Edurne Uriarte Santillán
Rompeviento TV
31 de agosto de 2022
[…] el misterio individual sigue atormentando al memorista
V. Nabokov. Habla, Memoria
Nombrar es recordar; por lo tanto, la palabra es memoria. Memoria, verdad y justicia son palabras que denuncian y traen al presente, como hechos vivos, daños graves en contra de la ciudadanía por parte del Estado mexicano. Eventos que ocurrieron en el pasado, pero que han dejado heridas abiertas; hechos históricos que invocan a la memoria en presente. En México hemos iniciado un proceso, nuevo y esperanzador, de búsqueda, verdad y reparación de las acciones de los gobiernos mexicanos en el periodo de 1965-1990 en contra de su población civil. Acciones que incluyeron desaparición forzada, desplazamiento, asesinato, tortura, agresiones y violaciones sexuales; en suma, violaciones graves a los derechos humanos.
La reflexión que les comparto este día parte del «Evento de Apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico», ocurrido el 22 de junio del año en curso. En particular, ha sido mi interés explorar la memoria y la historia, componentes tanto de la agenda política del gobierno de AMLO como de diversos colectivos y grupos sociales. Para acercarme a este tema, conversé con Rocío Ruiz Lagier, antropóloga y profesora de la UAM Iztapalapa, ya que su área de investigación se relaciona con procesos de construcción de identidades, prácticas ciudadanas y políticas de memoria y reparación. Ella amablemente aceptó una entrevista de trabajo, misma que encontrarán al final de este texto.
Nombramos la historia en presente: la «guerra sucia» en México (1965-1990)
El pasado 22 de junio presenciamos un evento de gran interés: abrir los archivos de las fuerzas armadas para documentar con fuentes primarias un periodo oscuro del Estado mexicano. Lo anterior como parte de las acciones coordinadas por la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990. Se le llama «guerra sucia», aunque para muchos lo preciso es terrorismo de Estado. Esta nomenclatura, y su persistencia, son el primer indicio del gran silencio que rodeó a esos años.
Tanto la comisión como un evento de apertura de archivos de las fuerzas armadas encabezan iniciativas de múltiple importancia: son reconocimientos de que el Estado mexicano cometió graves daños a su ciudadanía; es también reconocimiento a la voz de las víctimas y familiares de las personas asesinadas, desaparecidas y violentadas en ese periodo. Además, el evento se realizó en el Campo Militar núm. 1, lugar en que ocurrieron actos atroces por los que no ha pagado nadie y, finalmente, sentó a los militares frente a las víctimas.
Sin embargo, el espíritu esperanzador con el que abrió este día —con las palabras del subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas—, tuvo un revés inesperado, con el discurso del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en que reconoció a los militares «caídos» durante dicho periodo, cuyos nombres quedarán registrados en un memorial militar. Con ello, no se reunieron solo militares y víctimas, sino «caídos» y víctimas.
Víctimas no tiene cuestionamiento: son los agraviados por el Estado, pero ¿caídos? ¿Se les puede llamar realmente así a los militares que, en aparente ejercicio de sus deberes, agredieron y reprimieron a una sociedad por sus causas y manifestaciones? Este es uno de los tantos problemas que nos ha dejado el discurso del secretario y que, desde mi punto de vista, pone en evidencia un problema: el derecho a la memoria, al recuerdo y al reconocimiento en la historia.
Entre las explicaciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, hay dos elementos de interés para nuestra reflexión. El primero es que el llamado timing, o tiempo político, fue poco oportuno. Quizá parecía un paso a la reconciliación, pero, decir que los soldados son «caídos» y que sus nombres deben quedar inscritos en un memorial militar —en un evento que marcaba apenas el inicio de un proceso de investigación en archivos—, quizá debió plantearse como un deseo hacia la reconciliación, no en afirmativo como se hizo.
Al momento, los ciudadanos agraviados no dudaron en reclamar: verdad, justicia, memoria. Así, el segundo elemento lo tomamos de esta reacción, en particular nos interesa el de la memoria. ¿Qué narrativas se define en un proceso de verdad y esclarecimiento histórico? ¿Cómo se van a construir esos recuerdos?
La memoria y la historia: recuerdo en acción
La memoria es identidad: es un acto y un derecho individual a contar nuestra historia y a decidir cómo ha ocurrido nuestra vida. Sin embargo, hacemos la vida con otros y resulta que, aunque sea propia, no la contamos nada más nosotros. Y no solo eso, las sociedades también tienen procesos de identidad y de narración; es decir, tienen voz y memoria; o más bien, voces y memorias expresadas por medio de la sociedad organizada, las comunidades, los colectivos y las colectivas. Pero también desde el Estado y su estructura cívica y armada hay intenciones de memoria e historia.
