El impacto de la pandemia por el SARS-CoV-2 es un tsunami de efectos devastadores para prácticamente todo el mundo, si bien las economías más poderosas y con mayores recursos podrán resistir de mejor forma la ralentización de las actividades productivas en un mundo hasta hoy altamente globalizado. Para nuestro país el escenario es muy gris, si no es que francamente desastroso: hacia el fin del periodo de sana distancia, esto es, cuando mayo termine, alrededor de un millón de personas habrán perdido su empleo (si no es que más); la caída anual del PIB se estima entre un 6.5 y un 9 %, si bien no faltan analistas que consideran que la contracción en este año llegará a dos dígitos, con lo que la de México sería la economía que probablemente más se contraiga en este aciago año. Nadie, ningún gobierno estaba preparado para un tsunami económico de tal magnitud, comparado ya, en su profundidad más no en su naturaleza, con la gran depresión ocurrida después del jueves negro de 1929.
Afirmar que vamos a salir adelante de la crisis provocada por la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 es un sinsentido: un país no desaparece por efecto de un virus, al menos hasta ahora. Por supuesto que vamos salir, México saldrá adelante sin ninguna duda; esa no es la discusión, el punto nodal es cómo vamos a salir, cómo va a quedar el país luego del cierre de miles de empresas (MIPyMES), la pérdida de empleos, la reestructuración del comercio internacional, la redefinición de los bloques geoestratégicos, la previsible caída en las remesas hacia el segundo trimestre del año (y posteriores), la contracción económica de EU (solo en el mes de abril, 20.5 millones de estadounidenses se quedaron sin trabajo), en fin, cómo saldremos luego del tsunami económico que azota al mundo entero. Desde mi punto de vista, la salida de esta difícil encrucijada económica, social e incluso política, en buena parte depende de dos consideraciones: i) por un lado, de la caracterización que se haga de la crisis económica ocasionada por la pandemia y; ii) por otra parte, de las decisiones y las acciones asumidas para mitigar el impacto de la crisis.
La caracterización de la crisis es fundamental para definir las acciones de contención o mitigación y para perfilar las condiciones económicas, sociales e institucionales que habrán de abrirse paso una vez superada la emergencia sanitaria. Hay coincidencia en los expertos en que esta crisis es de naturaleza diferente a otras puesto que no se trata de un fenómeno de insolvencia, tampoco es una crisis financiera ni obedece a una debilidad de la demanda, en lo absoluto, más bien es un congelamiento casi total de la actividad productiva derivado del confinamiento de más de una tercera parte de la población mundial (incluso más, cerca de la mitad). Estamos ante un fenómeno inédito que exigiría acciones en el mismo tenor. Que más de tres mil millones de personas estemos confinadas, si bien muchas trabajando a distancia, ha ocasionado la ruptura de las cadenas de valor y, con ello, la pérdida de millones de empleos y el cierre, temporal o definitivo, de las empresas en que esas personas prestaban sus servicios.
Desconozco cuál ha sido la caracterización de la crisis que ha hecho el gobierno mexicano, pero a la luz de las acciones de mitigación desplegadas, al parecer se trata de una concepción diferente a la esbozada líneas arriba. O al menos eso se colige por la aparente minusvaloración del alcance de este fenómeno y de la demora en emprender acciones de atenuación. Lo he dicho en anteriores colaboraciones en este mismo espacio: las medidas de amortiguamiento de la crisis, si bien son correctas y apuntan en la dirección adecuada, llegaron tarde y, ante la magnitud del problema, son de corto alcance. Los apoyos económicos directos son un tanque de oxígeno para millones de personas en situación de pobreza y representan la diferencia entre comer o no comer, así de sencillo; lo mismo los tres millones de créditos a la palabra (25 mil pesos cada uno) destinados a las micro y pequeñas empresas: son vitales para que esas unidades productivas no se hundan. En fin, hay que reconocer la coherencia del proyecto de gobierno de la 4T de priorizar a los pobres, luego de al menos seis sexenios en los que las preferencias en materia de política económica fueron otras. Sin embargo, este primer paquete de acciones es insuficiente para paliar las consecuencias del achicamiento mundial de la actividad económica, por lo que, de continuar por esa ruta, indefectiblemente tendrán que cerrar empresas y negocios y por lo mismo, se perderán miles de empleos. Además, son acciones insostenibles en el mediano y largo plazos por la caída de la recaudación fiscal derivada de la recesión económica, por los alicaídos precios del petróleo, por la disminución del turismo, en pocas palabras, por la contracción económica generalizada.
Un segundo paquete de medidas orientado al apoyo de las cadenas de valor, a través del financiamiento directo al salario, mediante la postergación de los compromisos fiscales de las empresas o de algún otro mecanismo, ha sido descartado por el gobierno con el argumento de no adquirir más deuda externa de la que ya cargamos (y que pesa como fardo en las finanzas públicas). No a otro Fobaproa, ha dicho reiteradamente el presidente y sí, nadie quiere otro mecanismo de endeudamiento público para rescatar a los bancos y a los grandes capitales. Lo cierto es que, aunque no se haya contraído nueva deuda (lo cual es relativo debido a la colocación de seis mil millones de dólares en los mercados internacionales), ésta ha crecido básicamente por la depreciación del peso y por la contracción de la economía, estimada por el crecimiento del PIB. En otras palabras, no se necesita contraer deuda para estar más endeudados, si consideramos que el peso vale menos y la relación deuda/PIB no es un dato duro, sino fluctuante.
