Al igual que en las elecciones, es muy probable que en la consulta popular del 1 de agosto, anticipadamente se proclamen vencedores tanto sus impulsores como sus detractores. De igual forma, no sería de extrañar que en los medios de comunicación y en las redes sociales, el debate posconsulta ocupe espacios durante varios días, semanas inclusive, en el que se busque ampliar las percepciones triunfalistas en uno u otro sentido. Y, como sucede en las elecciones, ganar los debates posteriores a la fecha clave es un factor decisivo en la construcción de las percepciones políticas de la ciudadanía. Así, es de esperar que las narrativas triunfalistas sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se construyan, al menos parcialmente, en torno a los siguientes tópicos.
Cualquier número que arroje la consulta por debajo de 37,411,389 personas que corresponde al 40 % del padrón electoral, será considerado por los detractores como un fracaso. Sin ese 40 %, la consulta carecerá de un carácter vinculante, es decir, no será obligatoria para las autoridades judiciales. Si consideramos que en la elección del pasado 6 de junio acudieron a las urnas 49,266,964 personas, entonces se necesita que aproximadamente el 75 % de los votantes el 6 de junio participe en la consulta popular. A decir verdad, se ve muy difícil que se alcance esa cifra, sobre todo si consideramos que en la elección federal del 6 de junio la mayoría de los votos no fue para MORENA y sus aliados; esto es, la suma de los votos de la Coalición Va por México, Movimiento Ciudadano, nulos, independientes y no registrados, son más que los obtenidos por el partido en el poder. En otras palabras, basta con que las personas que no votaron por MORENA y sus aliados se ausenten de la consulta popular para que no se alcance el 40 % del padrón electoral; y, a decir verdad, es altamente probable que esto suceda.
En esta perspectiva, quienes han manifestado su reticencia u oposición a la realización de la consulta popular (por las razones que sean) es muy posible que celebren que no se alcance el porcentaje mínimo para que los resultados sean vinculantes. Si, en efecto, no participan 37 millones y medio de personas, en términos de eficacia política la consulta será leída como un fracaso. Y habrá quien argumente que, en política, la eficacia lo es todo. Y quizás tenga razón.
En otra lectura, para sus impulsores, la realización de la consulta popular es un éxito en sí misma, incluso con independencia de los números finales. Haber logrado recabar el número de firmas suficiente para realizar la consulta es, desde luego, un dato de enorme relevancia, si bien la iniciativa para la consulta fue del titular del Ejecutivo, en ejercicio pleno de sus atribuciones. Con justa razón se puede considerar que la consulta popular es un triunfo de las fuerzas democráticas en el país, de allí que los números finales sean un dato subordinado a la realización de este inusitado ejercicio político; en un país con un amplio y muy negativo expediente autoritario, la consulta popular del 1º de agosto representa, sin lugar a dudas, un importante éxito. En términos de legitimidad y valores democráticos, la realización de la consulta popular puede ser leída como un triunfo y habrá quien argumente que, en política, los valores y la legitimidad lo son todo. Y quizás tenga razón.
Las narrativas del triunfo sobre la consulta popular, en uno u otro sentido, deben considerarse en el contexto institucional de la instancia que las organiza: el Instituto Nacional Electoral (INE). Y lo cierto es que el INE se ha revelado más como un obstáculo que como una entidad comprometida a tope con la realización de la consulta, por ejemplo, argumentando escasez de recursos que le impedirán instalar el mismo número de casillas que en la elección del 6 de junio. De acuerdo con la información disponible, se instalarán apenas 57 mil mesas en todo el país, es decir, una tercera parte de las casillas de la elección del 6 de junio. Por cuanto a la promoción de la consulta se refiere, a partir del 15 de julio comenzará la campaña en medios de comunicación y redes sociales. Veremos. Con todo, y a pesar de sus evidentes resquemores, el INE seguramente se trepará al carro del triunfalismo y defenderá su trabajo con el argumento de que, a pesar de las restricciones presupuestales, la consulta popular se llevó a cabo con éxito.
Por otra parte, abona a la previsible ausencia popular en la consulta la pregunta misma que será sometida a consideración. Conocemos la historia: la pregunta original del presidente fue modificada por la Suprema Corte, quedando en definitiva un galimatías difícil de entender: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". En sentido estricto, y en apego a la letra de la pregunta, no se está consultando por el juicio a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, sino a los “actores políticos”, tampoco se inquiere si se someten a juicio, sino si se llevan “a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas...”. Sin ser abogado, supongo que en el remoto caso de que la consulta tuviera un carácter vinculante, la farragosa pregunta podría dar lugar a una serie de recursos jurídicos (amparos, entre otros posibles) que harían la delicia de muchos abogados ávidos de reflectores y de dinero, por supuesto.
Me parece que para hacer una evaluación equilibrada de los resultados de la consulta popular es necesario salir de los extremos: no será un fracaso si no se alcanzan los 37.5 millones de votos, pero tampoco podrá considerarse exitosa, si la participación es mínima. ¿Dónde ubicar un justo medio para ponderar con mayor justeza el alcance de la consulta popular? Difícil establecer un porcentaje o un número determinado, sin embargo, en aras de estimular la reflexión y el debate, es preciso aventurar algunas conjeturas.
Si consideramos como referente los votos que MORENA y sus aliados obtuvieron en las pasadas elecciones para elegir representantes a la Cámara de Diputados, el número de participantes en la consulta popular debería ser de 21 millones, aproximadamente, de los que es previsible opten por el sí en la boleta. Sin embargo, esta cifra está muy lejos de los 37.5 millones necesarios para que sea vinculante (y lejos también de los 30 millones obtenidos por AMLO en la elección de 2018), pero muy distante también de ser una participación exigua. Podemos inferir que alrededor de 21 millones de personas constituye el núcleo duro de votantes identificados con el gobierno federal (posiblemente también con MORENA, pero no necesariamente), por lo que no es descabellado establecer en esa cifra la expectativa de participación en la consulta popular del 1º de agosto. Sin embargo, el dato de 21 millones no deja de ser arbitrario por cuanto no pueden ser equivalentes una elección federal y una consulta popular, además de que las condiciones en que se celebró la primera y en las que ocurrirá la segunda, son muy diferentes. Si se trata de mostrar músculo político y ejercer presión para que quienes depredaron al país sean enjuiciados, es claro que se necesita una muy amplia participación popular. Con todo y a sabiendas de la arbitrariedad del número, si 20, 21 millones de personas participan en la consulta popular, creo que el ejercicio democrático podría ser calificado como altamente exitoso. Por el contrario, cuanto más alejada de ese número sea la participación, la percepción de fracaso tenderá a incrementarse.
Lo más lamentable es que las probabilidades de que los ex presidentes sean llevados a juicio como resultado de la consulta popular, son pocas, habida cuenta de que difícilmente tendrá un carácter obligatorio y de que el propio presidente ha manifestado su postura de no enjuiciar a quienes le antecedieron en el cargo, inclusive, ha expresado que no participará en la consulta popular.
Si esto ocurre, si los números de la consulta popular no son contundentes, me parece que las narrativas del triunfo más sonoras, definitivas e indignantes, serán las que profieran, o canten, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. En este escenario, queda una pregunta en el aire: ¿qué sigue?
