¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados
por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
En el fútbol de llano (y en el profesional, inclusive), cuando alguien recibe un balón muy complicado de dominar y logra “bajarlo”, es decir, ponerlo en tierra para dar un pase o tirar a gol, se dice “bien bajado ese balón”. Por extensión, la expresión se utiliza cuando alguien resuelve satisfactoriamente una situación complicada, sale bien librado de un dilema, o responde adecuadamente cuestionamientos de difícil resolución. “Bien bajado ese balón” es una expresión que se ha popularizado y que, en mi opinión, es justa para caracterizar la reciente actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la cancha de la SCJN un balón muy complicado de dominar, tanto que cualquiera que hubiera sido su decisión, habría quedado mal ya sea con tirios o con troyanos y, por ende, bien con los otros. En mi opinión, la SCJN bajó muy bien el difícil balón enviado por el Ejecutivo y aceptó la constitucionalidad de la consulta popular, decisión que fue seriamente cuestionada por la oposición, mientras que en las filas de la 4T fue celebrada con bombos y fanfarrias. Los y las ministros de la SCJN se vieron muy cancheros y bajaron muy bien el complicadísimo balón. Pero además de bajar el balón, hicieron algo más: al reformular la pregunta original, le quitaron presión, poncharon el balón. Y quien haya jugado fútbol en el llano, en la calle, o en el patio de la casa, sabe perfectamente bien que no se puede jugar con un balón ponchado, salvo que el juego cambie y se convierta en otra cosa. No se puede jugar con un balón ponchado, salvo que sea en el patio de la escuela y como parte del jolgorio infantil.
En su acuerdo, la SCJN tuvo que ponderar los argumentos jurídicos y las razones políticas implicadas en la consulta popular. En apego estricto a la ley y de acuerdo con cinco magistrados, varios expertos y no pocos constitucionalistas consumados, la SCJN no debió haber aceptado la iniciativa de la consulta por lo que, al declarar la constitucionalidad de la misma, vulneró su propia autonomía. Por otra parte, de haber aceptado tal cual la pregunta enviada por el presidente, posiblemente habría incurrido en una violación a la presunción de inocencia y el debido proceso. Así, la SCJN hizo lo que a su parecer fue lo correcto: aceptar la constitucionalidad de la consulta (6 votos contra 5), pero cambiando la pregunta (8 votos a favor y 3 en contra). A eso me refiero con que fue un balón muy bien bajado, solamente que al enviarlo al Legislativo más que enviar una pregunta “deslactosada” o “descafeinada” (imágenes utilizadas por algunos analistas), lo que hizo fue enviar un balón sin presión, un balón totalmente ponchado.
Es un balón sin aire en el sentido de que no se va a preguntar explícitamente si se está o no de acuerdo con “que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña)”, sino sobre “llevar a cabo las acciones pertinentes para... emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos...”. ¿Cuáles son decisiones políticas y cuáles son decisiones digamos técnicas? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Los años pasados, hasta qué época refieren? De que hay materia de análisis para los científicos políticos, sin duda la hay, pero para el ciudadano de a pie, para usted y para mí, resulta muy confuso saber el sentido y el alcance de la pregunta de la consulta aprobada por la SCJN. Al conocer la pregunta aprobada por la SCJN, mi primera reacción fue la de un estudiante confundido, o de plano ignorante: “esteeee, ¿me puede repetir la pregunta?”
Entre la pregunta original y la pregunta que estará en la boleta de la consulta, hay una enorme, total diferencia. Y aunque es de esperar una amplia campaña para “llevar a juicio a los expresidentes” y/o para someter a juicio las decisiones políticas tomadas durante los “sexenios neoliberales” (si así fuese, habría que incluir al sexenio de De la Madrid), lo cierto es que de eso a ver tras las rejas a alguno de los expresidentes, o a otro actor político, hay una gran distancia. En términos de racionalidad política (y electoral), es posible que “el pueblo”, acicateado por la 4T, determine que las decisiones tomadas en años pasados por los actores políticos hundieron al país en la pobreza, generaron violencia, incrementaron la deuda, acabaron con el sistema de salud pública, estimularon la “ciencia neoliberal”, fomentaron el chayote, financiaron revistas conservadoras, promovieron fraudes electorales, pagaron churros cinematográficos con dinero público y todo lo que usted más quiera. Pero para que esas decisiones políticas tomadas en años anteriores se conviertan en juicios que conduzcan al castigo, en términos de la ley, de los responsables, hay que integrar los expedientes con las pruebas de los posibles delitos cometidos e iniciar los procedimientos judiciales pertinentes. Es decir, volvemos al punto de inicio: si hay evidencias de los delitos cometidos por actores políticos en el pasado, incluidos los expresidentes, que se hagan las denuncias correspondientes para que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen en consecuencia. Para eso no se necesita una consulta, aunque el peso político de los -cantados- resultados de la consulta no es en absoluto desdeñable.
Antes que la consulta se realice, ya sabemos el resultado: sí. Salvo el voto en negativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que votará en contra, y de algunos pocos más, es de esperar que la abrumadora mayoría de quienes participen en la consulta dirán que están de acuerdo en “que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Si en los números finales de la consulta al menos el 40 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral participa, el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. Pero de allí a que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña pisen la cárcel, hay un trecho enorme. Tal vez sea más probable que Felipe Calderón sea enjuiciado por acusaciones surgidas en el proceso contra Genaro García Luna, en una corte de Nueva York, a que sea llevado a juicio como resultado de la consulta popular y las consiguientes indagatorias de la Fiscalía.
Resulta difícil saber si la pregunta que aparecerá en la consulta abonará a terminar con el pacto de inmunidad establecido por los presidentes durante muchos sexenios. En lo político, es posible que sí; en lo jurídico, difícilmente (al menos en el corto plazo), debido a lo largo y complejo que son los procesos judiciales, la resolución de amparos, etc. Con el balón ponchado que la SCJN envió al Legislativo para proceder a la consulta, difícilmente veremos en los próximos años a algún actor político, como los expresidentes, purgar condena en algún penal.
Lo que puede ser muy delicado es que una consulta popular que promete mucho pero que realiza poco, puede tener un efecto búmeran.
