No somos iguales

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido de manera reiterada en que ni él ni su gobierno son iguales a los que le precedieron. “No somos iguales, nosotros no censuramos a nadie”, dijo recientemente a propósito de acusaciones en su contra sobre censura a medios de comunicación. La misma frase la expresó por señalamientos de promoción de su imagen a través de los Servidores de la Nación: "Lo único que les voy a decir es, vámonos respetando. No somos iguales”, señaló en esa ocasión. En fin, la expresión “no somos iguales” la ha reiterado a lo largo de sus dos años de administración. No es mi interés discutir la pertinencia o no del dicho, simplemente comento que hay varios problemas en el país en los que la diferencia (real o no) con los gobiernos anteriores no es decididamente notoria o, al menos, lo suficientemente distinta como para marcar una pauta diferente de gobierno. Son problemas de enorme complejidad que requieren mucho más que la declaración de “no somos iguales” para trazar el camino hacia su resolución. Declarar que “no somos iguales” no es suficiente, debe demostrarse con hechos, con acciones, con compromisos, con resultados, con presupuestos.

Sin que sea exhaustivo y habida cuenta de las evidencias y los resultados, en el siguiente listado de problemas apunto algunos de los muchos que exigen un tratamiento distinto al que se les ha dado. Más allá de las declaraciones, se debe evidenciar que, en efecto, la 4T no es igual a los gobiernos que le precedieron.

  1. Inseguridad, violencia y militarización del país. Una de las principales deudas de la 4T es con la seguridad ofrecida en campaña y las evidencias de su fracaso a dos años de gobierno. Los homicidios en el país no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SENSP), en 2019 hubo 37,315 homicidios y se espera que, al finalizar este año y pese a la reducción de la movilidad, la cifra ascienda a más de 40 mil. Los datos indican que la militarización, a través de la Guardia Nacional, no ha dado los resultados que el país exige, por lo que un cambio de estrategia, o un giro al menos, parece necesario e ineludible. De igual forma, y a pesar de las declaraciones y discursos, la militarización del país es evidente: las fuerzas armadas controlan desde la Guardia Nacional hasta los puertos y las aduanas, reparten libros y medicinas, siembran árboles, construyen aeropuertos y sucursales bancarias. Construir el Estado desde el Ejército y la Marina no parece la vía idónea para garantizar la seguridad ciudadana y la paz. Dos sexenios con militares en las calles son más que elocuentes: ese no es el camino.
  2. Centralización del arte y la cultura. El arte y la cultura han sido menospreciados sistemáticamente por la 4T con “argumentos” endebles, falaces y prejuiciosos: calificar a los y las creadores como fifís y conservadores no abona en lo absoluto a la construcción de un robusto sistema que permita hacer del arte y la cultura caminos de libertad para toda la población. Si bien es cierto que en administraciones pasadas hubo todo tipo de excesos y privilegios, de allí no se desprende que asfixiando financieramente al sector se corrigen yerros, inequidades y desviaciones. Tampoco se entiende, ni tiene justificación alguna en un gobierno realmente diferente, que el presupuesto 2021 para el sector cultural se concentre en un solo proyecto, por muy valioso y plausible que este sea. En un momento en que a las carencias estructurales se suman las derivadas del impacto económico por la pandemia, es absurdo que el Proyecto Cultural Chapultepec y el Complejo Cultural Los Pinos absorban la cuarta parte del total del presupuesto anual para cultura, más de 3,500 millones de pesos. Centralizar el presupuesto para la cultura en la Ciudad de México (en un solo proyecto, además) necesariamente significa que miles de comunidades en todo el país quedarán en el olvido, al igual que en sexenios anteriores.
  3. Termoeléctrica de Huexca y concesiones mineras. El 4 de mayo de 2014 en un mitin en Yecapixtla, Morelos, AMLO declaró: “no queremos la construcción del gasoducto o de la termoeléctrica o de las minas, ya que van a destruir el territorio y contaminar las aguas” (https://lopezobrador.org.mx/2014/05/04/04-mayo-2014-fotos-de-lopez-obrador-en-la-asamblea-en-yecapixtla-morelos/). Sin embargo, hace unos días dio un giro totalmente opuesto a sus palabras de 2014 y comentó: “vamos a informarles sobre la decisión de reiniciar los trabajos para concluir la termoeléctrica de Morelos. Se había quedado suspendida esta obra por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región. https://www.milenio.com/politica/amlo-anuncia-reinicio-trabajos-termoelectrica-morelos). De igual forma, las concesiones mineras que tan enfáticamente se negó que se otorgarían a empresas privadas, se han seguido entregando. De acuerdo con información de Pie de Página, entre diciembre de 2018 y febrero de 2020 se entregaron 21 nuevas concesiones mineras (https://piedepagina.mx/no-es-frenar-es-cancelar-las-concesiones-mineras/). La distancia entre las declaraciones en campaña y las acciones emprendidas desde el gobierno es clara y sin ambages, pero más allá de las incongruencias entre los dichos y los hechos, lo que está en discusión es el respeto a la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y sus modos de vida, así como el desarrollismo implicado en las iniciativas de la 4T, no muy diferente a los proyectos impulsados por administraciones pasadas.
  4. El Tren Maya. Se ha dicho en innumerables ocasiones: el problema central del mal llamado Tren Maya no es en sí el trazo de la vía férrea, sino las estaciones y, sobre todo, los polos de desarrollo contemplados en el proyecto. El problema para analizar a fondo los polos de desarrollo es que la información no está disponible, y no lo está porque ni siquiera el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), responsable del proyecto, los tiene definidos. Aun con esta falta de información crucial, en noviembre y diciembre de 2019 se hizo una “consulta” a algunas comunidades indígenas y campesinas que resultó con un 90 % de aprobación al proyecto. Sin embargo, la propia ONU señaló que la consulta no cumplió con los estándares internacionales en materia de derechos humanos (https://www.onu.org.mx/el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia-onu-dh/). Es tal el nivel de confusión en el proyecto, e inclusive de opacidad, que las discrepancias aparecen entre el director de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en el proyecto se establece que los campesinos y ejidatarios participarán a través de un instrumento conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), que consiste en bursatilizar las tierras, el presidente López Obrador enfáticamente ha señalado que “no se van a crear fideicomisos”. ¿Habrá o no fideicomisos? No lo sabemos. Sobre el tema, le recomiendo siga usted la entrevista que realizó Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, a Rogelio Jiménez Pons (https://www.rompeviento.tv/71925-2/). La entrevista no deja lugar a dudas: el Tren Maya es un proyecto de desarrollo que formalmente apunta a mejorar las condiciones de vida de la población de la Península de Yucatán, pero lo hace subordinando totalmente el trabajo y los territorios de las comunidades al gran capital, de la misma forma que tantos proyectos impulsados por gobiernos anteriores.
  5. Gestión de la pandemia. Adjudicar totalmente la responsabilidad de las personas fallecidas por la COVID-19 al gobierno federal es tan absurdo como asignar la culpa por entero a la ciudadanía. Tal vez lo más sensato y justo sea asignar responsabilidades para ambas partes, aunque las autoridades seguramente deben tener más peso, habida cuenta de su acceso a la información y su capacidad de toma de decisiones y de ejecución de acciones. De lo que sí es absolutamente responsable la 4T es del discurso orientado a construir la ilusión del control de la epidemia. La minimización del alcance y el impacto de la pandemia ha sido una constante en el discurso oficial, escatimando que se trata del desastre sanitario, económico y social de mayor relieve en el mundo contemporáneo. Un fenómeno que está produciendo la peor debacle económica desde la crisis desatada por el jueves negro de 1929, nada más. El menosprecio a la enfermedad va de la mano de la ilusión del control de la misma, al punto que el propio presidente ha declarado que “vamos logrando domar esta pandemia” (https://www.youtube.com/watch?v=6e0sKfPQomk). Llamo su atención sobre esta declaración que, a mi juicio, resulta sumamente exagerada, por decir lo menos. Independientemente de nuestra opinión sobre el control o no de la COVID-19 en México, no se entiende cómo las estrategias y acciones desplegadas en nuestro país están “domando” a una enfermedad que, si se ha caracterizado como pandémica, significa que está en más de un continente y los contagios ocurren por trasmisión comunitaria. En otras palabras, que en México la COVID-19 está siendo controlada (si fuese el caso), no significa que en el mundo la pandemia está siendo “domada”. El optimismo declarativo ante la adversidad no es nuevo, lo hemos visto antes: forma parte de los mitos y rituales en el ejercicio del poder, por lo que bien sabemos que la ilusión de control es eso, una ilusión.
  6. Los feminicidios y la violencia de género. Las protestas de múltiples colectivas feministas ante la contumaz evidencia de los miles de mujeres asesinadas, violadas, desaparecidas y agredidas de mil y una formas, y la pasmosa impunidad que no cesa, ha exhibido las muchas limitaciones de la 4T para integrar una agenda de género que dé respuesta, y solución, a las legítimas demandas de las mujeres. Irónicamente, en las filas de la 4T hay feministas de larga trayectoria, experiencia y conocimientos, sin embargo, sus voces no han sido lo suficientemente fuertes para ser escuchadas en Palacio Nacional y, sobre todo, para asignar los recursos necesarios para hacer frente a la violencia de género. Así, por ejemplo, los recursos destinados en 2021 para la “igualdad entre mujeres y hombres” carecen de perspectiva de género, lo que da como resultado que el presupuesto para los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el próximo año sea exactamente igual que en 2020, lo que en los hechos significa una reducción de al menos 3.3% por efecto de la inflación. De igual manera, el presupuesto para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es el mismo que este año, lo que significa en términos reales un 3.3%, cuando menos, de reducción. Hay que decirlo con toda claridad: la 4T ha sido insensible a los reclamos de las mujeres, con lo que muy poco, o nada, se distingue de administraciones anteriores.
  7. Aldama y los paramilitares. Durante dos años, cuando menos, en Rompeviento TV se ha documentado con todo detalle los ataques a comunidades del municipio de Aldama, Chiapas, por parte de grupos paramilitares de Santa Martha, Chenalhó. Las constantes agresiones, que han contado con la complacencia del gobierno del estado y el apoyo de la policía estatal, han provocado el desplazamiento de cientos de familias que, pese a las denuncias y la firma de acuerdos, siguen a la intemperie y sometidas a la violencia asesina de los paramilitares. El gobierno federal ha sido totalmente incapaz de pacificar la región, quizás en parte por falta de recursos y de operadores políticos eficaces, o tal vez por confiar en que las firmas de acuerdos serían suficientes, no lo sé; lo que sí, es que sería sumamente grave que el fracaso de las acciones de la 4T se debiera a pactos y contubernios con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. En este sentido, las declaraciones del subsecretario Alejandro Encinas son más que preocupantes: https://twitter.com/i/status/1307777214281285639. La situación de los desplazados de Aldama es sumamente grave, la violencia se ha recrudecido y de no parar en definitiva las agresiones con algo más que vanos llamados a la concordia, los muertos y los heridos de una población desarmada e indefensa seguirán ocurriendo y, aún peor, la posibilidad de una masacre se vuelve poco menos que inminente. El fantasma de Acteal flota sobre Aldama, y de eso, el gobierno de la 4T es absolutamente responsable.

Dice el presidente que “no somos iguales”. De acuerdo, pero tampoco son tan diferentes.

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