Federico Anaya Gallardo
Hace 22 años, cuando Ernesto Ledesma me invitó a participar en el libro Siempre cerca, siempre lejos: Las Fuerzas Armadas en México (Global Exchange/Ciepac/Cencos, 2000), utilicé varias veces sentencias de Sun Tzu como epígrafes. Ahora quiero compartirte una más, lectora. Aparece en el capítulo VIII (“Los nueve cambios” que el buen general debe saber hacer) en una edición de 2003 de la Biblioteca Virtual Universal disponible en la www. (Liga 1.) Sun Tzu afirma que “las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande; cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse”.
Considerar beneficio y daño. Cuando el presidente López Obrador ordenó al Ejército informar en La Mañanera acerca del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López el 17 de Octubre de 2019 en Culiacán, el general secretario de la Defensa Nacional explicó que los helicópteros artillados que actuaron en los combates no habían disparado sus ametralladoras 7.62 (MAG y Dillon de seis cañones). No lo hicieron puesto que su fuego no sólo habría impactado a los narcos que les atacaban, sino a la población civil en el área. (Liga 2, minuto 1:33:00.)
Analizar objetivamente implica reconocer las fallas. En la misma conferencia de prensa que comento, y en la del día siguiente (Liga 3), el general secretario explicó el plan desplegado para la captura del delincuente y cómo las fuerzas desplegadas debían establecer dos círculos de seguridad, uno interno y otro externo, alrededor del lugar adonde se había localizado a Ovidio (Liga 2, minutos 00:58 a 1:00:00). En cada círculo debían ocuparse y sostenerse cuatro posiciones. El círculo interno se posicionó de acuerdo al plan, y rodeó la casa adonde se encontraba la persona-objetivo. En el círculo externo, eran especialmente importantes las posiciones C y D que debían asegurar el paso por un puente sobre el río Humaya para llevar al capturado al campo aéreo. Sin embargo, tres de los cuatro contingentes del círculo externo jamás llegaron a sus posiciones. Fueron atacadas por el Cártel e inmovilizadas en otros lugares. Esto hizo imposible la extracción planeada, puesto que el Ejército nunca controló el puente (minutos 1:00:00 a 1:02:00).
De hecho, el Cártel colocó un vehículo con una ametralladora Barret calibre 50 en la cabeza oriental del puente (minuto 1:04:00). Si el círculo interno hubiese extraído a Ovidio, habría tenido que abrirse paso combatiendo para llevarlo al aeropuerto.
Más grave, el Cártel no sólo atascó a las fuerzas involucradas directamente en el operativo, sino que atacó en otros seis puntos –tres dentro de la ciudad y tres en las afueras. El Cártel atacó tanto el cuartel de la 9a. Zona Militar (seis km al sur este) como la unidad habitacional militar (diez km al sureste). Esto, evidentemente, para evitar que se enviasen refuerzos al operativo militar. En las dos ocasiones que el cuartel envió tropa para socorrer a la unidad habitacional, el Cártel las interceptó. Lo peor: Uno de los ataques en las afueras de Culiacán comprometió un convoy de pipas de gasolina que estaban por entrar a la ciudad.
Los daños que podría traer insistir en la detención de Ovidio excedían por mucho los beneficios. Esto, por supuesto, considerando dentro de la ecuación a la población culiacanense. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ese elemento esté siempre incluido en las ecuaciones de la actual Guardia Nacional?
Entre 2000 y 2006, el Gobierno del Distrito Federal encabezado por Andrés Manuel implementó un sistema de información diaria en materia de seguridad que puede guiarnos para dar un esbozo de respuesta. Aunque ya existía la idea de los “Cs” (C1, C2, C3, C4 y C5), estos centros se refieren a “plataformas integrales” mediante las que se monitorea en tiempo real un perímetro o sector a través de “integraciones tecnológicas”. Aunque al inicio de la Administración López Obrador el Distrito Federal (hoy Cdmx, mañana Anáhuac) ya contaba con una red de cámaras para alimentar esa “plataforma integral”, el sistema de seguridad obradorista no dependía de “integraciones tecnológicas”, sino de la participación ciudadana.
