República y Cátedras-CONACyT

13 septiembre, 2021

Federico Anaya Gallardo

Querida lectora, he de molestarte un poco más con las aventuras que desde hace mucho viven las y los habitantes del reino de Academia. Te cuento que el día sábado 4 de enero de 1868, El Siglo XIX, que en ese momento era dirigido por el gran liberal Francisco Zarco, publicó, como parte de su crónica de los debates parlamentarios, que el día anterior, viernes 3 de enero, en la Cámara de Diputados federal, “se dió lectura a una exposición en que el C. José Riva Palacio, pide al Congreso se le dispense de los estudios de procedimientos y derecho internacional, á reserva de examinarse de ellos para poder recibirse de abogado. La hicieron suya dos CC. representantes, y la diputación de Durango”. (Liga 1.) Para suerte del solicitante, el Congreso de la Unión era unicameral en esos días. De otro modo, su dispensa habría tenido que ser aprobada no sólo por los diputados, sino por los senadores. (Al parecer, este Riva Palacio, como todos los de esa familia, tuvo una vida y una muerte interesantes, pero esa es otra historia que deberé contarte en otra ocasión.)

La pregunta es: ¿a qué tenía que intervenir la legislatura federal en la aplicación del plan de estudios de la carrera de Derecho? Resulta que en el mundo liberal (que es el mundo en que vivimos hasta el día de hoy) la impartición de conocimientos útiles es una cuestión de interés público. Así, los títulos de grado académico se expedían por los ciudadanos gobernadores o por el presidente de la República. Te comparto, lectora, la imagen del primer título universitario que hubo en mi familia: En 1910 Federico Anaya Mayagoitia se recibió de “Yngeniero Topógrafo é Hidromensor” en tanto que demostró ante el gobernador del estado de San Luis Potosí “tener hechos los estudios tanto preparatorios como profesionales que fija la Ley de Ynstrucción secundaria vigente para [esa] carrera”. Aparte, había sustentado “el examen técnico práctico respectivo”, todo en el “Ynstituto Científico y Literario” del estado –que hoy día es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Te aclaro que la foto a la izquierda es la de mi bisabuelo y que el nombre resaltado dentro del cartel central (José M. Espinosa y Cuevas) es el del gobernador potosino, quien “á los que el presente vieren hace saber” que ese primer Federico de mi familia había terminado su carrera y por lo mismo podía ejercer la profesión que había estudiado. (En esos días aún no se distinguía entre título y cédula profesional, como hoy hacemos, pero esa es otra historia y debe contarse en otra ocasión).

En el mismo San Luis Potosí, trece años antes, en 1897, Jesús Villalobos, quien no había cursado estudios universitarios ó profesionales en instituciones reconocidas oficialmente (perdón por seguir acentuando estilo decimonónico... pero tiene su encanto), presentó su examen profesional para ser reconocido como abogado ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de San Luis Potosí. El tribunal planteó al abogado un caso y Villalobos presentó por escrito su resolución al mismo, exponiéndola luego verbalmente y sujetándose a las preguntas que le hicieron los magistrados. El periódico El Estandarte publicó esa resolución felicitando al viejo litigante y nuevo licenciado.

Si la función social educativa es atribución del poder público, entonces los órganos constitucionales de ese poder son los que tienen la facultad originaria de (1) impartir instrucción, (2) organizar programas de estudio obligatorios, (3) reconocer los conocimientos que tengan las personas en su jurisdicción, (4) autorizar dentro de su territorio el ejercicio de trabajos que requieren un conocimiento especializado y (5) organizar las tareas de formación de docentes que impartan la instrucción. Por lo mismo, en el México de circa 1900, quienes firmaban los certificados de estudios ó títulos profesionales eran los gobernadores de los estados y el presidente de la República en el DF y Territorios Federales.

Por lo mismo, en 1868 el Congreso de la Unión debía autorizar que un joven estudiante de Leyes que no tomase dos cursos –y que se examinara de ellos al final de su carrera. Por lo mismo, el supremo tribunal potosino examinaba al abogado Villalobos en 1897. Por lo mismo, el último gobernador porfirista de San Luis firmó el título de mi bisabuelo. (Juventud es destino... ese Federico siguió admirado al viejo régimen toda su vida, pero esa es otra historia y debe contarse en otra ocasión.)

