Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 5 de octubre de 2021
La masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco es el evento represivo más emblemático de la guerra contrainsurgente del gobierno mexicano de las décadas de los años 60 y 70, que dejó cientos de muertos y desaparecidos. Quizá por eso el Subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, escogió ese día para dar a conocer un decreto presidencial, como reportaron los medios, que crea la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. Los objetivos de esta Comisión son aclarar la verdad, dar acceso a la justicia, reparar el daño y recuperar el derecho a la memoria de quienes fueron víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
Esta comisión llega tarde. Fue una de las más urgentes demandas de la transición al final del régimen priista de 70 años en el año 2000, que el presidente Fox concretó en una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que murió sin resultados y con diversas versiones de un borrador de informe final que se filtró a la prensa. Con la FEMOSPP se perdió también la oportunidad de aprender del pasado para no repetirlo.
Una Comisión de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico no sólo tiene la finalidad de resarcir a las víctimas en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, también tiene un papel de reconstrucción del tejido social al apuntar las causas que llevaron al horror y establecer medidas adecuadas de carácter estructural para la no repetición. Esta Comisión recién creada no parece contener esta dimensión, básicamente porque para generar condiciones donde no exista violencia social o política, ni violaciones graves y masivas a derechos humanos, tenemos que revisar a fondo también nuestra historia reciente.
Si la historia de Tlatelolco se repite en Ayotzinapa; si a las víctimas de Atoyac le siguen las de Acteal, el Charco, Allende, Camargo y un largo etcétera; si Rosendo Radilla hoy se llama Samir Flores; si los perseguidos de la Liga 23 de Septiembre se repiten en los zapatistas, en la APPO, en periodistas y defensoras de derechos humanos y de la tierra; si Ciudad Juárez se trasladó a Ecatepec y a cualquier otra ciudad de este país; si el Comité Eureka se replica ahora en decenas de colectivos de madres buscando a sus hijos por todo el país, ¿acaso las medidas de no repetición no deberían comprender los distintos contextos de violencia de 1960 a la fecha?
Al presentar la iniciativa en el nuevo Sitio de Memoria de Tlaxcoaque, un centro de tortura que se encontraba en los sótanos de la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, el Subsecretario Encinas señaló que la Comisión tendrá cinco componentes:
El primero es el de la verdad y el esclarecimiento histórico “que tendrá acceso a los archivos e instalaciones de todas las dependencias, incluido el de las Fuerzas Armadas”; el segundo será un Comité de Impulso a la Justicia “para que toda la evidencia que se acumule se pueda integrar, se judicialice y se castigue a los responsables”; otro más es un Plan de Búsqueda que será fortalecido por la Comisión Nacional de Búsqueda; habrá un Plan Especial de Reparación y Compensación, en el cual se atenderá de manera integral la reparación al daño cometido contra las víctimas, empezando por la justicia y después con todos los apoyos que se requieran por los agravios cometidos, incluso en comunidades enteras, durante la guerra sucia; finalmente las acciones para la memoria y garantías de no repetición para dignificar la memoria de las víctimas. Con todo respeto, las medidas de no repetición no son acciones de memoria.
Me pregunto si para dar vuelta a las páginas de la violencia que aún sufrimos y que la historia del terror de Estado no se vuelva a repetir, ¿acaso no sería importante conocer la verdad también de la contrainsurgencia en Chiapas y la llamada “guerra contra el narco” que sigue hasta nuestros días?, ¿no es necesario saber qué pasó realmente en Acteal o Ayotzinapa, por mencionar otras masacres emblemáticas, y abrir los archivos militares y todos los que hagan falta, también de 1990 a la fecha?; ¿acaso habrá justicia plena sin incluir a los cien mil desaparecidos, casi todos del sexenio del presidente Calderón a la fecha?, ¿tendrán que esperar 50 años como las víctimas de Tlatelolco?, ¿qué política de justicia transicional está elaborando el gobierno federal para “que no quede ninguno de los responsables sin la sanción legal que corresponde por las violaciones graves a los derechos humanos en que incurrieron”, como apuntó el Subsecretario?
Encinas afirmó que “no basta quedarse en recordar el pasado y cerrar un ajuste de cuentas de verdad y justicia, sino ver hacia adelante y generar las condiciones para que estos hechos nunca se vuelvan a repetir”. Si es así, entonces una Comisión de la Verdad para el periodo 1960-1990 es una respuesta parcial e insuficiente que, en el mejor de los casos, dignificará a las víctimas de aquel entonces, pero se saltará un pedazo largo de historia de agravios y crímenes atroces, y sobre todo miles de víctimas demandando verdad y justicia, que no permitirán “ver hacia adelante”. No demerito la iniciativa, pero no le alcanzará a la 4T para establecer medidas de no repetición que acaben con esta larga noche de sufrimiento y violencia.