Tampoco se van a postergar, menos a suspender, los proyectos de inversión emblemáticos de la 4T que, en efecto, representan fuentes de empleo (así sea temporal), aunque pareciera que su momento de oportunidad no es el mejor. Veamos, en breve: la refinería de Dos Bocas sigue en construcción, aunque el petróleo se acabará en 6 años, según palabras del titular de Semarnat, Víctor M. Toledo (https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/opinion/015a2pol); el aeropuerto de Santa Lucía continúa en construcción, si bien decenas de compañías de aviación están en bancarrota (https://a21.com.mx/aeronautica/2020/03/16/estiman-en-mayo-bancarrota-para-aerolineas-nivel-mundial); el Tren Maya, pese a que se espera una contracción general y la reestructuración del turismo a nivel mundial que será más austero, de desplazamientos menos distantes y con rutas poco conocidas. Este último dato puede ser un aliciente para el Tren Maya, sin embargo, los mayores beneficios del proyecto no serán para los “socios” ejidatarios sino para las empresas financiadoras (https://www.alainet.org/es/articulo/205498). El Corredor Transístmico (viejo sueño de los EU) en un momento de contracción del comercio internacional y pese a la resistencia de muchas comunidades indígenas y campesinas (https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/07-05-2020/los-mixes-la-ultima-resistencia-al-tren-transistmico). En fin, estos proyectos no van a suspenderse, con todo lo positivo y lo negativo que tiene la decisión, por lo que los recursos para otro posible paquete de medidas de atenuación tienen que buscarse por otro lado.
La austeridad en el gasto corriente del gobierno, en abstracto es plausible, pero ni aporta todos los recursos necesarios, ni es la mejor fórmula, puesto que lo que se obtiene por un lado se pierde por el otro. Para decirlo rápidamente: se ahorra en servicios de limpieza, se pierden empleos de servicios de limpieza. Tampoco recortar (“voluntariamente”) los salarios y aguinaldos de los “altos funcionarios” es la mejor forma de obtener los recursos que se necesitan para inyectar a la alicaída economía: además de ilegal, es una iniciativa que lesiona al aparato de la administración federal en momentos en que se necesita lealtad, eficiencia y eficacia extremas.
En síntesis, no hay recursos suficientes para emprender medidas de mitigación más ambiciosas, ni el gobierno parece considerarlas necesarias. El presidente López Obrador ha decidido jugársela a contracorriente de las recomendaciones del sector privado, de los académicos e incluso del mismo Banco de México. Es una decisión muy arriesgada que apuntaría a construir nuevas bases económicas en México a partir de la redistribución equitativa del ingreso: sí, primero los pobres. De acuerdo, pero para poder distribuir con equidad y en busca del desarrollo para el bienestar (no del crecimiento económico), primero hay que crear los bienes y servicios a repartir, y ello requiere, ni modo, (re)construir las cadenas de (alto) valor ahora en riesgo de perderse.
La construcción de nuevas y diferentes bases para la economía de México -si fuera el caso- es una apuesta de alto riesgo, que pasa, obligadamente, por la amplia movilización social para transformar las estructuras productivas, y sociales, del país. No es una decisión de escritorio ni mucho menos una opción para la preservación del status quo, sino una alternativa para la construcción de un país muy diferente al conocido. Si como país vamos a sumarnos a lo que apunta a ser una incipiente tendencia mundial (encabezada por Nueva Zelanda) para modificar la medición de la prosperidad y el comportamiento de la economía, más allá de la medición del Producto Interno Bruto, entonces debería haber un llamado a la acción social y política organizada para construir esos nuevos referentes. Y esa amplia movilización social, salvo su mejor opinión, no la veo por ninguna parte. No veo movilizadas a organizaciones campesinas, populares y obreras, a asociaciones y colegios de profesionistas, a agrupaciones de migrantes, a colectivos de artistas y de trabajadores/as de la cultura, a estudiantes y profesores, a colectivas feministas y de la comunidad LGBT, a grupos ambientalistas, a colonos, a pueblos, a ejidos, a comunidades indígenas. Se trata de una no-movilización-participación derivada no sólo del obligado confinamiento, sino también de la confusión (o ausencia) de un proyecto de país que concite adhesiones, en el que todas y todos tengamos cabida.
Quizás estemos en el peor de los escenarios, a medias aguas: sin emprender las acciones necesarias para amortiguar el duro impacto de la crisis por la epidemia, y sin movilizar la energía social para construir nuevas economías (regionales, locales, digitales) basadas en la revaloración del trabajo, la desacumulación, las autonomías todas (políticas, energéticas, alimentarias), la regeneración productiva, el ocio y el juego. Del tema me ocuparé en una próxima colaboración.
