Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 16 de agosto de 2022.
Con el anuncio del presidente López Obrador de adscribir por decreto la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, corona su campaña militarista. La impertinencia de la decisión se puede ver desde diferentes aristas: la legal, la técnica, la política y la simbólica.
Legalmente, como ya mucho se ha dicho, es inconstitucional. El artículo 21 y la ley de la guardia nacional, aprobadas apenas en 2019 con el consenso de todos los partidos, señala que la Guardia Nacional debe ser civil y por tanto adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en el transitorio quinto de dicha reforma se da un plazo de 5 años para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
Pero sobre todo porque el Artículo 129 también de la Constitución de la República, señala que “(e)n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El Ejército es para la guerra y la ley es para los tiempos de paz. De esto tenían claridad los constituyentes de 1857 cuando en el Artículo 122 (hoy el 129) determinaron los límites de las fuerzas armadas en la vida civil a la que seguramente aspiraban después de los estragos de la guerra de independencia.
El anunciado decreto del presidente o la posible reforma administrativa al reglamento de la Guardia Nacional, no le alcanza para que su propósito no contraríe a la Constitución, pero sí para comprar tiempo antes que sea impugnada y rechazada por la Suprema Corte, como se esperaría.
Técnicamente es una política equivocada. No existe experiencia en el mundo en la que un ejército haya podido garantizar la seguridad ciudadana y la paz, tampoco ha sido la experiencia de México. Desde que el presidente Zedillo les abrió paso a las fuerzas armadas para participar en tareas de seguridad pública y Felipe Calderón las puertas para complacer las políticas (y a los políticos) estadounidenses de “guerra contra las drogas”, han aumentado en México la compra de armas, la producción, venta y consumo de drogas, el número de grupos criminales y su poderío, así como un número escalofriante de víctimas y de modalidades de violencia y sufrimiento, hasta la fecha.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos hizo un llamado a mantener la “naturaleza civil” de la Guardia Nacional y llamó la atención a “la creciente militarización de funciones civiles básicas (que) supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”. Michelle Bachelet, quien fuera presidenta de Chile y también ministra de defensa, en su rol de Alta Comisionada para los Derechos Humanos “ha insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México, en asegurar el carácter civil de las corporaciones de seguridad y en que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversas ocasiones se ha pronunciado por el carácter temporal de la participación del ejército en tareas de seguridad pública y ha señalado los riesgos de mantener una política de seguridad militarizada. En el mismo sentido se han pronunciado diversos relatores especiales, grupos de trabajo y comités de Naciones Unidas, expertos en diversos temas de derechos humanos.
Pero ¿sólo porque lo dice tanta gente, el presidente no tiene razón? Iván Velázquez, el fiscal de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala, y nuevo Ministro de Defensa de Colombia con Petro, lo define bien: “la policía es para recuperar la convivencia”. Petro también ha decidido separar la policía de los militares en el marco de su política de paz. El presidente Boric piensa de manera similar, ha declarado que: “(e)l rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público”.
El papel de la policía es la de generar condiciones para la convivencia y el tejido social entre personas libres; los militares están entrenados para romper relaciones por la imposición de la fuerza. Están formados para defender las instituciones del Estado de posibles enemigos y para ello dependen de la secrecía y de la disciplina. El objetivo de la seguridad pública es proteger la paz social, debe ser transparente y orientada al respeto de la ley.
Las fuerzas armadas son para la guerra y la ley es para los tiempos de paz. Si queremos seguridad lo que toca es hacer valer la ley con herramientas eficaces contra la corrupción y la impunidad; fortalecer las policías civiles, sobre todo en lo local donde las comunidades pueden conocer a sus autoridades y exigirles rendición de cuentas, y desmilitarizar paulatinamente para pasar de la política de disuasión a la de la convivencia pacífica.
Políticamente implica que el presidente sacrifique una de las principales promesas de su campaña y de su partido: retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, a costa de perder seguidores. Haya cambiado de opinión o esté mostrando su verdadera intención, le está dando la espalda a sus votantes, a la ley, y a su propia palabra.
No obstante que ya cuentan con una quinta parte del presupuesto y el control de facto de 26 instituciones civiles, con mayor presupuesto y autonomía económica, las fuerzas armadas se fortalecen también como un actor político, como hemos visto, para incidir en la vida civil de la República. Sabiendo que muy probablemente su decreto será revocado hacia el final de su sexenio (si nos atenemos a los tiempos de la Corte), habrá que estar atentos a las decisiones que tome el presidente en esta ventana de tiempo y a las acciones legales o ilegales que las propias fuerzas armadas puedan tomar.
Simbólicamente el mensaje del presidente López Obrador es peligroso. Según dice, la razón que lo lleva a tomar la decisión de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es que “hay disciplina, hay profesionalismo y honestidad”. Existe bastante evidencia documentada de la corrupción en la que pueden caer tanto civiles como militares. En cualquier caso, la aplicación irrestricta de la ley es lo que puede prevenir y por supuesto sancionar la corrupción, pero claramente AMLO no está hablando de esto.
A diferencia de la militarización (que podría definirse como la presencia o el despliegue militar en el territorio), resaltar virtudes militares por encima de las civiles es lo que hoy los expertos llaman “militarismo”. Esa creencia es lo que explica que el gobierno federal haya transferido al menos 70 funciones civiles a las fuerzas armadas y consecuentemente esté convencido de tener razón y “por el bien del pueblo” se desista de cumplir con la Constitución.
Este discurso es peligroso al menos por tres razones: este pensamiento lleva a la renuncia de la civilidad y la apuesta por el imperio de la ley por encima de la fuerza armada; imagina un pueblo indefenso, pasivo y a merced del peligro, al que hay que proteger bajo en un paternalismo autoritario, cuando en realidad el pueblo se compone de derecha e izquierda, de conservadores y liberales, delincuentes y ciudadanos, civiles y militares, desobedientes, corrompibles, tramposos, pero también virtuosos, trabajadores y muchas veces héroes, donde de lo que se trata es mejorar las relaciones para vivir en paz por medio de la aplicación de la ley y de políticas igualadoras. Finalmente, es peligroso porque bajo ese pensamiento debemos esperar más decisiones que sigan fortaleciendo la autonomía de las fuerzas armadas y su poder político.
