Federico Anaya Gallardo
Pocos recuerdan hoy día que durante tres años, de 2000 a 2003, Andrés Manuel gobernó el Distrito Federal (hoy Cdmx, mañana Anáhuac) con sólo un tercio de la Legislatura. PAN y PRI formaban las otras dos terceras partes del pleno. Por lo mismo, el programa obradorista debió realizarse por vía ejecutiva. Como te expliqué aquí la semana pasada, lectora, la idea era que la ayuda a los adultos mayores fuera universal. Sin embargo, la implementación del programa empezó en el Norte y el Oriente de la entidad (Gustavo A. Madero é Iztapalapa) pues era en esas alcaldías adonde había más personas de la tercera edad sin ningún tipo de pensión. Casos concretos de extrema necesidad individuales ó zonas de otras alcaldías con altos índices de marginalidad también se atendieron primero.
Priorizar zonas específicas, atender casa por casa y caso por caso fue posible porque la Administración López Obrador había heredado una magnífica red de brigadistas de salud de la Administración Cárdenas. La secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, usó esa red al máximo, imprimiéndole sentido del deber y de urgencia. La red permitía asegurar una evaluación individual de cada persona beneficiaria de modo que se le pudiera referir a los servicios de salud. De allí el nombre de Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal.
En la elección intermedia de 2003 el electorado concedió la mayoría al PRD (que entonces aún era de Izquierda) y se pudo pensar en consolidar las propuestas del ejecutivo en diversas piezas de legislación. A mí me tocó acompañar a la secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa Elízaga, en el debate parlamentario sobre este tema. Desde 2002 había propuestas de reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, promulgada por Rosario Robles en Marzo de 2000. Pero sólo después de Septiembre de 2003 la Izquierda tuvo los votos suficientes para consolidar legislativamente la nueva política social. En Noviembre, la segunda legislatura del sexenio obradorista aprobó la Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de setenta años, residentes en la ciudad de México.
Entre 2002 y 2003 el viejo priísmo aún recelaba de la idea de transferencias monetarias directas (de las que empecé a hablar aquí la semana pasada, lectora). Recuerdo bien que un viejo diputado nos confrontó diciendo que el PRI sólo votaría a favor de las reformas ó de una nueva ley si se excluía a las personas que ya contaran con una pensión del IMSS, del ISSSTE ó similar. Para enfatizar su “congruencia”, él mencionó que sería injusto que a él le diesen la tarjeta de ayuda alimentaria, siendo que era pensionado del ISSSTE. Le pregunté que cuál había sido el rango con el que él se jubiló en el servicio público. Me contestó que como director general. Entonces le mostré a él y al resto de las legisladoras presentes una gráfica que mostraba montos y número de pensionados. El caso del priísta quedaba en la categoría más alta –adonde la aportación de medio salario mínimo mensual representaba una pequeñísima mejora. En cambio, para ocho de cada diez pensionados del ISSSTE, la ayuda alimentaria representaba un tercio de su ingreso mensual.
Hacer la exclusión que proponía el viejo priísta creaba la necesidad de una burocracia verificadora (que tarde ó temprano condicionaría el programa) y, de modo inmediato, perjudicaba a la mayoría de los pensionarios de los sistemas de seguridad social.
En alguno de los informes de glosa de mi secretaria Sosa Elízaga, otro diputado priísta (joven nieto de antiguo funcionario alemanista), la confrontó diciendo que (1) la Izquierda sólo había propuesto el programa para ganar votos y (2) que tampoco era una gran ayuda. Raquel reviró con elegancia señalándole que (A) el programa era universal para evitar su manipulación electoral y (B) que si era tan sencillo implementarlo, quedaba demostrada la mezquindad del PRI que nunca hizo algo semejante.
La palabra mezquindad es relevante.
Saltemos a la campaña electoral de 2006. Para entonces, la Administración Fox, tragándose sus críticas previas, había copiado el programa obradorista. Estábamos ante la demostración de un dictum del politólogo Adam Przeworski: en Democracia, las buenas políticas públicas son aceptadas aún por los opositores ideológicos y elevan el estándar desde el que se hacen las ofertas partidistas en la siguiente elección. (Más de esto la semana que viene.)
Pero lo más interesante ocurrió luego de consumado el fraude de 2006 en contra del obradorismo. Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, de acuerdo con la crónica del 23 de Diciembre que nos dejaron los reporteros de La Jornada Roberto Garduño y Enrique Méndez (Liga 1), “se presentó una situación controversial, porque los diputados del PRD festejaban el logro de la aprobación de recursos para atender las necesidades básicas de los adultos mayores, a través de una pensión de 500 pesos mensuales, en las localidades con menos de 2 mil 500 habitantes.” El programa obradorista de adultos mayores había pasado a nivel federal, sino sobrevivido al encono de la elección más polarizada de nuestra historia.
