Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 7 de junio de 2022
Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial los países se comprometieron a eliminar el temor y la miseria, adoptando regímenes de derecho respetuosos y garantes de los derechos humanos. Esta es la única transformación deseable, todo lo demás es retórica.
En días recientes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su Informe Anual 2021 y en él dedica un capítulo de cien páginas al sexto informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas a México a propósito de su visita en 2015. En aquel entonces “(l)a CIDH identificó graves situaciones de violencia que aumentaron desde la llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició en el año 2006, hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente muerte de más de 100.000 personas desde el 2006, más de 27.000 desapariciones reconocidas por el Estado, más de dos mil investigaciones de casos de tortura y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país (...) como respuesta al incremento de la violencia, a partir de 2006 las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (…) Esta medida desató mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, casos en los cuales la CIDH observó una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.”
Como resultado de su visita emitió 80 recomendaciones generales y particulares al Estado mexicano en 13 apartados: Seguridad Ciudadana, Desapariciones y desapariciones forzadas, Seguimiento a Ayotzinapa, Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales, Acceso a la Justicia, Afectación de grupos particulares (LGBT, Mujeres, Niños, niñas y Adolescentes, Pueblos indígenas), Personas privadas de la libertad, Migrantes y desplazamiento forzado, Defensores y defensoras de derechos humanos, Libertad de expresión, Acceso a la información y Mecanismo de Protección; que a la fecha no han sido cabalmente cumplidas. Me centraré en aquellas que considero sistémicas para erradicar la crisis de estado de derecho y de derechos humanos.
La CIDH declara: Durante el 2021 continúan siendo de especial preocupación los temas desarrollados por la Comisión en su Informe de País de 2015, como los elevados números de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica, señala en una de sus conclusiones.
Por su importancia en la violación a los derechos humanos la primera recomendación trata de la política de seguridad. La CIDH recomendó: “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”. Recordemos que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU recomienda prácticamente lo mismo en marzo de este año, en su informe de visita al país (párr. 48). México reportó como prueba de cumplimiento las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019, destacando que “la creación de la GN tiene como finalidad contar con una fuerza de carácter civil y policial que atienda los retos de seguridad que enfrenta el país, sustituyendo de manera paulatina a las fuerzas armadas en esta función". La CIDH en respuesta señala (además de que no reportó avances para el período del 2021) que, “incluso si normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, en su operación actual esta corporación continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil, (por tanto) la CIDH encuentra que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.” El desacato reiterado de México es manifiesto si miramos la propuesta de reforma para inscribir a la GN en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con respecto a la desaparición de personas la CIDH recomendó en 2015, entre otras cosas, “adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.” Si bien la ley se aprobó en 2017, la CIDH toma nota que a la fecha no hay reglamento.
Además, el Estado mexicano reporta como medidas adoptadas una serie de instituciones, herramientas, acuerdos y planes para la búsqueda, investigación e identificación, establecidos en la ley, pero la CIDH observa que muchos de ellos aún no han sido creados (y por tanto) la recomendación se mantiene con cumplimiento parcial sustancial, y agrega:
“Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión observa con preocupación que las desapariciones y desapariciones forzadas continúan constituyendo un alarmante fenómeno que afecta gravemente la situación de derechos humanos en México (…). Para la Comisión la plena implementación de la Ley General y el efectivo funcionamiento del andamiaje institucional (…) resulta indispensable no sólo para atender las desapariciones y desapariciones forzadas ya ocurridas, sino que también debe estar orientado a la adopción de las medidas necesarias para la prevención de futuras violaciones”. La CIDH nuevamente reitera lo dicho por el CED, el principal reto del Estado es prevenir las desapariciones.
En cuanto a la tortura, no obstante la creación de la Ley General en la materia, la Comisión observa con preocupación que el Estado aún no ha creado un programa nacional de prevención de la tortura (al igual que en desapariciones), y tampoco un registro nacional de este delito.
La CIDH saluda que, después de casi cinco años, el Estado haya aplicado la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL), pero observa que “(e)n la ENPOL 2021, el 18.2% de las personas privadas de la libertad encuestadas señaló que rindió o firmó su declaración porque recibió presiones o amenazas y el 20% indicó que fue agredida físicamente para declararse culpable. La CIDH manifiesta su preocupación respecto de que en la ENPOL 2016, las personas encuestadas declararon que fueron objeto de agresiones en un 16.4% lo que supone un incremento que contradice el contenido de la recomendación bajo análisis.”
Sobre ejecuciones extrajudiciales “la CIDH reitera sus observaciones respecto de los problemas relacionados con la elaboración de informes sobre operaciones en las que se emplea el uso de la fuerza letal… Sumado a lo anterior, la Comisión encuentra que el Estado (…) no aportó información relacionada con la apertura de investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales”. La falta de información y transparencia es otra modalidad de impunidad.
Finalmente, la CIDH recomendó fortalecer las procuradurías y establecer un plan de cooperación entre autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal. “El Estado indicó, en términos generales, que continuó con la capacitación de servidores públicos (…), pero no dio detalles sobre estas capacitaciones”. En relación con la recomendación referida al establecimiento de un plan de cooperación entre autoridades de procuración de justicia, “el Estado no aportó detalles sobre el funcionamiento de estos mecanismos de cooperación entre autoridades judiciales de diferentes niveles de gobierno”. La CIDH tomó nota que para este informe ninguna autoridad de procuración de justicia aportó información y en diversas acciones reportadas por el ejecutivo es notoria su ausencia.
Es preocupante la ausencia de las fiscalías si tomamos en cuenta los altos niveles de impunidad en todas las materias. “La CIDH advierte con extrema preocupación la persistencia de altas tasas de violencia de género contra las mujeres en México (y) reitera la importancia de garantizar que la violencia basada en género sea llevada a cabo con la debida diligencia estricta, integrando la perspectiva de género y enfoque interseccional, con el objetivo de disminuir los niveles de impunidad y prevenir la repetición de la violencia”. Del mismo modo señala la impunidad en casos de desaparición, en agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, migrantes, etc. La CIDH concluye que “(e)l acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes para el Estado mexicano. Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos.”
Tres gobiernos de diferentes partidos han pasado sin querer enfrentar eficazmente los retos sistémicos que producen la violencia en el país. La evidencia señala que este gobierno repite y profundiza los errores cometidos en materia de seguridad y justicia, y no parece que haya planes para corregirlos. La comunidad internacional a través de los órganos de vigilancia de los tratados va creando una agenda y una ruta para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, pero para quien quiera coger la bandera, también es una agenda de campaña para 2024. Todo lo demás es lo de menos.