Del mismo modo, una parte de los eventos que le dan sentido e identidad a una comunidad, un grupo, un pueblo o una nación, quedan registrados como Historia, en mayúsculas: libros, archivos, discursos políticos. Nuestra sociedad tiene un complejo sistema de patrimonio histórico en que la memoria se acerca más a la acción viva de recordar, con personas en vida, mientras que la Historia se ajusta más bien a una forma disciplinada y organizada de reconstrucción de hechos que no necesariamente implican posicionamientos políticos o procesos vividos por las personas que los reconstruyen.
Como nos señala Rocío Ruiz, el estado y sus ciudadanos están enmarcados en procesos de disputa entre la memoria y la historia construidas por el gobierno; historias hegemónicas frente a las acciones subalternas que se han confrontado con el recuerdo y el silencio al que fueron relegados. Cito sus palabras: «En el caso de la ʿguerra suciaʾ hubo una política de olvido, que es distinto a cuando se matiza, cuando se hace apología de otros personajes, cuando se modifica la historia, una historia ya legitimada como en los libros de texto. Los eventos de terrorismo de Estado de la ʿguerra suciaʾ […] se negaron, se silenciaron, eso nos ubica en un contexto específico de la memoria.»
Así, la suma de eventos históricos y políticos silenciados, como estos, lleva, en su naturaleza, una condición de lucha social. Difícilmente encontraremos procesos de reivindicación social que no escenifiquen este tipo de tensiones. Esto es así porque el hecho central que está en juego en estos procesos es la supuesta seguridad nacional, expresada a partir de la acción del Estado sobre la acción ciudadana, y que usó a las fuerzas armadas que dirige «legítimamente», y por definición. De ahí parten todos los eventos, una lógica de dominación, de control; un tipo de orden social y sus pactos.
La llegada de una gestión pública más cercana a la ciudadanía, en 2018, ha sido un catalizador de las numerosas peticiones de justicia social, por medio de distintas expresiones como las peticiones de perdón del gobierno federal a distintas personas y grupos sociales, la apertura de sitios de memoria, así como la creación de comisiones de la verdad como la del caso Ayotzinapa y la «guerra sucia». Esta agenda no se lee como parte de los 100 compromisos de AMLO, dice nuestra entrevistada; sin embargo, expresan una intención, una agenda que puede contribuir al diseño de una política pública sobre la memoria. En este sentido, las iniciativas mencionadas, junto con el interés de colaborar con grupos similares en otros países, como Colombia, son pasos iniciales hacia el reconocimiento y otros procesos de verdad y reparación.
El campo de batalla existe, pero en condiciones muy diferentes frente a otros procesos de verdad y justicia que hemos vivido en nuestro país. Si bien en México existieron ejercicios como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), entre 2002 y 2007, que tuvo como fin conocer la verdad sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos de México, en los años sesenta, setenta y ochenta, esta fue una promesa de campaña que pronto se evaporó.
En contraste, estamos frente a un Estado que reconoce los agravios de sus predecesores. Tan solo en los casos de las comisiones vemos dos narrativas de Estado que se resquebrajan para posible beneficio de nuestra sociedad. Por un lado, el derecho a la verdad frente a la «verdad histórica» construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el caso Ayotzinapa y, por otro, el derecho a existir en la historia, con víctimas y responsables, como ha sido el terrorismo de Estado ejercido en la segunda mitad del siglo XX mexicano.
Para el caso concreto de la comisión de la «guerra sucia» vemos un fenómeno interesante para la discusión. Por un lado, el derecho político, vivo y en acción, a los procesos sociales de memoria y de reconocimiento ante hechos que siguen en la impunidad. Por otro lado, la posibilidad de replantearse la investigación histórica de esos años a partir del trabajo de apertura de archivos.
La frágil línea de reconciliación Estado-ciudadanía
Nos queda claro el derecho a la memoria para la sociedad, pero en este proceso no termina de ser claro en qué sentido, desde la ciudadanía, podemos dar sentido y legitimidad al derecho de los militares a su memoria. Si bien el presidente señala puntualmente a la autoridad civil como la primera responsable de las acciones de las fuerzas armadas, al mismo tiempo, solo los procesos de verdad y justicia nos dirán hasta qué punto sus acciones son realmente resultado del mandato civil.
Lo anterior genera dudas, ¿cómo distinguir una violación sexual, una desaparición forzada o un asesinato extrajudicial, entre un acto individual y una orden superior? Para llegar a una conclusión de este tipo, ¿no sería conveniente revisar el marco jurídico de las fuerzas armadas? ¿No podríamos, en ese sentido, ampliar el incipiente diálogo entre militares y ciudadanía?
