Federico Anaya Gallardo
- Érase que se era un Congreso Universitario. Luego de prepararse por tres años, desde la exitosa huelga de 1987, la UNAM había electo siete centenas de delegados estudiantes, profesores y administrativos para discutir con seriedad las reformas que Jorge Carpizo había propuesto verticalmente en 1986. Como delegado estudiante de licenciatura de la Facultad de Derecho, formé parte de la Mesa 7. Nuestro tema era la “Carrera Académica” y era uno de los asuntos en los que Daniel Cazés había vaticinado que habría un necesario consenso. Los problemas eran tan graves (bajos salarios, precariedad del empleo, control político de ingreso y permanencia, falta de evaluación académica) que todas las facciones buscarían sinceramente una solución. Cazés tenía razón. La Mesa 7 se distinguió entre las doce comisiones de trabajo por llevar al pleno un set de reformas de consenso y porque todos los actores representados en ella las defendimos juntos ante la asamblea: desde los chavos brigadistas radicales de izquierda del CCH hasta los señorones directores de instituto de la derecha. Todas las propuestas que llevamos al pleno alcanzaron la mayoría calificada para convertirse en acuerdos “duros” del Congreso. Algún día habría que recapitular esa experiencia y ver qué hizo con esas propuestas el Consejo Universitario (o más bien, que dejó de hacer).
El día de hoy me referiré sólo a dos de los problemas que mencioné: bajos salarios y precariedad del empleo. La propuesta de consenso era aumentar salarios y dar seguridad laboral a todas las personas a través de una evaluación académica no manipulada políticamente. Cuando terminamos los debates dentro de la Mesa 7, las y los delegados estudiantes de CCH (desde la izquierda radical) preguntaron que de dónde saldría el presupuesto para cumplir con el arreglo. Les secundaron las delegadas profesoras de la Preparatoria Nacional (ubicadas en la derecha institucional). De nuevo Cazés: más allá del cristal ideológico a través del que se mirase, todos reconocían las causas materiales de los problemas. El necesario consenso implicaba duplicar el presupuesto anual dedicado a salarios. El director del Instituto de Física, que encabezaba la bancada institucional (derechas) en la mesa, se comunicó con el gobierno federal y nos aseguró que, si la propuesta prosperaba, Hacienda financiaría el esfuerzo.
Durante las décadas que siguieron, la UNAM efectivamente recibió más recursos y mejoró, en algunas áreas y facultades, la situación laboral de su personal docente. La idea de que las evaluaciones académicas debían sustituir a la designación política del profesorado se ha vuelo hegemónica –aunque siguen existiendo espacios en los que impera la “vieja escuela”. Esto explica la estabilidad docente de la institución en las últimas tres décadas. Pero, hasta donde sé, nunca se expidió el nuevo Estatuto de Personal Académico que se propuso en el Congreso de 1990.
Empecé con esta anécdota del “preclásico tardío” para explicarte, lectora, el contexto estructural sobre el que los marqueses Gertz y Sheridan debaten la “pertenencia” al SNI. El Congreso Universitario y las negociaciones que recapitulé ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas, pero el SNI había nacido bajo la administración de De la Madrid. Un detalle esclarecedor es que, en aquellos años, CONACyT era parte del sector financiero y no del educativo. Las dos crisis económicas en que terminaron los sexenios de Echeverría y López Portillo habían erosionado los salarios de toda la sociedad y la respuesta específica del gobierno federal al “sector académico superior” fue asegurarle una nueva vía de financiamiento coordinada a nivel nacional. El SNI nació como un complemento salarial otorgado directamente por la Federación –que así podía modular centralmente el flujo de los recursos que recibía la élite universitaria.
Hoy en día, todos aplaudimos que el SNI haya uniformado los sistemas de evaluación del trabajo académico. Precisamente por eso es que el marqués Sheridan puede juzgar atrabiliariamente la obra del marqués Gertz. Pero esta “dimensión académica” no era ni el principal ni el original propósito del sistema. Las cosas buenas suelen tener orígenes sencillos, humildes o crasos. El SNI se ha presentado siempre como una “distinción” al “mérito académico”, pero fue y sigue siendo un complemento salarial. Vale la pena recordar esto pues sólo así se entiende por qué la actual administración de CONACyT retiró el beneficio económico SNI a las personas investigadoras en instituciones privadas: ¿Por qué el Estado debe pagar un complemento salarial a los empresarios privados que emplean a esas profesoras y profesores? Tal vez sería bueno que todas las Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas) recordasen que son ellas la “parte patronal” que tiene la obligación de pagar salarios decentes y justos a su personal académico.
