligrosa para el país.
Una entrevista en la prisión militar no puede realizarse sin la anuencia de los más altos mandos militares, encabezados por el secretario de la SEDENA, general Luis Crescencio Sandoval González, lo que refuerza la hipótesis de que estamos ante una andanada mediática orientada a limpiarle la cara al ejército y limitar su participación a unos cuantos integrantes que actuaron por cuenta propia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que fueron solamente 5 militares y no 20 los implicados en los acontecimientos del 26 de septiembre. Llama la atención que, si su actuación fue por cuenta propia, es decir, en lo individual, sea la propia institución militar la que los defiende. Si se mandaron solos, ¿por qué los defiende el ejército? De igual forma, es altamente significativo que la acusación en contra de los militares detenidos, al menos en el caso del de mayor rango, el general José Rodríguez Pérez, es por delincuencia organizada, no por desaparición forzada, ni por supuesto, por asesinato.
Si tanto se pregona, y se presume, la disciplina y el patriotismo de las fuerzas armadas mexicanas, cabe la pregunta que cuestiona si los militares acusados por el caso Ayotzinapa actuaron por cuenta propia o bien, obedeciendo órdenes. Es difícil aceptar que actuaron por iniciativa personal, sin que los mandos superiores estuvieran ajenos a los vínculos del 27 Batallón de Iguala con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, sobre todo a la luz de los cientos de impedimentos que el propio ejército ha colocado para obstaculizar el acceso a la verdad; no es un asunto menor, estamos hablando de coroneles, de generales, de mandos medios y tropa posiblemente inmiscuidos en tráfico de drogas, asesinatos, desapariciones, asociación delictuosa y vaya usted a saber qué otros delitos.
En Iguala, en Chilpancingo, en otras ciudades del estado de Guerrero, es bien sabido que el ejército mexicano desde hace muchos años ha establecido pactos y acuerdos con diferentes grupos delincuenciales. En este tenor y quizás por estos lazos, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró: “Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver…”.
La hipótesis de la construcción de la posverdad histórica para Ayotzinapa se fortalece por el hackeo a la SEDENA que ha permitido el acceso a millones de documentos militares, y de otra índole, tanto de México como de otros países. De acuerdo con Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales y seguridad digital, dentro de la enorme cantidad de información extraída a la SEDENA hay material sumamente delicado que podría detonar una crisis de gobernabilidad en el país. A reserva de que las investigaciones sobre el hackeo a los militares rindan resultados y aclaren las circunstancias en las que ocurrió, y en la espera de conocer al menos parte de la información extraída a los militares, es inevitable conjeturar que estamos ante posibles “fallos” en la seguridad digital de la SEDENA cometidos con toda la intención de colocar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en una situación de inestabilidad o, cuando menos, de vulnerabilidad.
No es una casualidad que el hackeo haya ocurrido precisamente en el momento en que el ejército mexicano está bajo el escrutinio público y que inclusive al menos cinco militares hayan sido detenidos por las investigaciones sobre Ayotzinapa. Como tampoco es casualidad que la muy ineficiente Fiscalía de Alejandro Gertz Manero haya cometido una serie de “errores” jurídicos que podrían conducir a que el exprocurador Jesús Murillo Karam quedara libre de los cargos que se le imputan por su participación en la construcción de la “verdad histórica”. Estamos ante una coreografía bien orquestada entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, los medios de comunicación corporativos y chayoteros y la generación en las redes sociales de un clima de animadversión hacia el gobierno federal.
Al parecer y de acuerdo con las evidencias, en la construcción de la posverdad para ocultar la responsabilidad del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, están dispuestos a todo. A poner en riego la propia estabilidad del país, inclusive.