Pero Garduño y Méndez también reportaron que “del lado contrario, los panistas que intentaron acotar los recursos a ese rubro, en corto también celebraban la asignación.” ¿Por qué? Los jornaleros informaron que “entre las curules de Acción Nacional persistió la idea, difícilmente objetable, en torno a que los fondos para la pensión a los ancianos ser[ían] manejados por el gobierno de Felipe Calderón, y éste, en sus giras, llega[ría] a las comunidades con un discurso panista y, a la larga, [esto] redunda[ría] en un millón 461 mil votos potenciales para su causa.”
Lo que es más: “Ufano, Martín López, del PAN, agradecía el regalito electoral: ‘¿quién crees que va a ir a fiscalizarnos a las comunidades más pobres? ¿Acaso los perredistas?’”.
Mezquindad.
José Martín López Cisneros era entonces un panista de 34 años. En los dos últimos años de la Administración Fox había sido coordinador técnico del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Es decir debería haber tenido alguna idea de trabajo territorial. En la primera Legislatura federal de la Administración Calderón (la LX) fue integrante de la comisión de Hacienda y Crédito Público así como de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación –por lo cual participó en el debate de los presupuestos de egresos. Originario de Nuevo León, había destacado en la política estadual desde 1994 como asesor de la bancada blanquiazul en Monterrey, regidor en el cabildo regiomontano, director de ingresos en ese mismo ayuntamiento y director de ordenamiento en el conurbado de San Pedro Garza García. (Liga 2.)
Pese a lo anterior, el sueño de agandalle de Martín López no ocurrió. Alguien dijo (y lo publicó en un viejo medio de Derechas, el ABC español) que “la mezquindad (con sus primas hermanas la soberbia y la suficiencia) es la artificiosa fortaleza de los débiles y de los impotentes”. (Liga 3.) El problema práctico consistía en que no era fácil entregar los 500 pesos mensuales a las y los viejitos de las poblaciones menos pobladas del país… porque en aquéllas lejanías no había ni sucursal de banco, ni tienda Elektra y a veces ni oficina de telégrafos. Y una cosa es presumir en el palacio de San Lázaro que la Derecha avasallaría a Izquierda en las zonas rurales para ganarle millón y medio de votos –y otra muy distinta hacerlo. De entrada, se decidió que el pago no sería mensual sino bimestral. Se presentó positivamente: la beca no sería de 500, sino de mil pesos.
Yo trabajé el primer trienio del Calderonato en la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí. En una ocasión, probablemente en Junio de 2007, visité Villa de Arista –la cabecera municipal de una región jitomatera. Mi objetivo era revisar las condiciones de los jornaleros agrícolas en el lugar, pero me sorprendió encontrar en el auditorio municipal a cientos de ancianitas y ancianitos. Esperaban pacientes que llegaran los pagadores del Programa 70+. Según me contaron, estos eran jovencitos que cargaban la paga del programa en sus mochilas y que salían cada dos meses de la capital potosina. Siempre llegaban tarde y la espera era pesada. Por suerte para los de Arista, el auditorio era amplio y fresco. En otros lugares la espera debía hacerse en el zócalo municipal, bajo el sol. Cuando llegaron los muchachos con la paga, se organizaron mesas de entrega. Y entonces apareció otro problema: los registros eran defectuosos. Una señora ya llevaba dos bimestres acudiendo para ver si “ya estaba en la lista”… y nada.
Definitivamente, con esta ineficiencia no se ganan votos. Supongo que nadie le contó de esto al regio diputado federal López. Mucho más al norte, en la Comarca Lagunera, una región con clima más extremoso que Arista pasaba lo mismo. En 2012 mi Nana Mary se mudó allí. Su familia me contó muchas anécdotas. Entre ellas, cómo varios de los muchachos del Programa 70+ fueron asaltados en la región. Para suerte mía y de Mary, Tlahualilo tenía oficina de telégrafos. Así las cosas, mi madre podía enviar un giro telegráfico con la pensión de mi nana cada mes.
Este es el purgatorio financiero en el que la población más pobre vivía aún en 2018. Desde 2006 el problema con la Ayuda de Adultos Mayores ya no era político (¡la Derecha incluso había decidido robarse el programa!), sino logístico: cómo hacer llegar la beca a los beneficiarios de manera sencilla, segura y sin intermediarios. Otra vez, el problema de la bancarización y la cuestión de la inclusión financiera.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
Liga2:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9222802#Perfil
Liga 3:
