Michael W. Chamberlin
8 de marzo de 2022
Rompeviento TV
Como ha sido en los años recientes, este 8 de marzo las mujeres saldrán a las calles exigiendo un alto a la violencia en su contra, una mejor atención a sus denuncias y, sobre todo, medidas para un nunca más.
Hace un año la discusión se centró en la violencia ejercida o no ejercida durante la marcha; si la libertad de manifestación y de expresión justificaban las agresiones de las mujeres. Elocuentemente se amuralló el Palacio Nacional para no ver y para no escuchar las demandas detrás de la protesta. ¿Qué ha pasado a un año de aquella marcha? Revisemos algunas cifras.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 ocurrieron 2,747 homicidios dolosos de mujeres (no clasificados como feminicidios) y 969 feminicidios, para un total de 3,716. Ambas categorías han venido al alza de manera continua, al menos desde 2015, siendo 2021 el año con más casos. En otras palabras, en México fueron asesinadas en promedio 10 mujeres al día y según la Comisión Nacional de Búsqueda 16 fueron desaparecidas cada día.
Pero no es todo: según ha resaltado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), también con datos del SESNSP, en 2021 se denunciaron 69,514 delitos sexuales; entre los que se encuentran violaciones, abuso, acoso y hostigamiento sexual. Ocurren 60 violaciones sexuales al día, pero el 98 % de los delitos sexuales nunca son denunciados. Esto está ligado a la falta de credibilidad de las fiscalías que mantienen un índice de impunidad por arriba del 90 %, y a la revictimización de la que son objeto las mujeres por no tener un sistema de justicia centrado en las víctimas. A la falta de protocolos y procedimientos con perspectiva de género, se suma la prescripción de los delitos sexuales por razones que se antojan arbitrarias.
Itzel Schnass, una de las víctimas de Andrés Roemer, ha señalado que, de las más de 100 denuncias en contra de él, sólo 61 se han podido conocer de manera pública, 13 se han presentado ante el ministerio público y sólo 4 han podido ser judicializadas para lograr una orden de aprehensión. La gran mayoría de los casos prescriben antes de que las mujeres puedan denunciar o siquiera puedan hablar de ello, negándoles así el acceso a la justicia. Itzel, junto con otras víctimas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos como el IMDHD, están promoviendo que se elimine la prescripción de los delitos sexuales.
El gobierno no es siempre el causante de la violencia, hay que usar como espejo lo sucedido en el estadio de futbol de Querétaro en días pasados para ver el tipo de sociedad que somos, para ver el tipo de hombres que prevalece; pero el gobierno sí tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos, de generar las condiciones para que esa violencia deje de suceder. En eso sí es responsable y debe rendir cuentas.
Aunque se anunció que para 2022 aumentaría un 75 % el presupuesto para reducir la desigualdad de género, el 90 % de esos recursos irá a dar a los programas prioritarios del gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Sembrando Vida o Pensiones para Adultos Mayores; es decir, es un presupuesto sin una política específica de reducción de las brechas de género, incluida la violencia contra las mujeres, que impacte de manera estructural.
El ejemplo más reciente de la falta de una perspectiva de género es la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, que daba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, para invertir ese presupuesto en su nuevo programa de infraestructura La Escuela es Nuestra. El programa Escuelas de Tiempo Completo permitía a las madres trabajadoras superar su condición económica y generar autonomía, y a niñas y niños, sobre todo en regiones marginadas, mejorar su rendimiento escolar, como ha resaltado el CONEVAL. Esta medida es consistente con la eliminación al inicio de sexenio de las Estancias Infantiles y los proyectos de Coinversión Social que fomentaban las actividades de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas muchas iniciativas organizativas de mujeres rurales y en zonas marginadas. En enero de este año se suma la eliminación del Indesol, y con éste, el Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) que dedicaba sus recursos a la atención de mujeres víctimas de violencia en los estados.
En suma, a pesar de la llamativa manifestación, no se les escucha. Como en años pasados, se espera que la marcha sea recibida por la policía, lo que es una agresión y una provocación en sí misma. Recordemos que en la memoria de las mujeres está aquella manifestación de agosto de 2019 con el lema “no me cuidan, me violan” y las más de 500 denuncias contra policías por delitos sexuales, que siguen sin ser atendidas; que las vallas, escudos y toletes responden a una lógica de confrontación y no de escucha, aunque los porten mujeres. Con premeditación y alevosía, los mandos masculinos denostarán después a las feministas por golpear a mujeres policías. El escenario está puesto y no parece que vaya a cambiar en lo que queda de este sexenio.
En democracia, las autoridades deben permitir el ejercicio de las libertades, incluidas las de manifestación y de protesta, y si es el caso, establecer mecanismos de diálogo y mediación de controversias. La presencia de la policía sólo debe obedecer a la protección del ejercicio de estos derechos por ser valores de nuestra convivencia democrática. Sin embargo, no parece que podamos esperar estas respuestas del gobierno; mientras sea así, las marchas y el enojo están justificados.
