Federico Anaya Gallardo
El pasado 25 de septiembre de 2022, el doctor Bernardo H. Bolaños Guerra, de la UAM-Cuajimalpa, abrió un Space en la plataforma Twitter (@BernardoBolano), en la que nos preguntaba ¿Y qué creer sobre Ayotzinapa? Participé y creo que se dio una pequeña y razonable conversación. (17 tuiteros.) El tema, por supuesto, estaba anclado en los escándalos del momento. El día anterior, Peniley Ramírez (@penileyramirez) había causado gran revuelo con una columna en Reforma basada en la filtración de una versión no testada del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzi) que, estoy cierto, habrá de seguir siendo materia de conversación en el espacio público. Pero mucho más grave fue el alboroto causado por la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se cancelasen 21 órdenes de aprehensión que ya se habían concedido.
Con todo, fue difícil centrarnos en el tema. El debate acerca de la supuesta militarización apareció muy pronto. “TeresaFo( No soy Bot)” (@FoqueTere) inmediatamente ligó ambos temas (Ayotzi y la militarización) con el fracaso de la Administración López Obrador en todos los frentes y en su deriva autoritaria. En este punto me impresionó lo que nos compartió “maguii” (@maguiigarciar13): ella tuvo experiencias personales en Michoacán y en otro Estado adonde las fuerzas armadas han realizado tareas de seguridad por décadas. Muy joven recordaba que en Michoacán los soldados se llevaban personas y que a veces esas personas regresaban golpeadas. Pero luego vivió situaciones en las cuales la única seguridad cierta era proveída por los soldados. Así que “maguii” se decantaba por apoyar lo que López Obrador está haciendo y en el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Por más que sea anecdótica, la pequeña charla tuitera que refiero es representativa. La mezcla entre la tragedia de Ayotzinapa (el tema planteado por Bernardo) y la militarización parece ser inevitable. ¿Por qué? Porque el papel del Ejército Mexicano en la hecatombe fue esencial. Si bien es difícil justipreciar lo que efectivamente ocurrió en aquélla noche oscura de Iguala, al menos una cosa parece ser cierta. Gracias a la presencia de sistemas de monitoreo y registro electrónicos (el “C4”), el mando militar en aquélla ciudad debió estar enterado de lo que ocurría. Así que las explicaciones del actuar militar se dieron dentro de dos extremos: (a) los militares no hicieron nada pese a estar informados (omisión negligente y criminal) ó (b) los militares sabían lo que ocurría, permitieron que continuase ó incluso colaboraron (comisión criminal).
La verdad es que, en buena lógica, en ese punto no hay mucho a dónde hacerse. Raymundo Riva Palacio –vocero de importantes sectores dentro de SEDENA– ha asegurado que aquélla noche el 27 Batallón de Infantería tenía sus fuerzas menguadas porque había despachado un tercio de sus efectivos a un operativo en Taxco y otro tercio estaba franco (de asueto). Por tanto, para atender la incidencia sólo “salieron a las calles de Iguala militares de oficina y mantenimiento para reportar lo que sucedía”. (Liga 1.)
Atención: esta versión acaba de repitir de viva voz el único general detenido en una entrevista a modo. (Liga 3.) La excusa es ridícula porque la movilización de los muchachos de Ayotzinapa era parte de un ciclo anual de manifestaciones que los mandos militares conocían (tanto en el 27 Batallón de Infantería como en la Zona Militar de Chilpancingo). Aparte, se sabe que la Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada. Si el comandante del 27 Batallón dejó irse franco a un tercio de su tropa en esas condiciones, como mínimo podemos decir que fue incompetente y como máximo que debilitó su estado de fuerza a propósito. Ese mando era el coronel José Rodríguez Pérez (hoy general brigadier en retiro) quien recién fue detenido y procesado por los hechos.
Demos un paso más. ¿Por qué se mezcla tan fácil el tema de los militares y Ayotzinapa? No sólo porque el Ejército debería haber hecho algo positivo la noche del 26 de Septiembre de 2014; sino porque se trata de dos actores políticos y sociales que se han enfrentado en el Estado de Guerrero por –al menos– medio siglo. Repito lo que argumenté en RompevientoTV el pasado 5 de Septiembre: “¿Por qué los militares tenían infiltrados a los muchachos pobres de una marginal Normal Rural? Porque los consideraban, a ellos y a sus familias y a sus comunidades, ‘enemigos’. Porque muchos militares siguen viviendo la Guerra Sucia que a sangre y fuego ganaron las fuerzas armadas en los 1970s. ¿Por qué los militares que se desplegaron en Iguala la noche oscura del 26 de Septiembre de 2014 denegaron ayuda incluso a los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo cuando estos fueron atacados? Porque en aquélla oscuridad, el Estado mexicano decidió que cualquiera que pareciese joven y estudiante era su enemigo jurado, un subversivo que debía ser exterminado.”
