Natalia De Marinis y R. Aída Hernández Castillo
El 10 de diciembre pasado, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejando Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, comunicó una decisión tomada desde el gobierno federal, de reabrir el caso de doña Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años de edad, presuntamente violada y asesinada por miembros del ejército en febrero 2007. Su caso fue cerrado en menos de tres meses, mediante el establecimiento de la falta de acción penal y la conclusión de que Ernestina Ascencio había muerto de gastritis. La ciudadanía se enteró de esta decisión de la voz del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, mucho antes de que se diera por concluido el proceso judicial.
La decisión comunicada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue tomada luego de que el pasado 4 de diciembre se llevara a cabo la audiencia de Fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la que se supone hubo representación del Estado. En dicha audiencia, el Fiscal General del Estado de Veracruz, Hernán Cortés, el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Daniel Adalberto Pereyra, y el director general de derechos humanos de la cancillería, Christopher Ballinas Valdés, sostuvieron la vergonzosa “verdad histórica” usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del ejército mexicano. Esta fue la postura del Estado en ese momento, pero no la del gobierno federal comunicada casi una semana después. Más allá de constituir una contradicción y de evidenciar la descoordinación dentro del propio Estado ante una instancia internacional, este cambio de parecer ha sido recibido -y con razón- como un nuevo agravio por parte de las organizaciones peticionarias ante la CIDH. En un comunicado de prensa, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), la organización Kalli Luz Marina y las organizaciones de derechos humanos Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) manifestaron su preocupación porque en la audiencia se haya presentado una postura a nombre del Estado, que no era tal, lo cual es una falta grave ante las peticionarias y la CIDH. Esto revela de manera clara en qué lugar de prioridades están casos como estos, de mujeres indígenas violentadas permanentemente por las instancias de justicia mexicanas. Quedó en evidencia que el Estado no se preparó para esta audiencia, agraviando nuevamente la memoria de Ernestina y a las organizaciones peticionarias y dando continuidad a las violencias institucionales racistas que ella y su familia han vivido en estos trece años.
No obstante, este giro en la postura del Estado y la posibilidad de reabrir este caso lleno de irregularidades, se recibió como una posibilidad y horizonte de justicia. Pero para que esto sea posible consideramos importante reconocer el contexto de violencias y racismos estructurales y voltear la mirada a otras instancias de justicia que no sea la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cuyas violaciones al proceso judicial fueron demandadas ante la CIDH. ¿Cómo poner la investigación en las manos de la parte acusada, la cual mostró su completa incapacidad para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos? Es importante recordarle al subsecretario Alejandro Encinas que esta Fiscalía a la que quiere encomendar la investigación reconoció en la audiencia pública de la CIDH que, cumpliendo las recomendaciones de la CNDH, sancionó a los médicos legistas que certificaron la violencia sexual.
Es fundamental reconstruir la genealogía de agravios y violencias burocráticas que han posibilitado la impunidad por más de una década y analizarlos como parte de los racismos estructurales que hacen que la violencia hacia las mujeres indígenas se profundice cuando demandan justicia al aparato estatal. Con este fin, elaboramos para la CIDH un informe antropológico en forma de Amicus Curie para contextualizar este caso en el marco del impacto regional de la militarización y del continuum de violencias racistas que ha vivido la población nahua de la Zongolica. En este documento, que presentamos ante la CIDH para la audiencia de fondo del 4 de diciembre, hemos planteado elementos para entender el contexto de múltiples violencias, exclusiones e impunidad que posibilitaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio, así como las condiciones que deben tomarse en cuenta en una posible reapertura del caso y para resarcir el agravio. Documentamos las desigualdades estructurales que posibilitaron la violencia y las prácticas institucionales que la reprodujeron, y argumentamos que casos como el de Ernestina Ascencio no pueden verse como experiencia excepcional incidental de carácter individual.
La dilación en la atención médica que recibió Ernestina, la discriminación al no contar con apoyo de un intérprete, el trato que recibió su cuerpo al ser exhumado para justificar una necropsia que diera fundamento a la versión presidencial, las violaciones al debido proceso de una investigación que se centró en su cuerpo como único testimonio válido, representan agravios agudizados por el racismo y la exclusión que enfrentan las mujeres indígenas en los espacios institucionales. En nuestro Amicus damos cuenta de ese contexto de impunidad que prevalece en geografías racializadas como la Zongolica, y planteamos la necesidad de implementar un análisis integral que no se limite a la investigación penal formalista, y que permita comprender las múltiples violencias que afectan la vida de las mujeres indígenas. No puede ser ignorado el proceso de militarización en el que se dio la muerte de doña Ernestina, y que fue denunciado tiempo antes por las autoridades locales por estar violando derechos reconocidos, nacional e internacionalmente, a la libre determinación de los pueblos. Las recomendaciones presentadas en el Amicus toman en cuenta estos elementos y van en un camino distinto a lo planteado por el subsecretario Alejandro Encinas.
Tomando en cuenta las irregularidades que caracterizaron la falta de acción penal y la nula investigación que permitiera acceder a la verdad en lo que respecta a los agravios que llevaron a la muerte de la Señora Ernestina Ascencio, creemos que no debería de ser la misma Fiscalía, acusada de obstruir el derecho a la información, la que se encargue de la investigación. Recomendamos que se cree un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, a cargo del Estado, que pueda revisar el caso y sugerir líneas de investigación para acceder a la verdad y la justicia. Esta investigación deberá realizarse con determinación y eficacia, integrando un análisis de contexto que permita entender el vínculo entre las violencias estructurales y las violencias extremas sufridas por la víctima y que agote todas las líneas de investigación que fueron desechadas en el proceso de justicia penal.
En el Amicus recomendamos también perspectivas integrales para la reparación, argumentando que en los casos de violencia sexual y feminicidios de mujeres indígenas no es suficiente incorporar una perspectiva de género como herramienta en los procesos de resarcimiento. Para lograr medidas de reparación que vayan más allá del statu quo ante bellum, y transformen las condiciones estructurales que hicieron posible el agravio, resulta fundamental reconocer otros ejes de desigualdad que marcan la vida de mujeres pobres y racializadas.
