Alejandro Saldaña Rosas
Si usted es afín a la 4t, la nueva Ley General de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (LGCHTI) le parecerá una maravilla: la alborada de la ciencia humanista y postneoliberal despunta ya, se vislumbra en la convicción de la Doctora Álvarez-Buylla, que nos ilumina día con día con su sapiencia, su mesura, su determinación a prueba de fifís y conservadores; está bien, no lo discuto. Y si usted no se identifica con la 4t, la nueva ley seguramente le parecerá pésima: augura una larga noche de oscurantismo, regresión, de vigilancia y control sobre la academia que nos llevará a la edad media o a los tiempos más oscuros del estalinismo; también está bien y no lo discuto. Situarse en uno de los dos polos de la discusión es la tesitura de los tiempos que corren, en que las etiquetas anteceden a los argumentos, las descalificaciones desplazan a la reflexión y la estigmatización del adversario, con todo respeto, eso sí, es moneda de uso corriente.
Mi interés en este breve texto es aportar algunas ideas que, en mi opinión, no han estado en el centro del debate sobre la ley de ciencia, humanidades, tecnología e innovación. O, si se han discutido, quizás yo no haya puesto la debida atención, por lo que, de ser el caso, asumo la responsabilidad de mi ignorancia.
La primera idea que pongo a su consideración tiene que ver con los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). De acuerdo con la definición institucional, los PRONACES “pretenden constituir andamiajes para la colaboración y la convergencia de las comunidades académica y tecnológica, los cuales permitan el uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población y el ambiente; el objetivo es que conduzcan a una mayor independencia en la atención de los retos nacionales”. Los PRONACES son los siguientes:
- Agentes tóxicos y procesos contaminantes
- Agua
- Cultura
- Educación
- Energía y cambio climático
- Salud
- Seguridad humana
- Sistemas socio-ecológicos
- Soberanía alimentaria
- Vivienda
No discuto la pertinencia de los PRONACES, simplemente apunto que se corre el riesgo de que esos programas dejen de ser estratégicos (que, por cierto, es un concepto de estirpe militar retomado por el neoliberalismo, que en el contexto de la ley quién sabe qué signifique) y se conviertan en restrictivos, es decir, que solamente investigaciones que se integren dentro de uno u otro programa tendrían acceso al financiamiento. De darse el caso, no digo que vaya a suceder, simplemente apunto el riesgo, la ciencia se orientaría en un sentido totalmente utilitario para resolver los grandes problemas nacionales; seguramente hay mucha gente que está de acuerdo con esta perspectiva, está bien, no lo discuto. Simplemente, permítame recuperar un aforismo, con el que me identifico plenamente. El premio Nobel de Física 1965, Richard Freynam dijo que la investigación científica era como el sexo: “la física es como el sexo, puede tener resultados concretos, pero no es por eso por lo que la practicamos” (tomado de: https://ethic.es/2023/04/entrevista-nuccio-ordine-individualismo/).
Un segundo problema que identifico en los PRONACES es que excluyen por completo la investigación sobre el Estado, la democracia, los partidos políticos, las instituciones de gobierno, la corrupción, la transparencia y otros temas relacionados con el ejercicio del poder político. Desde mi punto de vista, algunos de los más graves y complejos problemas que tenemos en el país son precisamente los del sistema político, la justicia, la democracia, la gobernabilidad; temas que, por cierto, son el centro de la actividad científica y académica del atacado Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Desconozco por qué estos temas o problemas no constituyen un programa estratégico, pero sería verdaderamente terrible que esa omisión derive de la composición de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, integrada fundamentalmente por la burocracia del gobierno federal. El mensaje de esa omisión es muy claro: investiguen sobre estos programas estratégicos, pero no coloquen al gobierno en la mira de sus investigaciones, que eso no es estratégico. Sería algo así como “aplíquese la ley, en los bueyes de mi compadre”. A propósito de la Junta de Gobierno, es completamente inadmisible que un país que se define pacifista integre a militares y marinos en el máximo órgano de conducción de la política científica del país. Asimismo, destaca que en los PRONACES no hay referencia alguna a las tendencias globales del capitalismo, que, en opinión de muchas personas expertas en la materia, son el origen de innumerables problemas en el mundo. Pareciera que para el nuevo CONAHCYT los problemas a atender por los PRONACES surgen por generación espontánea y nada tienen que ver con los procesos de acumulación y reproducción globales del capitalismo. Pero pues uno qué va a saber, si los expertos y expertas son los funcionarios del gobierno que integran la Junta de Gobierno del nuevo y revolucionario CONAHCYT.
Por otra parte, el tercer punto que planteo a la discusión es preguntarnos si la nueva ley establece la normatividad adecuada para fortalecer y ampliar el sistema nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. En mi opinión, ese debería ser el centro del rediseño normativo e institucional de la nueva ley; sin embargo y de acuerdo con la información disponible, no lo es. La ley que da lugar al flamante y nuevo CONAHCYT no apunta a fortalecer y expandir el sistema nacional de investigación científica. Y no lo hace porque está desvinculado de la política de educación superior. Doy un ejemplo: qué bueno que las becas se hayan universalizado a todas las personas que ingresan a un posgrado de una institución pública, pero qué caso tiene formar maestros y doctores, maestras y doctoras, en diversas áreas del quehacer científico y humanístico si no existen las suficientes plazas para absorber a esos miles de personas egresadas. No tiene ningún sentido formar especialistas para el desempleo, para el trabajo precario en alguna universidad pública o privada o para instituciones de otros países.
Para poner en contexto consideremos el número de personas dedicadas a la investigación en humanidades, ciencias y tecnologías. De acuerdo con datos del CONACYT, en 2020 había 33,165 personas en el Sistema Nacional de Investigadores. Supongamos que de esa fecha a la actualidad ha habido un importante incremento y ahora son, en números redondos, 40 mil. Para aproximarnos un poco a los países que tienen más investigadores por millón de habitantes, México tendría que, al menos triplicar el número de SIN’s, es decir, alcanzar los 120 mil. (Sobre el punto, le sugiero consultar la información del Banco Mundial en la siguiente liga: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6). Por supuesto, incrementar las plazas en el sistema público de educación superior requiere dinero, y mucho, de ahí que sea esencial cumplir con el mandato constitucional de destinar el 1% del PIB a la investigación científica, humanística y tecnológica; la nueva ley elude por completo ese compromiso y se limita a establecer que el financiamiento de un año no podrá ser menor al de año anterior. No pues qué alivio: con incrementar mil pesos se cumplirá con la normatividad.
Se puede argumentar, con justa razón, que ofrecer plazas académicas en las instituciones de educación superior no es competencia del CONAHCYT, es cierto, pero sí lo es de las universidades a través del financiamiento del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. La investigación científica fundamentalmente se realiza en universidades, institutos y centros públicos de educación superior, de allí que sea absurdo legislar en la materia sin transformar de raíz las condiciones en que se produce el conocimiento científico en el país.
No es posible tener un robusto sistema nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación con miles de profesores mal pagados, obligados a trabajar en 3 o 4 instituciones para medio solventar sus gastos, muchas veces sin prestaciones ni con las mínimas condiciones para hacer investigación. Y no solamente se trata de crear las plazas para los egresados de los posgrados, se necesitan también laboratorios, cubículos, acceso a bases de datos, equipos especializados, seguros para esos equipos, vehículos, recursos para movilidad nacional e internacional, entre muchos otros rubros. Mientras estas asimetrías estructurales del sistema de educación superior no sean eliminadas, el sistema nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación permanecerá en una situación de debilidad y vulnerabilidad. Por más leyes y transformaciones superficiales que se le hagan.
