La verdad es una herramienta para sanar las heridas, pero la verdad duele, no solo porque los detalles del horror son duros y el recuerdo de los hijos desaparecidos o asesinados duele. También duele ver cómo un caso que podría haberse resuelto las primeras semanas, terminó enredado en mentiras, falsedades y desvíos de la investigación. Este informe da cuenta de un proceso que ha hecho ya historia en México, de unas familias, que junto con todas las de los desaparecidos y sus representantes, siguen empujando la lucha por la verdad y contra la impunidad. El GIEI agradece, a todos y todas, su confianza.
VI Informe Ayotzinapa. Hallazgos, avances obstáculos y pendientes
Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes
A manera de prolegómeno. Se concibe a la administración como un conjunto de técnicas racionales para que las organizaciones privadas, públicas, civiles, políticas, etc. logren sus objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. Para tal efecto y de acuerdo con uno de los clásicos, Henry Fayol, la administración se ocupa de planificar, organizar, dirigir y controlar. Esta perspectiva, digamos técnica, neutral, objetiva y sin ideología, soslaya lo más importante: la administración es un dispositivo de poder que vigila, disciplina y domina a las estructuras y a los sujetos; en esta tesitura, la administración no es ajena a las relaciones de poder, ni, por ende, a los intereses particulares de clases y grupos sociales. En tanto dispositivo de poder, dos de los recursos principales de la administración son el control de la información y la dilución de responsabilidades en mandos y jerarquías. Exactamente esos recursos se han desplegado para impedir que se haga justicia en el caso de Ayotzinapa.
Ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el gobierno federal ha desplegado una estrategia bien clara: administrar la verdad para que la impunidad prevalezca, encubierta bajo un discurso justiciero, pero esencialmente falso; de igual forma, ha responsabilizado a unos cuantos elementos de los delitos cometidos por militares, marinos, policías e integrantes de los servicios de inteligencia. El acceso a la verdad, y con ello a la justicia, se ha dosificado para encubrir a los perpetradores del crimen de Estado, en particular, a los mandos de las Fuerzas Armadas. Nueve años después de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre (y días posteriores) de 2014, se sigue desconociendo qué sucedió con los normalistas e inclusive no se han localizado ni con vida, ni se han encontrado sus cuerpos; solamente se tiene la identificación positiva de los restos de tres estudiantes: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz ¿y los otros cuarenta? Esa es la evidencia más contumaz de la administración de la verdad: los nueve años de impunidad… y contando.
La administración de Peña Nieto pretendió implantar la “verdad histórica” para cerrar las indagatorias de Ayotzinapa; su intención fracasó, pero la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república tampoco ha significado que la verdad, y con ella la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición, se hayan instaurado. Pese a los esfuerzos de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CVAJ), la impunidad permanece esencialmente por la cerrazón de la Marina y el Ejército para abrir totalmente sus expedientes. Como se sabe, las Fuerzas Armadas han entregado a cuentagotas la información de Ayotzinapa, en función de la presión social de los familiares de los jóvenes desaparecidos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la prensa crítica y los movimientos sociales. En otras palabras, han administrado la verdad, impidiendo la justicia.
Las evidencias no dejan lugar a dudas: el Ejército y la Marina siguen ocultando información muy relevante, tal y como lo ha demostrado el GIEIE (Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes) en sus informes, el más reciente presentado hace apenas unos días.
El sexto informe es elocuente, cito un breve fragmento, con la invitación a que lea usted el documento completo: “Dos condiciones previas llevan a entender el comportamiento del ejército en Iguala la noche del 26-27 de septiembre de 2014 durante la llegada y ataque a los normalistas. La primera, la colusión con el narcotráfico y la delincuencia organizada con mandos y miembros del 27 BI de Iguala, junto con otras policías, agentes del Estado y autoridades. La segunda, la visión contrainsurgente de los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa, que conlleva un estigma, es decir una marca moral negativa, asociándolos a guerrilla o revueltas, y que se muestra en el nivel de información de servicios de inteligencia del ejército, el foco de las actividades de inteligencia centradas en sus movilizaciones, asambleas y procesos organizativos, a los que desde la institución militar se asocia con guerrillas en Guerrero desde hace décadas, y todavía en la actualidad.”
La colusión con el narco y la perspectiva de contrainsurgencia definen el desempeño del Ejército y la Marina en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero todavía van más allá: delinean los marcos de acción de la 4T con respecto al crimen organizado y las movilizaciones sociales.
Por cuanto al primero, la tolerancia al crimen organizado (y si no la tolerancia, sí al menos la ineficacia institucional en su sometimiento), ha dejado ominosas huellas, en específico, las más de 156 mil personas asesinadas y más de 105 mil desaparecidas en lo que va de la actual administración federal, lo que hace al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el más violento de la historia de México. Si bien el combate a la delincuencia organizada no es responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas, es un hecho que la 4T ha sustentado en marinos, soldados y Guardia Nacional (integrada fundamentalmente por militares) buena parte de sus estrategias y recursos para enfrentar a los cárteles. Es decir, las Fuerzas Armadas han sido incapaces de limitar la expansión del crimen organizado, por el contrario, e incluso han sido partícipes de su crecimiento.
Por cuanto a la concepción de todo movimiento social de resistencia y oposición como un intento “conservador” de desestabilización del régimen, es un rasgo que impide el reconocimiento, la comprensión, la negociación y la resolución de las demandas de amplios sectores sociales que tienen diferencias con la 4T: feministas, ambientalistas, colectivos de familiares en búsqueda de personas desaparecidas, periodistas críticos, entre otros. Pretender que todo movimiento social se encuadre en los marcos de Morena y la 4T es sumamente soberbio, ruin y peligroso, toda vez que se estigmatiza como “conservadores”, a pueblos, individuos y organizaciones en resistencia y lucha y, con ello, se les coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo.
En el ejercicio del poder la administración tiende a individualizar y culpabilizar a determinadas personas de los fallos y debilidades estructurales de las organizaciones y las instituciones. Esto es, quienes cometen yerros o faltas son las personas, dejando de lado lo obvio: que esos fallos, faltas, errores o inconsistencias son posibles precisamente porque ocurren dentro de los marcos institucionales, es decir, las acciones de los actores son moduladas por la normatividad, las rutinas, las reglas implícitas, los acuerdos tácitos, los roles y los rituales de las instituciones. En esta tesitura, las palabras del presidente López Obrador no dejan lugar a dudas: “Entonces, ¿vamos a estar socavando nuestras instituciones? No, no, tenemos que defenderlas. Claro, esto no significa impunidad; si un miembro de una institución, sea quien sea, comete un delito, tiene que ser castigado. Uno de los errores que se cometieron en el caso de Ayotzinapa, el principal, fue querer ocultar las cosas, el querer fabricar una situación que no tenía que ver con lo que sucedió, crear un delito, culpar a gente; incluso, torturar. Nosotros no reprimimos, nosotros no torturamos, nosotros no ordenamos masacres, somos distintos. Y les puede (a los adversarios), no les gusta, pero ya cambió esto”.
Demos por ciertas las palabras del presidente. Sin embargo, defender a instituciones que históricamente han reprimido, torturado y masacrado, significa ser cómplice de esos delitos y, a fin de cuentas, contribuir a la administración de la verdad y por consecuencia, a la impunidad.