¿Qué significan las “Cs”? Comando (1), Control (2), Cómputo (3), Comunicación (4) y Contacto-Ciudadano (5). Si lo miras con atención, lectora, estamos ante algo centrado –diría Sun Tzu– en el “general” que toma decisiones. Pero el mítico comandante chino insistía en que una reflexión seria acerca de la guerra debe primero discernir qué es “aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante” (Capítulo I “sobre la evaluación”). Sólo la quinta de las “Cs” se refiere a esto. Eso sí: los ocho C5s que existen en México (en Cdmx, Edomex, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Aguascalientes y Zacatecas) se ven impresionantes con sus múltiples cámaras y estaciones de seguimiento… pero ¿qué tanto escuchan a la ciudadanía y a las comunidades que protegen?
Durante sus tres campañas presidenciales, López Obrador insistió en que el centro de su política pública de seguridad sería reunirse diariamente para analizar lo que estaba ocurriendo. Una aplicación no-nonsense del antiquísimo adagio latino oculus domini pascit equum (“a vista del dueño se alimenta el caballo”). Los contrincantes se burlaron de lo simplón de la idea; los obradoristas chilangos sabíamos que había algo más. Ya habíamos visto a Andrés Manuel reunirse diario, al amanecer, con su gabinete de seguridad. Sabíamos que allí se debatían casos concretos, nacidos de las mil y un “incidencias” diarias de seguridad. Nos reíamos porque las teleaudiencias se preguntaban si nuestro venerable y buen procurador general de justicia (Bernardo Bátiz Vázquez) tendría piernas, pues siempre aparecía de medio cuerpo explicando –por ejemplo– por qué en tal caso el ministerio público no ejercería acción penal contra el padre de familia quien, en legítima defensa, atacó dentro de casa a unos asaltantes armados.
Vamos otra vez a Sun Tzu: “La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrirse mediante cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación” (Capítulo XIII “sobre la concordia y la discordia”). Es decir, la información no se adivina. Tampoco es resultado de análisis académicos (analogías y cálculos), aunque esos análisis iluminan el discernimiento. ¿De qué personas se obtenía la información que analizaba AMLO y su gabinete de seguridad?
El viejo Distrito Federal estaba dividido, a partir de la Ley de Participación Ciudadana de 1998, en 1,352 unidades territoriales (UTs). Se había procurado que coincidiesen con pueblos, barrios y colonias –es decir, con comunidades humanas identificables. En cada una de ellas había un comité vecinal y, desde el inicio de la Administración López Obrador, la dirección general de Participación Ciudadana (DGPC) debía organizar una asamblea vecinal abierta a todas y todos los habitantes al menos una vez por año. El trabajo territorial esa dirección general –que al inicio del gobierno obradorista se trasladó de la secretaría de Gobierno a la de Desarrollo Social– permitió identificar no sólo problemáticas específicas en cada UT y asegurar la implantación territorial de los programas de apoyo para adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Lo más relevante es que permitió que Desarrollo Social estadual hiciese contacto con los viejos y nuevos liderazgos comunitarios. Ubicar a estos últimos permitió proponer a personas reales para sentarse en las 70 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en que se dividió el territorio de la entidad federativa.
A esas coordinaciones acudían, en 2003, por parte de la PGJDF, el agente del ministerio público y el comandante de policía judicial del área correspondiente; por parte de la secretaría de Seguridad Pública, el jefe de sector; por parte de la Consejería Jurídica, el defensor de oficio y el juez cívico; un representante del Jefe Delegacional (hoy son Alcaldías) y un representante de la Jefatura de Gobierno. Este último asiento se llenaba usualmente con personas propuestas desde la DGPC –lo que aseguraba una representación vecinal robusta. La mayor parte de esos representantes eran mujeres.
Un diálogo típico era de este estilo: la policía reportaba que ya se había remitido a una persona violenta; el juez cívico reportaba si se había atendido en su oficina; el ministerio público aclaraba si se le había indiciado por algún delito… y las “doñas” de Jefatura de Gobierno aclaraban que el violento remitido no era el culpable del caso –sino una bandita a la que parecía estársele dando impunidad. Es obvio que los encargados tradicionales de la seguridad (policía y ministerio público) no estaban a gusto con esto. Bajo las Administraciones Ebrard y Mancera la representación ciudadana que comento decayó. Bajo Sheinbaum ha renacido y las representantes –de nuevo mayoritariamente mujeres– se nominan desde la Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana a partir de liderazgos reales.
¿Qué hay de esto a nivel federal en la Administración López Obrador?
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf
Liga 2:
Liga 3:
