La afirmación de que vamos a salir adelante de los estragos dejados por la epidemia del SARS-CoV-2, es tautológica. Por supuesto que vamos a salir, ningún país ha desaparecido por un virus y difícilmente México será la excepción, de ahí que no exista disyuntiva entre si vamos a salir, o no. El problema es cómo vamos a salir, qué tan raspados, para decirlo coloquialmente. Porque lo único claro es que indemnes, no vamos a quedar, de hecho, los estragos de la epidemia en México (y de la pandemia en general) están a la vista: más de cinco mil personas fallecidas hasta el domingo 17 de mayo, más de medio millón de empleos perdidos en los primeros cuatro meses del año (más los que se acumulen en los meses por venir), brutal incremento de la violencia contra niñas, niños y mujeres en el hogar (aunque los otros datos del presidente lo nieguen cínicamente), enormes problemas emocionales (aún no estimados) derivados del encierro, la pérdida del empleo, el negocio fracasado y/o la violencia en casa. En fin, los saldos de la epidemia y el confinamiento son ominosos y aún no conocidos en toda su vastedad, en todas sus implicaciones.
En mi opinión, estamos ante un escenario francamente desfavorable, no sólo por la muy lamentable pérdida de vidas humanas, sino también por la inminente devastación económica y las consecuencias derivadas de ella. En mi texto anterior sobre el tema señalé lo que a mi juicio son las insuficiencias de las medidas asumidas para tratar de mitigar los efectos de la recesión económica, y terminé diciendo que “quizás estemos en el peor de los escenarios, a medias aguas: sin emprender las acciones necesarias para amortiguar el duro impacto de la crisis por la epidemia, y sin movilizar la energía social para construir nuevas economías” (https://www.rompeviento.tv/apuntes-sobre-economia-y-sociedad-en-el-contexto-de-la-epidemia-en-mexico-i/). Ratifico la idea, es posible que estemos en el peor de los escenarios, porque ni se ha optado por las recomendaciones técnicas dirigidas a la protección del empleo y de las pequeñas unidades productivas (que no necesariamente implican mayor endeudamiento), ni tampoco hay orientaciones claras hacia un proyecto económico alternativo. Estamos a medios chiles, para acudir a otro coloquialismo. A fin de argumentar esta última proposición me refiero brevemente al documento “La nueva política económica en tiempos del coronavirus”, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recomiendo mucho a usted lo lea con todo detenimiento: (https://bit.ly/2Thhhak).
Quien lea este documento con mirada técnica de experto en economía o en políticas públicas y espere medidas puntuales para amortiguar el impacto de la crisis, se va decepcionar. Quien lo lea con ojos devotos y extáticos a todo lo que provenga de la 4T, se va a entusiasmar. Cada quien va a leer lo que mejor convenga a sus preferencias, convicciones y atavismos. Y por supuesto, yo no soy la excepción, así que lejos de hacer un análisis detallado del documento, comento en general lo que me parecen sus aportaciones y sus limitaciones.
Un primer comentario es que se trata de un documento que no dice nada nuevo, simplemente sintetiza las convicciones del presidente sobre su muy particular punto de vista de la política económica. Una de sus principales virtudes es que coloca a la economía en un mismo plano que otras áreas de la vida pública del país, lo que es de enorme importancia. Así, es imposible concebir la economía ajena a la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar. Este cambio de enfoque es absolutamente crucial puesto que conduce a la definición de políticas integrales, sin que la justicia, el bienestar o la democracia estén supeditados a las exigencias de la economía, es decir, de los inversionistas, las calificadoras o “el mercado” (en abstracto). En este sentido, vuelve a insistir en lo absurdo que resulta aplicar medidas neoliberales (habida cuenta de su fracaso, que viene de años atrás) y que la pandemia ha precipitado y evidenciado, por eso “debemos dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo”.
Y aquí está justamente el principal problema de la propuesta presidencial: las pautas del nuevo camino en materia de desarrollo económico y social son mínimas, chiquititas, y desde mi punto de vista, erróneas por cuanto parten de un diagnóstico equivocado: el problema de fondo no es el neoliberalismo, sino el capitalismo. El problema no es el índice de Gini que mide la desigualdad, sino la explotación y la depredación capitalistas. Y de esto, no dice absolutamente nada.
Entiendo que no se pueden pedir peras al olmo y el de la 4T nunca ha sido un proyecto anti o pos capitalista, eso está claro, por eso mismo su propuesta de “dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo”, no sólo se queda muy corta, sino que pareciera regresar el tiempo precisamente cuatro décadas atrás. Comento solamente algunos aspectos que me parecen muy cuestionables.
- Democracia: es de reconocer que se pretenda vincular a la economía con la democracia, se trata de dimensiones de la actividad social totalmente imbricadas; sin embargo, la democracia planteada se reduce casi exclusivamente a los aspectos electorales, la división de poderes y la entrega de dinero a las comunidades para que lo ejerzan directamente (en mejoras a las escuelas, construcción de caminos, etc.). Un camino económico realmente diferente tendría que pasar por modificar las relaciones de poder en las unidades productivas: en ejidos, comunidades, fábricas, en las ciudades, en las instituciones escolares, etc. No obstante, sobre el tema no se dice una palabra.
