Tanto en la “vieja” como en la “nueva” normalidad, la violación a los derechos humanos en nuestro país, es una constante. Menciono solamente cinco casos recientes, a manera de viñetas, para ilustrar que la represión gubernamental y la violación a los derechos humanos está tan normalizada que al parecer es sustancial al orden y la estructura institucional en nuestro país. Y no, no podemos aceptar que la violación a los derechos humanos por parte de los diferentes cuerpos de seguridad sea considerada algo “normal”. Ni en la vieja, ni en la nueva normalidad.
- Carlos Andrés Navarro Landa fue detenido por policías estatales en la ciudad de Xalapa el día 2 de mayo, acusado de una supuesta falta administrativa. El domingo 3 se informó a sus familiares que había fallecido “de un paro cardiaco” en el cuartel de San José. Carlos Andrés, serigrafista y rapero, era bien conocido entre los jóvenes xalapañeos de los barrios más pobres y excluidos por su sobrenombre Crazy Área 28. Ni los familiares ni las amistades de Crazy Área están conformes con la versión de las autoridades, puesto que además de que fue detenido con violencia (hay videos) presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. No olvidemos que hace 5 años, en la misma ciudad, Xalapa, siete integrantes de la comunidad de la Universidad Veracruzana fueron butalmente golpeados por un comando parapoliciaco la madrugada del 5 de junio, delito que hasta la fecha permanece impune. La agresión al grupo de estudiantes que formaban parte de un movimiento estudiantil y popular más amplio, fue posible por la infiltración de un elemento policiaco entre sus filas. En memoria de Crazy Área y con un saludo fraternal a los y las compas atacados hace 5 años, comparto este video del rapero xalapeño: https://www.youtube.com/watch?v=jFPEaRprAYo
- En el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el joven Giovanni López fue detenido el 4 de mayo por policías municipales, supuestamente por no llevar cubrebocas. Al día siguiente se informó que había muerto ha causa de un traumatismo craneoncefálico. Los familiares de Giovanni señalan que el cuerpo presentaba múltiples golpes, huellas de tortura e inclusive una herida de bala en una pierna. Informes periodísticos destacan que no es la primera vez que policías de Ixtlahuacán cometen violaciones de los derechos humanos de los habitantes del municipio. Como es por todos conocido, el asesinato de Giovanni ha dado lugar a una serie de protestas en contra del gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, quien afirmó que la detención del joven había sido por agredir a los policías; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó que “las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas”.
- Las protestas por el asesinato de Giovanni se dan en el contexto de las manifestaciones en varias ciudades de los Estados Unidos (y de otros países) por el asesinato de George Floyd, ciudadano afroamericano asfixiado por un policía blanco. En Guadalajara, las protestas han sido ferozmente reprimidas a través no sólo de policías uniformados, sino también de civiles armados y encapuchados y de elementos infiltrados. Se reporta también que las personas detenidas (sin que se haya acreditado delito alguno) fueron sometidas a tortura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado al gobierno de Jalisco por cometer el delito de desaparición forzada. Las veinticuatro personas desaparecidas por la policía estatal al parecer han sido liberadas, lo cual no significa que el delito de desaparición forzada no deba ser sancionado conforme a la ley.
- En la ciudad de México las manifestaciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) y en la exigencia de justicia por el asesinato de Giovanni López también fueron reprimidas por elementos de la policía bajo las órdenes del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Las imágenes de los policías pateando y pisando la cara de una menor de edad han causado enorme indignación porque a pesar del discurso oficial de que la policía capitalina no está para reprimir, las evidencias apuntan en otro sentido; de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los policías responsables de la agresión han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. La misma historia de siempre: se rechaza la violación a los derechos humanos, se va a investigar a fondo y se castigarán a los responsables. Incluso se especuló sobre la posible salida de García Harfuch, quien era jefe de la policía federal en Guerrero cuando la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, pero la propia Jefa de Gobierno desmintió la renuncia del Secretario y lo mantiene en el cargo.
- Las violaciones a los derechos humanos suscitadas durante las protestas por el asesinato de Giovanni López y en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter han ocurrido no solo en Guadalajara y en la Ciudad de México; se reportan acciones similares en San Luis Potosí, ciudad en la que fueron detenidas arbitrariamente Claudia Hernández y Jessica Guzmán y trasladadas a la penitenciaría. Al parecer y de acuerdo a información que circula en redes sociales gracias a la presión social, ambas fueron liberadas.
Más allá de los rasgos particulares en cada uno de los eventos violatorios de los derechos humanos mencionados, estamos ante un patrón bien establecido en los diferentes cuerpos de seguridad del Estado mexicano: la represión es la normalidad, la desaparición forzada es una práctica común, la tortura a las personas detenidas un hábito rutinario, la mentira y el cinismo son monedas de uso corriente. En particular, las policías persisten en prácticas profundamente corruptas: “entres” diarios o semanales con los comandantes, pago por portar arma de fuego, pago para utilizar patrulla, compra de los uniformes, pago para ocupar determinados cruceros o zonas de la ciudad, entre muchas otras. En esas circunstancias, evidentemente que policías y personal de tránsito salen a las calles a atracar ciudadanos, con tal de cumplir con la cuota. Esto es bien sabido, está documentado y se ha denunciado en reiteradas ocasiones, sin que hasta el momento haya sido posible, por ninguna autoridad de ningún signo político, erradicar las prácticas viciadas de la extorsión, la mordida, la tortura, la desaparición.
También se ha documentado que prácticamente todas, reitero, todas las policías del país están infiltradas por la delincuencia organizada, sino es que completamente al servicio de los cárteles. Los vasos comunicantes entre policías y sicarios son fluidos, continuos y a todas luces de mutua conveniencia, por lo que la ciudadanía queda completamente a expensas de los delincuentes, con o sin placa. Pese a la retórica, a los muchos exámenes de confianza, la capacitación y otras iniciativas impulsadas para profesionalizar a los diferentes cuerpos policiacos, lo único cierto es que, en general, seguimos desconfiando. Y si usted, o yo, que nos sentimos pertenecientes a una clase media bastante difusa, con algún nivel de escolaridad más o menos alto, con ingresos relativamente estables, en fin, si somos ciudadanos que reivindicamos nuestros derechos ciudadanos y aún así desconfiamos enormemente de la policía, piense un momento en los jóvenes pobres de los barrios marginales de Xalapa, de la Ciudad de México, de Tijuana, Hermosillo, Irapuato, Huajuapan, Piedras Negras o Tapachula. Jóvenes y chicas estigmatizados por su vestimenta, por su música, por su palabra, por sus tatuajes o su cabello, por ser pobres. Es en ellos, en los pobres y excluidos en quienes la policía y los cuerpos represivos ceban sus toletes, sus picanas, sus golpes, sus torturas, sus mentiras.
La violación de los derechos humanos es la vieja y la nueva “normalidad”. Es la normalidad de los pobres, de los excluidos, de los indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ, de los nacos, de los cholos, de los punks, de los que resisten y responden a madrazos, de los que sistemáticamente han sido agredidos por feos, por gordos, por flacos, por prietos, por lo que sea. Atacados por ser pobres. Crazy Área y Giovanni eran pobres. La policía los mató: asesinos.
