Invito a usted a pensar en la disyuntiva política de las elecciones de 2024 en términos de proyectos que profundicen la militarización en proceso o bien, en propuestas que tiendan a desmilitarizar al país. De tener algún viso de viabilidad esta perspectiva, las opciones de izquierda o de derecha estarían subordinadas a esta premisa, esto es, habría propuestas militarizadoras más inclinadas a la derecha, o bien a la izquierda, y propuesta desmilitarizadoras igualmente, con tendencias hacia una u otra orientación.
Con el veraz argumento de la inseguridad que priva en el país, ha sido el propio partido identificado con la izquierda, MORENA, y el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han colocado al país en una situación de creciente militarización de áreas totalmente ajenas a la seguridad pública, como la construcción del ecocida Tren Maya, la administración de las aduanas o la construcción de sucursales bancarias. Como es bien sabido, el regreso del ejército a sus cuarteles no solamente quedó como hueca promesa de campaña, sino que su presencia en las calles del país se ha extenderá hasta 2028, y nadie, en este momento, puede asegurar que no pueda prolongarse a todo lo largo del próximo sexenio… e incluso más allá.
Depositar la continuidad de un proyecto, como la 4T, en los militares es apostar por transferir la confianza hacia una institución cerrada, autoritaria, jerárquica y profundamente opaca, es decir, una institución vertical muy distante de los preceptos democráticos que deberían guiar la transformación del país. Por si fuera poco, las fuerzas armadas arrastran tras de sí un muy oscuro pasado, y un no menos tenebroso presente, que les evidencia como agresoras de pueblos, de comunidades indígenas, de trabajadoras y trabajadores, de estudiantes, de mujeres, en una palabra, del pueblo.
Las fuerzas armadas habían jugado un papel marginal en los asuntos públicos (al menos en apariencia) hasta que, desde el sexenio de Felipe Calderón, y más aún en la actual administración, han jugado un rol cada vez más protagónico. O quizás al revés, me atrevo a presentar la hipótesis, han sido las fuerzas armadas, y en particular el ejército, quién ha dado un paso al frente para ocupar el sitio que anteriores administraciones federales le habrían escamoteado. En cualquiera de los dos escenarios, lo cierto es que la militarización del país es un hecho y hasta el momento no se conocen, al menos no ampliamente, propuestas políticas para desmilitarizarlo en el corto y mediano plazo.
En estas circunstancias, es absolutamente válido, e inclusive necesario, que desde la sociedad civil planteemos a todos los partidos políticos que expongan sus propuestas para desmilitarizar a México. Propongo a usted pensar en al menos tres ejes para la necesaria desmilitarización del país; son tres ejes que bien pueden servir para interrogar a los partidos y sus candidatos.
En primer lugar, y de manera preponderante, para trazar los lineamientos hacia una modernización de las fuerzas armadas a efecto de que abandonen el nefasto papel de espías, infiltrados y represores de organizaciones y movimientos sociales que han desempeñado durante décadas y que tan graves consecuencias han tenido para la democracia en México. De acuerdo con las evidencias de los #GuacamayaLeaks, el espionaje (inteligencia le llaman) de movimientos sociales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, feministas, defensores del medio ambiente y periodistas críticos sigue siendo una actividad realizada por el ejército, incluso en la presente administración. En aras de fortalecer la democracia, la paz y el estado de Derecho, es imprescindible que las fuerzas armadas renuncien a la vigilancia y la represión de quienes simplemente ejercen sus derechos, uno de ellos, el de disentir.
En segundo lugar, para transitar hacia un modelo de seguridad pública civil, pendiente en la agenda de la 4T e imprescindible para alcanzar la paz en el país. Prolongar la presencia del ejército en tareas de seguridad pública expresa la incapacidad del Estado por garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos, por lo que es impostergable diseñar un esquema para que los soldados regresen a sus cuarteles; la seguridad pública no puede ser responsabilidad de los militares puesto que su presencia no solo exacerba la violencia, sino también inhibe las expresiones democráticas populares. En otras palabras, la presencia de los soldados en las calles, los pueblos, las carreteras, las ciudades del país es una estrategia de control político de los movimientos sociales, lo cual atenta contra la democracia en el país. Sin una ruta para devolver a los militares a sus cuarteles, no puede haber proyecto democrático de gobierno.
En tercer lugar, la desmilitarización es necesaria para que las muchas actividades que realizan los militares, y que no están contempladas en su mandato constitucional, regresen a la responsabilidad de funcionarios públicos profesionales, éticos y eficientes. Esta exigencia pasa por el fortalecimiento del servicio civil de carrera, si es que se plantea seguir en la línea de la Nueva Gestión Pública, o bien, en la instrumentación de otros modelos para una eficiente y honesta administración pública.
Son tres propuestas mínimas, de las muchas posibles, que debemos exigir desde ya a los partidos que pretendan nuestro voto en 2024. Es claro que son propuestas que tienen una serie de implicaciones de orden jurídico, institucional, desde luego político, y, prioritariamente, presupuestal, ante las que candidatos y partidos deben posicionarse. Dentro de las posibles implicaciones podemos mencionar reformas al Poder Judicial, a la fiscalía general de la República (cuyo deplorable fiscal general, Alejandro Gertz Manero, estará en el cargo hasta 2029) y por supuesto, en la asignación de presupuestos.
Hablando en pesos y centavos: ¿hacia dónde planean dirigir el gasto público las y los candidatos presidenciales? ¿Hacia el ejército y sus múltiples actividades? ¿Hacia la educación, la ciencia y el arte? ¿Hacia la búsqueda y localización de las más de 100 mil personas desaparecidas que hay en el país? ¿Hacia becas y pensiones? ¿Hacia dónde? Son preguntas pertinentes, en mi opinión, que requieren respuestas claras de quienes pretendan el voto ciudadano para alcanzar la presidencia de México en las elecciones de 2024.
Permítame presentarle el siguiente esquema que quizás nos ayude a ubicar a los candidatos y las candidatas en función de sus propuestas orientadas políticamente hacia la izquierda o la derecha, y sus perspectivas en torno a la militarización o la desmilitarización. Obviamente se trata de una simplificación de realidades de suyo complejas, pero quizás en un afán más lúdico y a la manera del juego de “póngale la cola al burro” el siguiente esquema pueda ser de alguna utilidad:
En términos generales y con sus respectivos grados o niveles, las corcholatas alineadas con la 4T las podemos ubicar en el cuadrante superior izquierdo, con Claudia Sheinbaum mucho más corrida hacia la izquierda, Gerardo Fernández un poco menos al extremo que la corcholata favorita del presidente, Adán Augusto López apuntando al centro, Marcelo Ebrard basculando entre izquierda y derecha y Monreal de plano en el cuadrante superior derecho. Por parte de la oposición no hay mucho qué decir puesto que carece de proyecto, de programas, inclusive de candidaturas más o menos serias. Pero bueno, póngale la cola al burro y ubique en el esquema a quienes han levantado la mano: Lily Téllez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Gabriel Quadri, Santiago Creel, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno más los que se acumulen esta semana.
¿Sabe qué es lo más lamentable? Que el cuadrante de abajo a la izquierda está totalmente desocupado. Ese es el espacio a llenar, la candidatura que no existe y que tanta falta hace: la desmilitarización desde abajo y a la izquierda.