- Justicia: la entrega de recursos a la población más pobre es, sin duda, una acción de enorme relevancia que para mucha gente marca la diferencia entre tener comida o no tenerla; en efecto, “no puede haber trato igual entre desiguales”. Por otra parte, es encomiable que se tenga la intención de llegar al 70 % de la población, entre la cual se encuentran los trabajadores del Estado (maestros, enfermeras, marinos, soldados, médicos, etc.); de igual forma, qué bueno que se dispersan recursos a adultos mayores, indígenas, niños y niñas con discapacidad, etc. (por cierto, no se mencionan apoyos para los trabajadores que acaban de perder su empleo). Por otra parte, el fortalecimiento de la demanda no necesariamente ni en el corto plazo reactiva la economía, puesto que se trata de un consumo focalizado esencialmente en alimentos, transporte y algunos otros bienes. Me surgen tres preguntas: i) ¿es sostenible en el tiempo (más allá del sexenio) la política asistencialista?; ii) el asistencialismo, ¿en qué contribuye a la autonomía de individuos y colectividades?; iii) ¿no sería mejor pasar a un esquema de Renta Básica Universal? (al parecer, hacia allá se dirigen varios países).
- Honestidad y Austeridad: sin duda alguna, la honestidad es condición para un gobierno democrático y eficiente, por lo que la lucha contra la corrupción debe ser implacable, sin cortapisas ni distingos; no se trata tan solo de una actitud de los servidores públicos, sino del cumplimiento de las leyes. Por cuanto a la austeridad, es de reconocer que se haya abandonado el boato y el dispendio, pero la austeridad del gobierno no significa por fuerza eficacia en la administración pública. Pongamos por caso los enormes rezagos en materia de derechos humanos que hay en el país, la austeridad puede significar el incumplimiento de compromisos, acuerdos y de la misma ley; para no ir muy lejos, veamos las constantes agresiones (documentadas ampliamente por Rompeviento TV) de que son objeto las comunidades de Aldama, Chiapas, y la absoluta ineficacia del gobierno federal (y del estatal, cómplice de los ataques) para honrar su palabra y los compromisos contraídos. Hay mucho más que decir, pero por cuestiones de espacio hasta aquí dejo el punto.
- Bienestar: me parece enormemente preocupante que se conciba que la función del Estado deba ser crear las condiciones para “el bienestar material y el bienestar del alma”. Es inaceptable que el Estado se implique en el “bienestar” del alma, o espiritual o como quiera usted llamarlo, puesto que por esa vía estamos abonando a la eliminación del Estado laico; e insisto: eso es absolutamente inaceptable. Como igualmente rechazable es suponer que hay “una familia mexicana” y que además es la “institución de seguridad social más importante del país”. Esa afirmación es hasta ofensiva y peligrosa. Ofensiva porque desconoce la gran variedad de tipos de familias que hay en nuestro país e implícitamente adjudica a un estereotipo de familia valores (como la seguridad) que otros no tendrían. Y peligrosa porque asumir que la (gran) familia mexicana es la “institución de seguridad más importante del país”, significa dar la espalda a miles de personas, sobre todo mujeres, que han levantado muy en alto su voz para denunciar la violencia de género y doméstica, por cierto, al alza en plena epidemia. Desoír las voces de las muchas colectivas feministas que han señalado, con justa razón, la insensibilidad del gobierno federal para ser empático con sus demandas, no aporta absolutamente nada a la construcción de un país sobre bases de justicia e igualdad.
Es encomiable la voluntad de que la economía esté al servicio del bienestar, que se subraye la importancia de cambiar los hábitos de alimentación eliminando los refrescos, aunque al mismo tiempo se haga muy poco para echar abajo las concesiones a las refresqueras en zonas de altísimo consumo, como en Chiapas (https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/06/sin-elementos-para-revocar-concesion-a-coca-cola-en-chiapas-conagua-5631.html). Inclusive es muy saludable pensar en modelos de desarrollo que relativicen la importancia de la medición del Producto Interno Bruto (PIB), pero, como decía al principio, el documento del presidente es muy corto de miras.
Para avanzar en un modelo económico alternativo al capitalismo desarrollista, se tendría trabajar en otros ejes, entre muchos otros señalo solo cinco:
- Fortalecimiento de proyectos asociativos y colaborativos para la producción, la distribución y el consumo. Es imprescindible avanzar en la construcción de miles de proyectos de economía social y solidaria (monedas locales, cooperativas, bancos comunitarios, etc.).
- Trascender la noción de sustentabilidad, o sostenibilidad, como criterio de políticas de desarrollo. Esto llevaría, obligadamente, a revisar (y a cancelar) proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la minería a cielo abierto (y quizás toda mina), la producción de gas shale, entre muchos otros.
- Impulsar proyectos de agricultura regenerativa, con especial atención a la milpa, las chinampas y la permacultura urbana. De igual forma, apoyar economías locales-regionales con muy baja huella de carbono.
- Fortalecer la transición energética orientada a la autonomía de comunidades, pueblos, ciudades, localidades, barrios, unidades habitacionales, escuelas, etc.
- Favorecer la movilización de la enorme energía social del país a fin de transformar las relaciones de explotación, el patriarcado, el colonialismo y el antropocentrismo. Esta acción evidentemente pasa, en primer lugar, por escuchar y dar cauce a las demandas de miles de trabajadores y trabajadoras, a las feministas, a los grupos ambientalistas, a las comunidades originarias en defensa de sus territorios, a la academia crítica, a artistas y científicos/as, en fin, a todos aquellos grupos sociales con proyectos que aportan a la construcción de un nuevo país.
No a una “nueva normalidad” igual a la anterior, pero parchada. No, preferible mil veces la anormalidad subversiva que imagina que otros mundos son posibles.