En un México (el nuestro, del siglo XXI) en el que el tipo de educación superior se imparte principalmente a través de universidades públicas autónomas ó privadas con reconocimiento-de-validez-oficial (RVOE), suenan extrañísimos los ejemplos que te comparto, amiga lectora. Pero esta era (y sigue siendo) la regla básica de nuestro sistema educativo –que nació al restaurarse la República en los días de Zarco y Juárez.

Todo lo anterior nos sirve para comprender por qué el Estado mexicano tomó directamente en sus manos el asegurarse que las personas encargadas de la docencia en las instituciones de educación superior (IES) contaran con estándares de excelencia. Como las IES –esas que durante el siglo XX recibieron de la República la encomienda de organizar la educación superior– no abrían nuevos puestos académicos, entonces la Federación creó directamente esos puestos a través del programa Cátedras-CONACyT.

Vistas las cosas desde la perspectiva que te propongo, respondamos a las preguntas que planteó en 2014 el doctor Manuel Gil Antón sobre Cátedras-CONACyT: “¿Y la autonomía? ¿Las disposiciones constitucionales y legales? ¿Libertad de investigación? ¿Precariedad laboral? Un fantasma recorre al país: frente a la desconfianza en las entidades o instituciones, en lugar de impulsar regulaciones y mecanismos de transparencia, se opta por un centralismo apabullante, al lado o por encima de la ley.” (Liga 2.)

En realidad, no es centralismo, sino el viejo sistema liberal que sigue funcionando. Cuando fallan quienes recibieron la encomienda de la República, esta retoma la iniciativa. Por supuesto, retornar a las facultades originarias de la Federación en esta materia es cosa grave, y hacerlo sin cuidado es muy peligroso. Gil Antón atina al defender la descentralización ya realizada. El ejercicio central de atribuciones puede ser ocasión de graves pecados.

En 2019 Ernesto Villanueva nos explicó por qué el doctor Enrique Cabrero Mendoza (director peñista de CONACyT) atacaba con tanta vehemencia a la doctora María Elena Álvarez-Bullya (la actual directora). Allí venimos a enterarnos de que al implementar Cátedras-CONACyT “lo que se hizo... fue atraer a doctores becados por @Conacyt_Mx afines al grupo de Cabrero...” pero que no se incorporaron a las IES receptoras y, por lo mismo, permanecieron como docentes adscritos a CONACyT “generando una clientela artificial [un funcionariado académico] ... muy útil para crear ‘inconformes’, dispuestos a luchar para que no cambiara la cultura de privilegio a que dio vida Enrique Cabrero” en CONACyT. (Liga 3.)

El escenario planteado por Villanueva no es el peor, lectora. Oyuki Arce Miyaki y Redi Gomis Hernández nos explicaban, también en 2019, que “la identidad preferida de los catedráticos [CONACyT] no es de carácter institucional [en las IES receptoras]. Mas bien se expresa en torno a todo lo que representa la actividad académica –no sólo de investigación, también publicaciones, asistencia a congresos, etc. Curiosamente la docencia, a pesar de ser también una actividad académica en sentido estricto, no lleva la misma fuerza identitaria que las otras, todo lo cual se traduce en proyectos de desarrollo personal altamente individualizados.” (Liga 4.) Se trata de catedráticos “libres” que responden sólo a los proyectos financiados a través del programa y no necesariamente a los intereses de las comunidades académicas en las que deberían insertarse.

En otras palabras, el funcionariado académico creado por Cátedras-CONACyT tiende a ser infiel a su nombre, porque cátedra implica que la labor docente es central. Esa labor implica estar inmerso en una comunidad académica, dar clases, comprometerse en la tarea de identificar a las personas jóvenes que mañana podrán ser ellas mismas catedráticas. Por eso es que en el programa Cátedras-CONACyT se recalcaba el deber de las IES de facilitar el ingreso de las y los catedráticos que “les prestaba” CONACyT. El proyecto era un pretexto, el objetivo era insertar a los jóvenes talentos en las IES.

Villanueva nos reportaba en 2019 que apenas el cinco por ciento de los becarios del programa estaban siendo admitidos en las IES receptoras. Este es un reto aún pendiente de resolver.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:

http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a3e187d1ed64f171699eb?intPagina=2&tipo=pagina&anio=1868&mes=01&dia=04

Liga 2: