Rabia, dolor, frustración, indignación, sobre todo eso, indignación. Una vez más, otra de nuevo, decenas de personas muertas y las insulsas frases, lugares comunes, de siempre: “lamento profundamente”, “mi solidaridad con las víctimas”, “no dejaremos solas a las familias”, “las investigaciones irán hasta las últimas consecuencias”, “no habrá impunidad”, “se determinará responsabilidad de acuerdo a la ley”, etc.
Son las mismas frases de siempre, las mismas palabras que brincan cada vez que hay una nueva “tragedia”. Palabras que circulan durante unos cuantos días y que con el tiempo van quedando en el olvido... hasta que otro “accidente” obliga a funcionarios y funcionarias, a responsables de todos los niveles, a pronunciarlas nuevamente. Son las mismas frases de siempre. Los mismos ceños adustos. Las mismas muecas de congoja. Las mismas manos a la espalda. Las promesas persistentes. Las declaraciones repetidas. La misma impunidad, tantas veces condenada y tantas veces reiterada.
Lo único que me queda claro es que, a pesar de que dicen no ser iguales, lo cierto es que no son tan diferentes. De serlo, de ser diferentes desde la raíz hasta el cielo, entonces no habría otros 54, o 55 o no sé cuántos más muertos en otra de tantas carreteras del país. Porque esas personas muertas y las otras muchas con heridas graves, mortales o superficiales, han muerto en territorio nacional y hasta donde sé, hasta donde entiendo, el Estado es el responsable y el garante de la vida de todas las personas que están en el país, sean migrantes o no. Y han muerto más de cincuenta en Chiapas este 9 de diciembre en eso que equivocada y cínicamente han llamado “accidente”. Y si esas personas murieron el 9 de diciembre pasado, antes otros migrantes murieron en circunstancias similares en carreteras de Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, o bien, en alguno de los tantos campos de exterminio en Tamaulipas. Si de manera sistemática miles de personas mueren en “accidentes” o son asesinadas en el territorio nacional, por más declaraciones que se hagan, una cosa es evidente: el Estado no garantiza la vida de las personas. No basta con afirmar que no son iguales, lo palmario es que no son suficientemente diferentes.
La muerte de 54 (o más) personas y las más de 100 heridas no es un hecho aislado ni un evento casual. Nadie se arriesga a un peligroso viaje en condiciones de hacinamiento si no es porque las otras posibles rutas y medios para migrar son tanto o más peligrosas, están prácticamente cerradas o se corre el riesgo de ser cazado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Si la disyuntiva es ser golpeado, pateado y vejado por un representante del gobierno mexicano (agente del INM) y luego expulsado del país o subir a un tráiler que promete un viaje de alto riesgo, pero con una mínima posibilidad de éxito, para muchas personas quizás la mejor -o única- alternativa es correr el riesgo de ser transportado como ganado.
Hay que decirlo con toda claridad: es cierto que la migración ha ido en aumento, pero también es cierto que nunca antes en la historia de México había habido una política de contención de migrantes completamente militarizada y sistemáticamente violatoria de los derechos humanos. Una política rígida, fiera, brutal... e ineficaz. Las cifras de migrantes que diariamente circulan por todo el país son la mejor evidencia de que la tal “contención” es completamente falaz en cuanto a sus fines declarados, pero letal para las personas que transitan el país.
Esas personas provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, México y no sé qué otros países, murieron no por un accidente sino por el tráfico de seres humanos de las mafias que se enriquecen a costa de los pobres. Y por la brutal política antihumana y antimigrante del gobierno de los Estados Unidos, que favorece el tráfico de personas. Y por la negligencia, la incapacidad o la corrupción de las autoridades mexicanas que son omisas, incapaces o cómplices del tráfico de personas.
El llamado “accidente” quizás no hubiera ocurrido si los gringos no cierran su frontera y disfrazan su política contraria al derecho a migrar con el programa “Quédate en México”; ni hubiera ocurrido la “tragedia” sin la sumisión (y la corrupción, omisión o incapacidad) de las autoridades mexicanas a través del eufemístico programa llamado Migración Segura, Ordenada y Regular. Ni, por supuesto, hubieran muerto tantas personas y tantas otras heridas de no haber redes de tráfico de seres humanos, vinculadas o controladas por los cárteles de la droga. Y, desde luego, imposible entender el mal llamado “accidente” al margen de la violencia y la pobreza de las que buscaban escapar las personas que abordaron el fatídico tráiler. Todo eso es verdad, pero la tragedia ocurrió en territorio nacional, por lo que la responsabilidad de las autoridades mexicanas es ineludible.
El comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, declaró: "Es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ningún puesto de revisión que se tiene para rescate de migrantes"; resulta muy difícil de creer que en ciudades de tanta importancia en el tráfico de personas, como son Comitán, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, no hubiera un solo puesto de revisión, parece más bien que, o se hicieron de la vista gorda (corrupción) o los integrantes de la GN son brutalmente ineptos. O las dos: son corruptos y son ineptos. Pero bueno, vamos a dar por válida la afirmación del comandante Rodríguez Bucio; si es verdad que el tráiler no pasó por ningún puesto de revisión, pues ¡qué pésimo trabajo están desempeñando la GN, el Ejército, la Marina y las policías, que un tráiler con 150 personas puede circular ilegalmente por las carreteras del país!
No le extrañe a usted, amable lectora, gentil lector, que en un par de semanas se den a conocer los resultados de las investigaciones y que se concluya que al tráiler “accidentado” le fallaron los frenos, o bien que el chofer era inexperto y tomó una curva con exceso de velocidad, o que el peso de las personas que viajaban amontonadas ocasionó el “percance”, o una combinación de varias explicaciones. Ya conocemos bien la historia: al tráiler le fallan los frenos como al tren le fallan los pernos, pero la explicación de fondo hay que buscarla en el entramado institucional que permitió que ocurrieran esos “lamentables percances”. La muerte de más de ciencuenta personas no fue accidental, por el contrario, es el resultado de un conjunto de factores en los que la responsabilidad de autoridades de distintos órdenes de gobierno y de diferentes poderes, es ineludible.
Insisto en el punto: por ineficiencia, corrupción, negligencia o complicidad (o por todo ello junto), la Guardia Nacional, la policía estatal, el Instituto Nacional de Migración, el Ejército, la Marina, es decir, el Estado mexicano, es directo responsable de la muerte de más de cincuenta personas y de las más de cien heridas. Pretender eludir responsabilidades solamente hace más grande, más evidente y más vergonzozo su rotundo y contundente fracaso.