Con el contexto anterior, lectora, te invito a analizar un detalle del debate entre los marqueses Sheridan y Gertz. De acuerdo con una nota de Animal Político del 29 de julio de 2021, Gertz “incumplía requisito sobre el periodo de estudios de licenciatura” (sigo el titular del reporte de Nayeli Roldán, Liga 1). Resulta que uno de los requisitos para ingresar al SNI era que hubiese pasado “un máximo de 15 años entre la conclusión de los estudios de licenciatura y la solicitud de ingreso al sistema de estímulos”. Y en el caso del marqués Gertz, quien concluyó su licenciatura en 1962, en 2010 “habían pasado 48 años”.
Cuando CONAPRED analizó finalmente el fondo del caso, pidió a CONACyT que le explicase los requisitos. La justificación del plazo máximo de quince años entre licenciatura y solicitud de ingreso era “que, en dicho lapso se alejan de la actividad intelectual y hay una desactualización cognitiva y operativa en la persona”. Esto, de acuerdo con el reporte que el director del SNI, Mario de Leo Winkler, mandó en 2019 a la agencia antidiscriminación federal.
Desactualización cognitiva y operativa. ¡Vaya afirmación! Puedo imaginar la indignación que este criterio causaría a mi maestro Gutiérrez y González –quien, acaso, sólo por el placer de litigar contra tal despropósito, habría pedido su ingreso al SNI. Pero don Ernesto murió hace 16 años. Un amigo, abogado litigante, opinó la semana pasada del requisito: “Es una categoría sospechosa. No es un parámetro racional para calificar o descalificar a un investigador o investigadora”.
Sospechemos con sistema. Esas reglas, aunque irracionales, tenían su razón de ser. ¿Por qué el SNI prefería a solicitantes que habían obtenido su licenciatura no más de 15 años antes? Sucede que CONACyT, a través del SNI, estaba modelando una carrera académica nacional, un cursus honorum uniforme, que estandarizase las plantillas docentes de todas las instituciones de educación superior. Para ello, el SNI requería escoger a sus nuevos integrantes entre personas jóvenes.
¿A qué se refería la idea de desactualización? Aquí, CONACyT estaba defendiendo la idea de especialización de las tareas docentes en el nivel superior. La desactualización sería cognitiva porque, si la persona solicitante se separó del “ambiente académico” más de tres lustros, era altamente probable que no estuviese al día en los debates de su disciplina. La desactualización también es operativa porque en quince años las instituciones de educación superior pueden transformarse mucho y eso hacía muy probable que la persona tendría problemas para entender cómo se maneja el día-a-día de la vida académica.
La consecuencia positiva de la regla es fortalecer comunidades académicas autogestivas y una cultura de pares académicos. Comunidades así serán capaces de imponer criterios académicos y nacidos de su propia lógica de investigación a la hora de aceptar nuevas personas en la planta docente. Esto es un baluarte en contra de la designación política y el amiguismo. (En este sentido, la regla puede leerse como secuela de las demandas de la izquierda en la UNAM del Congreso de 1990.)
La consecuencia negativa es que esta regla separa a las comunidades académicas del resto de la sociedad. Lo anterior se explica (y hasta justifica) en disciplinas como Física o Matemática, cuya especialización se da solamente (o primordialmente) en espacios académicos institucionalizados. Pero tanto explicación como justificación se debilitan en disciplinas que requieren (y dependen) de la realidad social, como la Antropología y el Derecho. Precisamente por esto es que la norma debe considerarse discriminatoria. Y la discriminación es más alta (y evidente) en ciencias sociales –en las que la posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia valiosos fuera de los espacios académicos es mayor.
Que el marqués Gertz pretenda ser SNI sólo puede explicarse por su conducta cortesana. Para todos es evidente que lo único que le interesa es la apariencia de la “distinción”, el supuesto “honor” de contarse en la “aristocracia” académica que se ha formado en ese sistema. En el mismo plano está la “indignación” del marqués Sheridan. Por lo mismo es que podemos (y debemos) ridiculizar sus actitudes. Pero aprovechemos para desentrañar cómo es que está (y cómo debiese estar) organizada la Academia. Sobre esto abundaré en las entregas que vienen.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.animalpolitico.com/2021/07/gertz-requisito-estudios-licenciatura-investigador/