Con o sin mandato, las fuerzas armadas han actuado con total impunidad en México. Por ello, difícilmente logrará nuestro presidente avanzar en una iniciativa de reconciliación si las distintas partes que componen al Estado —sus fuerzas armadas y cívicas— no reconocen este principio y si no se enuncian responsables antes que «caídos». Estos y tantos elementos más se suman a los retos de esta gran oportunidad de gestar, como bien sugiere Rocío, una política pública de la memoria, un instrumento que va más allá de la voluntad del gobierno en turno y que puede contribuir a hacer visibles numerosos casos que siguen en espera de verdad, justicia y reconocimiento.
Esta esperanza va acompañada del gran temor de quedarnos en el plano simbólico del discurso político y la petición de disculpa. Sin duda, esperamos mucho de nuestro gobierno. Para cerrar, de nuestra entrevistada retomo algo que ella escribió: que la necesidad de vislumbrar una política de la memoria debe estar dirigida a la sociedad más extensa, no solo a la reparación de las víctimas, ya que la responsabilidad es hacia todos, como derecho y como patrimonio colectivo de nuestra historia. Que estos sean tiempos para la sociedad civil.
Por último, quisiera compartirles que la necesidad de apoyarme en un testimonio la he definido en el espíritu de lograr una conversación ciudadana, con gente con la que comparto una afinidad política y que considero que interpretan la realidad a partir de una mirada formada y bien intencionada. La nuestra se distingue de la entrevista periodística en tanto no buscamos la nota ni la inmediatez política, aunque de ella recuperamos la necesidad de contar con una voz conocedora del tema que abordamos. También hay un interés etnográfico, en tanto tratamos de rescatar elementos de nuestro contexto político, desde cómo lo percibimos como ciudadanos. Así, la entrevista es una herramienta para recuperar estas miradas.
Finalmente, señalar la importancia de que esta entrevista sea pública, ya que este tipo de materiales obtenidos en un proceso de trabajo suelen ser de uso específico de la persona que realiza su investigación, y únicamente se publica el resultado. De ahí el reconocimiento al medio, Rompeviento TV, que nos permite explorar, así como a las personas que amablemente aceptan ser parte de este proceso, ya que no necesariamente estarán acostumbradas a ser entrevistadas y, les confirmo: la cámara impone.
Para la siguiente entrega, conversaremos sobre Andrés Manuel López Obrador y este océano partido en dos: la sociedad civil y las fuerzas militares de Estado. Mientras cocinamos, les dejo nuestra entrevista, así como las referencias consultadas.
Entrevista de trabajo a la antropóloga Rocío Ruiz Lagier. “Nombrar para recordar: el terrorismo de Estado en México”, realizada para Rompeviento TV
. En línea: https://www.youtube.com/watch?v=qQfWGaaBy2Y
Referencias para la entrevista y el texto:
- Daniela Rea y Alejandro Ruiz. “Abran cárceles y archivos militares, exigen víctimas; memorial para soldados caídos, responde el Ejército.” En Pie de página. 2022/06/23. En línea: https://piedepagina.mx/abran-carceles-y-archivos-militares-exigen-victimas-memorial-para-soldados-caidos-responde-el-ejercito/
- Edith Kuri Pineda. “La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica”. En Península. Vol. X!!, núm. 1, enero-junio. 2017. pp. 9-30. En línea: http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/view/58261
- Rocío Ruiz Lagier. “México ¿la dictadura perfecta?”. En Amérique Latine Histoire & Mémoire. (38) 2019. En línea: https://journals.openedition.org/alhim/8256
- Sergio Aguayo. “Cuatro comisiones”. En Diario de Yucatán. 24 de agosto de 2022. En línea: https://www.yucatan.com.mx/editorial/2022/8/24/sergio-aguayo-cuatro-comisiones-342472.html
- Instalación. Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH 1965-1990.
Versión estenográfica:
En video: https://www.youtube.com/watch?v=nEL-YqgSSgU
- Mañanera 08/07/2022. Pregunta sobre el evento del 22 de junio en el minuto 2:11:46: https://www.youtube.com/watch?v=VAvlm6jpS7s
- Apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico: https://lopezobrador.org.mx/2022/06/22/version-estenografica-apertura-de-archivos-militares-a-la-comision-de-la-verdad-y-esclarecimiento-historico/
- Primera reunión entre las comisiones de la Verdad de Colombia y México:
- Momentum, entrevista a Daniela Pastrana:
https://www.youtube.com/watch?v=WcHFQar7CTo
- Encuentro entre comisiones de la verdad México-Colombia:
https://www.youtube.com/watch?v=FBXWRpRrU_E
- Daniela Pastrana. “Para llegar a la paz, se necesita la verdad”. Pie de página. 17 de agosto de 2022. En línea: https://piedepagina.mx/para-llegar-a-la-paz-se-necesita-la-verdad/
- 100 Compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador: https://presidente.gob.mx/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-un-ano-del-triunfo/