Detalle interesante, querida lectora: la tragedia no ocurrió en Ayotzinapa sino en Iguala. 125 kilómetros al norte. Pero el asunto no se llama ni se conoce como “Caso Iguala” sino como “Caso Ayotzinapa”.
La razón de lo anterior también podemos saberla: La Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, decidió hace mucho tiempo convertirse en la vanguardia de la lucha revolucionaria en contra del mal gobierno. Ellos también consideran enemigo jurado al Ejército Mexicano. De allí la violencia con que se manifestaron frente al Campo Militar № 1 el 23 de Septiembre de 2022. Un reporte histérico de estos últimos hechos, que nos muestra cómo sigue bien vivo y a flor de piel el enfrentamiento entre los “muchachos comunistas de la normal rural” y el “ejército represor del mal gobierno”, nos lo regaló ése mismo día Joaquín López Dóriga. (Liga 2.)
En Momentum del 26 de Septiembre de 2022 abordamos este último punto. La cobertura de López Dóriga para Grupo Fórmula fue sólo una acción dentro de una andanada de noticias que aparecieron el mismo fin de semana en diversos medios. Reforma publicó el “exposé” de Peniley pero también varios artículos de Abel Barajas en los que se reportaba que la FGR se acababa de desistir de “otras cinco órdenes de aprehensión” con lo cual “del total de 83 órdenes … que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto [de 2022], la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 batallones de infantería” (Domingo 25 de Septiembre de 2022, p. 9). El juez es Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México (Toluca).
Mismo día, en Reforma, pero en nota separada con un encabezado mayor (“Omiten acusación contra General”), Abel Barajas reportó que “Grupo Reforma pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía ante el juez … no hay ningún testigo o declarante que implique al General en el homicidio de esos estudiantes”, El reportero Barajas enfatiza: “en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR”.
Reforma señala que su reporte se alimentó del expediente presentado por la fiscalía ante el juez. Aparte, su reportero Barajas escribió que “según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas [conversaciones en celulares] el día que el Subsecretario Encinas hizo públicas las acusaciones contra el General”. Lo anterior es una verdad de Perogrullo (es decir, una cosa obvia que se repite como novedad). La CoVAJ-Ayotzi hizo su trabajo y entregó a la FGR sus resultados, y este ente autónomo tenía el deber de procesar lo recibido y hacer imputaciones ante los jueces penales.
Para hacer más eficientemente ese trabajo, la FGR había creado, en Junio de 2019, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró como su titular al abogado Omar Gómez Trejo. Este ciudadano es un profesional que tenía la confianza de las madres y padres de Ayotzinapa. Aparte, había sido el secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento al caso. Y trabajó en tandem con Encinas y la CoVAJ-Ayotzi.
Y aquí aparece otra cosa que podemos saber del Caso Ayotzinapa: los desistimientos de la FGR no se han realizado a través de la UEILCA, sino por medio de otras unidades administrativas. En 2022 el fiscal general está boicoteando el trabajo del agente del ministerio público que él había nombrado en 2019. ¿Qué ocurre allí dentro? Una lectura obvia es que el licenciado Gertz Manero no deseaba que el licenciado Gómez Trejo llevase ante la justicia a los militares que están relacionados al Caso Ayotzinapa. No son de extrañar, entonces, la renuncia de Gómez Trejo y que en la andanada mediática se ataque a Encinas.
Y eso, lectora, es mucho más que una turf war (guerra de jurisdicciones entre burócratas). Estamos presenciando un enfrentamiento en el Gabinete Presidencial que opone a los civiles, a cuya cabeza podemos ubicar al subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, con los militares –quienes no tienen cabeza aparente, pero sí muchos recursos (dinero y poder). Han orquestado una potente andanada noticiosa, que incluyó una entrevista exclusiva con el general Rodríguez Pérez dentro del Campo Militar № 1 que fue televisada vía streaming por ADN40. (Liga 3.)
Por supuesto, el presidente López Obrador ha desestimado este encontronazo. Encinas es cercanísimo al presidente. En medio de esta tormenta varias veces le ha reiterado su confianza. Pero reconocer un ataque al subsecretario sería reconocer un ataque del estamento militar a la Presidencia –algo obviamente inconcebible. Pero que puede y debe ser dicho para recordar a nuestras fuerzas armadas adónde reside su lealtad.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2022/08/22/ayotzinapa-la-verdad-politica/
Liga 2:
Liga 3:
