Edurne Uriarte Santillán
Rompeviento TV
28 de septiembre de 2022
Las ideas para esta entrega caminaban hacia la izquierda y la derecha, pero me desvié por un tema de inmediatez política. Vamos a llegar al objetivo original en otra ocasión, pero de momento permítame sumar a la reflexión de uno de los asuntos públicos inmediatos. El pasado 24 de septiembre, Peniley Ramírez publicó en su columna, Linotipia, del periódico Reforma, el texto «Ayotzinapa, el encubrimiento» —esta y todas las referencias las encontrarán al final—. Su publicación parte de una filtración, que revela información delicada sobre la investigación en curso del caso Ayotzinapa.
Dicho artículo detonó una explosión de comentarios que se centró principalmente en el papel del periodismo. Aunque hay voces que señalan que no debe cuestionarse al mensajero, responsable de la filtración (empezando por la periodista, su fuente y el editor que lo autorizó), sino el contenido que «revela», a medida que avanzan los análisis y posiciones de los familiares afectados, se fortalece este ángulo: que necesitamos reflexionar más sobre el derecho legítimo a la información y el papel de los medios de comunicación.
El derecho a la información
Peniley Ramírez hizo pública, el pasado sábado 24, la filtración del informe administrativo sin testar —es decir, sin ninguna censura—, elaborado por el gobierno federal actual y entregado a la Fiscalía General de la República para la investigación jurídica en curso—. Acompañó su columna con una cadena de tuits en que reveló mensajes que son indicios sobre los eventos de esa noche. Esta información la utilizó para describir, cito su texto, «una nueva cronología de Ayotzinapa». El artículo se escribió, como ella misma afirma, cito «con la misma crudeza como aparece en el documento».
Las publicaciones desataron una borrasca, unos vientos que desde las redes sociales eran una catarsis en pantalla: tristeza, indignación, coraje, Justicia. Las felicitaciones a la autora, así como los mensajes de rechazo, de lectores y colegas periodistas, acontecieron en ambos sentidos. A favor y en contra, la discusión se centró en la función periodística y el papel de la filtración de información en dos ejes legítimos: el derecho a la apertura de información y la posibilidad de justicia, por esta vía, frente a nuestro lento y fracasado sistema judicial.
Los defensores de Peniley, y ella misma, destacaron las filtraciones de Wikileaks; con este argumento, señalaban una aparente contradicción, ¿cómo era posible que el gobierno —y sus seguidores— que defienden la libertad de Julian Assagne, cuestionaran la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía en su conjunto? A mi juicio, el señalamiento debió ser otro: qué es legítimo filtrar y cuáles son las implicaciones «buenas», de impacto social.
La organización de Assagne es eso, una estructura creada con el objetivo de recibir filtraciones que pretenden contribuir a revelar espionaje, corrupción y otras acciones no éticas de distintos gobiernos, así como de otros actores como grupos religiosos y empresas. Sin embargo, los cables no se reciben y se publican en automático; pasan por filtros de análisis, validación e impacto. Las reglas de transparencia y acceso a la información vigilan también daños mayores que los beneficios, como afectar la seguridad nacional y la normatividad a la que se exponen.
Por el contrario, la filtración del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es parte de una investigación administrativa y judicial para un proceso penal abierto, sobre un crimen que involucra a la delincuencia organizada, en complicidad con el Ejército, la Marina, la extinta Policía Federal, anterior Procuraduría General de la Repúbublica (PGR), hoy FGR; ministerios públicos, policías estatales y municipales, así como integrantes del gobierno de Guerrero. La publicación del Reforma no parece haber sido expuesta a ningún proceso de análisis de validez, beneficio, o daño a la seguridad nacional o de las personas involucradas. Aún menos, de las víctimas.
Tampoco reveló información que problematizara ninguna acción ética del gobierno. Por el contrario —como expresan diversos análisis, y si hacemos el ejercicio de revisar las conferencias de prensa realizadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas—, la autora solo publicó, sin filtros, una investigación que ha sido compartida a la ciudadanía, pero que sigue abierta y generando información.
El material testado no se ocultó, estaba reservado, pues expone posibles líneas de investigación, posibles pruebas para la fiscalía. No requeríamos de los detalles que nos expone «con la misma crudeza como aparece en el expediente» para conocer desde dónde se ha construido la investigación. Cuando Alejandro Encinas lo presentó, en agosto de este año, mencionó parte del proceso de trabajo. Entre otros datos, indicó que tenían más de 45 mil documentos de la Sedena, Marina, así como de otras entidades de gobierno y, además, fuentes que llegan directamente a la Comisión.
Además, Encinas señaló que analizaron 87 millones de llamadas telefónicas —17 mil números telefónicos revisados en dos años, así como mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos—; cruces de llamadas identificadas entre grupos delictivos y funcionarios públicos. El informe es parte una investigación más amplia, sustentada por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República y las diligencias que esta ha llevado a cabo. Finalmente, el mayor orgullo del subsecretario: la Comisión ha logrado legitimidad y confianza y eso ha hecho que más gente se atreva a hablar y dar su testimonio.
Así, hay un daño grave a la integridad de varias personas: en primer término, a las víctimas y familiares, ya que, y repetiré la voz de Encinas, es el «interés superior el de las víctimas, y su derecho a la verdad y la justicia». En segundo lugar, a los testigos; el daño a su seguridad y confianza para aportar información. En tercer término, a los funcionarios y participantes de la Comisión, que llevan dos años en una investigación cuyo interés público no puede rebasar el interés de un proceso legal en curso.
Finalmente, en el aparente bien, y en un espíritu de transparencia hacia la ciudadanía, la autora señala que la información estaba oculta; la crudeza del contenido expresa, por sí misma, porqué estaba reservada, no oculta: las cuestiones legales, la protección a involucrados en diversos niveles, y, por supuesto, la dignidad de los familiares y de los jóvenes desaparecidos. Sin duda, en casos como este, la habilidad periodística y la responsabilidad ética no explican, por sí mismas, las causas de un resultado así, ya que siempre hay intenciones políticas en el acto de abrir contenidos sensibles. Veamos.
El caso expresa diversas luchas políticas y sociales frente a la «verdad histórica», que sigue defendiendo su permanencia. Es decir, hay una intención política de la sociedad civil por la verdad. Pero no una verdad histórica frente a otra. Es la lucha entre el ocultamiento del gobierno anterior y la reparación y justicia para las víctimas. Al mismo tiempo, el periodismo, que no es un gremio tan independiente como quisiera, también tiene sus representantes del poder, como políticos y empresarios. Reforma es un periódico que abiertamente se ha opuesto, al punto extremo de construir mentiras y golpes mediáticos al gobierno actual. Las intenciones y los intereses son múltiples.
Así, la filtración del informe de Ayotzinapa, debe valorarse desde los criterios de análisis y responsabilidad ética de la información, en relación con los intereses políticos particulares que posibilitaron esta decisión en aparente bien común general. No es casual que este caso cuente con una Comisión de la Verdad, y que su resolución sea uno de los 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayotzinapa es un bien político; la suma de impedimentos para su resolución muestra, por un lado, una intención de fracaso para el gobierno actual, pero también una pugna al interior del Estado, en diferentes frentes e intereses.
En el ajetreo político, como señala Michael Chamberlin en su columna de esta semana, el acto de filtración señala también debilidades de la Comisión, empezando por su origen gubernamental y que, en este caso, nos muestra que, frente a los intereses políticos y combate desde el interior del gobierno, esta queda en una posición institucional aún más frágil, ya que el golpe mediático atenta contra la confianza a la comisión y su cobijo estatal.
En este sentido, es cuestionable el argumento de que las filtraciones en México, como un acto de transparencia informativa y, por ello, de justicia, al menos simbólica o de denuncia pública —como fue el caso del aclamado «Martes del Jaguar», de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores—, ya que cumplen también intereses políticos. En casos como Ayotzinapa tiene consecuencias hacia la Comisión de la Verdad, la confianza al gobierno federal, e impacta sobre los derechos de la ciudadanía en extenso. De modo que filtración no es sinónimo directo de bien común o de información pertinente.
El gremio periodístico y la opinión pública
De regreso a nuestra reflexión sobre el derecho a la información, tenemos en la opinión pública argumentos éticos y, por otro lado, el efecto y uso político de las filtraciones. Para amarrar algunas ideas en este sentido, y a propósito de lo que describimos sobre el informe del caso Ayotzinapa, me quiero apoyar en el sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002). En un breve y estimulante texto llamado “Ética y periodismo” —publicado en 1996 como ponencia para la inauguración del Centro de Investigación de la Escuela Superior de Periodismo, en Francia—, nos señala el necesario debate sobre la ética en cualquier grupo social o profesión, en este caso particular, el de los periodistas, y que al interior se cuestionen los deberes y principios de su profesión.
Uno de los principios es que esta ética esté aterrizada a contextos reales, pues, en un intento ético general (como el del derecho a la información sin más) se puede «limpiar la conciencia» de personas y grupos (como la autora del diario Reforma), y no tomar conciencia tampoco de las implicaciones de las acciones. Este último aspecto, agrego, es más complejo, ya que las consecuencias no son necesariamente directas. Sobre la filtración en particular, solo podremos conocer su posible impacto, tanto al proceso legal, como para los intereses en juego.
En el sentido de lo antes señalado, la discusión sobre la transparencia y el acceso a la información, en una sociedad como la nuestra, que pugna por verdad y justicia, no es un tema menor. Aun cuando, entre algunos gremios —como ciertos grupos periodísticos, personas relacionadas con la documentación o catalogación de bienes, públicos y privados, así como responsables de publicación de datos, información y contenidos diversos—, contar con un enfoque ético hacia la publicación de datos y de información es una práctica más generalizada, el hecho de que la información requiere de responsabilidad para ser creada o compartida, es un conocimiento menos difundido.
De esta manera, si bien es conveniente que los medios periodísticos dialoguen sobre sus prácticas de responsabilidad hacia la información —debates nunca concluidos, recordemos también discusiones como las imágenes que deben o no compartirse—, contribuye a la audiencia que este diálogo sea abierto. Desde la audiencia, que suma a la opinión pública que en conjunto producimos, también podríamos problematizar más sobre sobre el derecho a la información y sus prioridades.
En ese sentido, y en un México que persigue verdades y justicias no resueltas, ¿cómo contribuyen nuestras posiciones públicas al beneficio de esas causas, a su empatía y comprensión, como las vidas de familiares de más de cien mil desaparecidos? Pensemos, pues, en la discusión ética en un sentido más amplio. Los invito a este autoanálisis, entre otros motivos, porque no es casualidad que, en el caso de filtración descrito, la opinión pública a su favor y en contra, muestra también una división de posturas conservadoras o progresistas, de izquierda o de derecha, un tema que veremos, ahora sí, en nuestra siguiente entrega.
Mientras picamos el ajo de las letras, vamos a cerrar con Respect, de Aretha Frankin, porque lo mínimo que nos toca es respetar el trabajo de otros, la vida de otros y sus batallas:
Referencias:
- Manuel de Santiago Freda. “Wikileaks, periodismo y transparencia: los filtros de las filtraciones”. En Derecom, 2011(4). Documento en línea:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7679735
- Michael Chamberlin. “Las amenazas a la verdad: Ayotzinapa y la Guerra Sucia”. En Rompeviento TV. En línea: https://www.rompeviento.tv/las-amenazas-a-la-verdad-ayotzinapa-y-guerra-sucia/
- Pierre Bourdieu. “Ética y periodismo”. En Revista mexicana de opinión pública. México. UNAM (3) 2007. En línea:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/41720
- 24 de septiembre, 2021. [Video] Conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa. Secretaría de Gobernación. En línea:
https://www.youtube.com/watch?v=VgealYq2zBI
- 26 de agosto de 2022. [Video] Ss Alejandro Encinas, Informe del caso Ayotzinapa en la #ConferenciaPresidente. En línea:
https://www.youtube.com/watch?v=RDMPw23hSko
- 23 de septiembre de 2022. [Video] Informe Caso Ayotzinapa, conferencia 23 de septiembre de 2022. En línea:
https://www.youtube.com/watch?v=D5c0Pc_paIY&t=1222s
- 26 de septiembre de 2022. [Podcast] 8 años de Ayotzinapa, nuevos hallazgos y líneas de investigación. En “El café de la mañana”, En línea:
