Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en la corte de Brooklyn, Nueva York, el presidente López Obrador dijo “yo no quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital, que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído". Hace unos días, con motivo de la detención y el traslado de Genaro García Luna ante la misma corte que juzgó al Chapo en Nueva York, AMLO volvió a decir que “no le gusta hacer leña del árbol caído” y por lo tanto su gobierno no iniciaría investigación ni proceso alguno en contra del otrora poderoso Secretario de Seguridad del espurio Felipe Calderón.
Respetables las convicciones de Andrés Manuel López Obrador, reprobables las decisiones del presidente que, lejos de mostrar un ánimo conciliador, expresa que su gobierno en materia de seguridad es, esencialmente, pusilánime. El presidente mexicano está confundido: ni el Chapo ni García Luna son el árbol caído, por el contrario, son quienes hicieron leña, virutas y astillas a cientos de miles de personas en todo el país. El bosque es México, los árboles caídos somos todos y todas, la leña son los muertos y desaparecidos y sus familias, los secuestrados, los extorsionados, las mujeres violadas y asesinadas, las niñas y los niños sin padres, el país entero. Y los asesinos no están siendo juzgados en el país que devastaron, peor aún, el gobierno federal no tiene el mínimo interés de investigar bajo el pueril argumento de “no hacer leña del árbol caído”. Señor presidente ¿en verdad concibe que el Chapo Guzmán y Genaro García Luna son árboles caídos?
En estricto sentido y en apego a las responsabilidades institucionales, quién debe investigar es la independiente Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. De acuerdo con información de la FGR la carpeta de investigación sobre García Luna está en proceso de integración (no dicen desde cuándo) y en el momento en que esté concluida se harán las gestiones pertinentes para solicitar la extradición del ex Secretario de Seguridad. Es de suponer que la carpeta de investigación será mucho más sustanciosa que la de las autoridades estadunidenses, habida cuenta que los delitos por los que se le acusa allá se gestaron aquí. Información debe haber y en abundancia: muchos integrantes del cartel de Sinaloa siguen operando con total impunidad (el Mayo Zambada, su líder, entre otros); sus estrategias, recursos y empresas para el lavado de dinero están prácticamente intactos; sus activos políticos han brincado de cargo en cargo y de partido en partido, pero siguen teniendo fuerza; la red de protección integrada por funcionarios del aparato de seguridad (policías, militares, marinos) hasta donde se sabe no ha sido desarticulada. En fin, la estructura del cartel sigue operando con la misma impunidad con que lo hacía en tiempos en que García Luna era su ángel de la guarda. Si una periodista como Anabel Hernández ha hecho brillantes y detalladas investigaciones publicadas en varios libros (Los Señores del Narco, México en Llamas, El Traidor) las autoridades mexicanas, con todos los recursos a su disposición, deben ir mucho más a fondo en sus investigaciones a fin de emprender las acciones judiciales procedentes para castigar a los culpables.
Investigar no es hacer leña del árbol caído, ni una alternativa; vamos, no es opcional: es obligación de la FGR emprenderla y del gobierno federal al menos facilitar la labor de la fiscalía. Por el contrario, obviar la obligada investigación sobre la corrupción, al tráfico de drogas, los asesinatos y la violencia en general de años anteriores -y que gravita ominosamente en el país entero- sí puede implicar la comisión de delitos por la actual administración, al menos por omisión. En este sentido, despedir a los funcionarios relacionados con García Luna tampoco es la medida adecuada, en primer lugar, porque se viola la presunción de inocencia, en segundo lugar, porque se corre el riesgo de eludir la necesaria investigación, bajo el pretexto de que ya no hay “malos elementos” en las impolutas instituciones de la 4T.
Ahora bien, lo cierto es que el gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Nieto Castillo, está haciendo importantes investigaciones en torno a los movimientos de dinero relacionados con García Luna; de esta manera nos hemos enterado que en tiempos de Felipe Calderón ocupando la silla presidencial, la Segob transfirió al menos 2 mil millones de pesos a empresas ligadas al entonces Secretario de Seguridad; y al parecer no fue sólo la Segob la que de manera irregular -por decir lo menos- movió dinero hacia firmas de García Luna o de alguno de sus testaferros. Si en la investigación de Santiago Nieto salen a relucir nombres de colaboradores de García Luna implicados en delitos, ¿no se les investigará también?
La reticencia a investigar en México a García Luna, cómplices y allegados puede obedecer a muchas razones, yo solamente identifico dos: colusión o acuerdos tácitos. Descarto la primera porque si algo tienen AMLO y sus colaboradores de primera línea, es cabal honestidad. Por allí no va. Quizás entonces la abulia para investigar a fondo a las anteriores administraciones, en particular la calderonista que dejó de herencia un baño de sangre y dolor en México, obedezca a acuerdos tácitos (o explícitos, no lo sé) para no alterar los relativos equilibrios que han permitido razonables márgenes de estabilidad económica y gobernabilidad política en el primer año de la 4T. No se entiende de otra forma el pésimo mensaje enviado al país mediante la coloquial expresión “no me gusta hacer leña del árbol caído”. Señor presidente, sus gustos son muy respetables, pero su obligación es cumplir con la ley.
El narcotráfico es un negocio en el que participan no solamente los capos, sus sicarios y las bandas asociadas a los cárteles, sino también policías, militares, políticos, empresarios, funcionarios públicos, comerciantes, prestanombres y muchas personas más. Se trata de empresarios con prestigio y reconocimiento, de funcionarios que han acumulado experiencia a lo largo de varias administraciones, de mandos militares condecorados en México y el extranjero, de policías que han logrado esquivar los exámenes de confianza (o que nunca los han presentado), de políticos camaleónicos que se han reciclado en diferentes organizaciones políticas.
Ellos son los verdaderos señores del narco, como bien lo ha señalado Anabel Hernández. Por dar solo un ejemplo: Luis Cárdenas Palomino, hombre de confianza de Genaro García Luna, hoy empleado de TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, empresario cercano al presidente AMLO. De acuerdo con la información disponible en medios de comunicación y redes sociales, Cárdenas Palomino está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Bien, ¿solamente se investigarán cuentas y sus movimientos financieros?
Al parecer a los señores del narco no se les investiga bajo el falaz argumento de no querer “hacer leña del árbol caído”. En todo caso, que los investiguen los gringos (bajo sus leyes, sus criterios y protegiendo a sus propios señores del narco) y en correspondencia, México se alinea a la política migratoria de Trump.
La seguridad es la gran deuda de la 4T en su primer año, más incluso que el nulo crecimiento económico. Por eso es de enorme relevancia que el gobierno federal asuma una posición de mayor claridad, entereza y compromiso a través de las investigaciones para ir ajustando cuentas, poco a poco, con los responsables de la protección al crimen organizado. Insistir en la estrategia de nadar de muertito para no “hacer leña del árbol caído” significa dar un espaldarazo a la impunidad. Y esa estrategia, por así llamarla, tiene enormes consecuencias para usted y para mí, para todos y para todas, para el país entero, e incluso para la región. Por esa vía, la seguridad ciudadana seguirá siendo la gran deuda del proyecto transformador del presidente AMLO. Al tiempo.
Pase usted felices fiestas, nos encontramos nuevamente en enero.
