J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Frente a la CIDH, México en su peor crisis por violaciones de derechos humanos
Washington – La crisis de derechos humanos por la que atraviesa México es tan grave, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó la prerrogativa de realizar una “audiencia de oficio” en una sesión plenaria para analizar la gravedad de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Tanhuato y Tlatlaya, entre otros.
El próximo martes 20 de noviembre, en el marco del 156 Período de Sesiones de la CIDH, el caso de la crisis de derechos humanos en México será abordado en cuatro audiencias, entre las cuales destaca la presentación del informe sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, por primera vez ante funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los familiares de los 43 normalistas, abordaran punto por punto -esperando la participación de las partes interesadas- cada una de las conclusiones sobre el reporte que prepararon respecto al caso.
No obstante que el informe del GIEI ya fue presentado en México, la CIDH ante la creciente desacreditación y descalificación de las conclusiones de los investigadores independientes, de parte del gobierno de Peña Nieto, tomó la decisión jurídica que le autorizan los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para realizar la audiencia de oficio y someter a un juicio más abierto las respuestas que ante esta denuncia tiene el Estado mexicano.
Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos estarán representados en la audiencia de oficio por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La audiencia será la primera oportunidad que tendrán los padres de los 43 normalistas para cuestionar directamente al gobierno de Peña Nieto sobre la “verdad histórica” a la que llegó la averiguación de la Procuraduría General de la República (PGR), que contrasta notablemente con el informe del GIEI.
En términos coloquiales, esta audiencia de oficio de la CIDH será para poner en el banquillo de los acusados al gobierno de Peña Nieto, con el propósito de que responda a cada uno de los puntos de la investigación del GIEI, que rechaza la “verdad histórica” del gobierno mexicano.
Es tanta la desacreditación internacional del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos, que organismos jurídicos regionales como la CIDH tienen que tomar cartas en el asunto para cotejar las versiones de los demandantes con las de los acusados, que en este caso son los padres de los normalistas que exigen les digan dónde están sus hijos, y el gobierno de Peña Nieto que insiste en archivar el crimen con unas conclusiones a la vista increíbles e insostenibles en términos jurídicos y periciales.
En este 156 Período de Sesiones de la CIDH, el gobierno de México llega con un etiqueta de manipulador de la verdad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se comenten en el país. A esto se le agrega el descrédito global que tiene en estos momentos el presidente Peña Nieto, por los escándalos de corrupción en su gobierno y la impunidad con la que trata a los perpetradores de las graves violaciones a las garantías individuales. Y la combinación de todo esto es que a nivel interamericano México está colocado en la lista de los peores países para la defensa y garantías de las libertades civiles.
En la agenda de audiencias en la sede de la CIDH, además de destacar la de oficio para el caso Ayotzinapa, se realizarán otras tres: una para el caso de la masacre de Acteal, otra sobre derechos humanos y drogas en México, y una más sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el país.
Un factor común a estas cuatro audiencias es que la CIDH cuestionará directamente al gobierno de Peña Nieto sobre las graves acusaciones que hacen los denunciantes sobre el Ejército mexicano. En todas las audiencias los soldados mexicanos están señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos, y comúnmente de llevar a cabo y de manera rutinaria ejecuciones extrajudiciales en todos los contextos.
Las audiencias en la sede de la CIDH en Washington D.C. podrán ser un excelente catalizador para determinar quién manda en México. Porque si el gobierno de Peña Nieto sigue defendiendo a ultranza al Ejército, pese a las denuncias de casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, y a las conclusiones de organismos internacionales e independientes, a todos nos quedará claro que ante su debilidad y descrédito, el verdadero hombre del poder en el país es el general Salvador Cienfuegos Zepeda, el Secretario de la Defensa Nacional.
