A dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2020-2021 a través de pantallas de televisión, es posible advertir que acaso se esté gestando un desastre de proporciones mayúsculas cuyas consecuencias serían terribles para millones de familias mexicanas. La educación es la mejor vía para romper el ciclo de reproducción de la pobreza, por lo que las repercusiones de la escuela por televisión no sólo incidirían en las trayectorias académicas de millones de niñas y niños en el país, sino también en las posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida, por lo que no es ninguna exageración afirmar que estamos ante una posible hecatombe educativa cuyas repercusiones sociales podrían ser ominosas. Si bien es claro que la medida es temporal, hasta que el semáforo pandémico pase a verde, no tan claras son las consecuencias que el formato televisivo estaría generando; las investigaciones al respecto seguramente aportarán información clave para entender en su justa dimensión la hecatombe educativa.
El calificativo de hecatombe lo escuché en voz de una maestra con muchos años de experiencia frente a grupo (más de 30) y como directora de un plantel educativo. Antes de dar inicio los cursos por televisión, comentábamos los alcances y las limitaciones del modelo propuesto por las autoridades; sus palabras fueron más o menos las siguientes: “es una hecatombe educativa, Alejandro, porque educar es mucho más que dar clases, se necesita que los niños convivan, jueguen, platiquen entre ellos y con sus maestras. Dar clases por televisión no es educar”. A las palabras de la maestra añadiría solamente una anotación: las clases por televisión, por sí mismas, sin acompañamiento ni otros recursos pedagógicos, en efecto, difícilmente pueden concebirse como un proceso de aprendizaje, mucho menos como una pedagogía crítica acorde a los (supuestos) tiempos de transformación institucional.
Se puede argumentar, con justa razón, que dadas las circunstancias impuestas por la pandemia no había otra opción que no fuera llevar los programas educativos a la televisión. El problema con este argumento es que se dio por hecho algo que no necesariamente es cierto: la inexistencia de otras posibilidades para llevar a cabo el ciclo escolar. Menos aún cuando no se consultó a las maestras y los maestros, quienes son los que mejor conocen las condiciones de las escuelas, de las niñas y los niños, de sus padres, de las comunidades. Si las autoridades educativas no se hubieran ido por la salida más fácil, burocrática y esencialmente centralista, que fue llevar las clases a la televisión, es altamente probable que de las bases magisteriales hubieran surgido no una, ni dos, ni tres, sino decenas de alternativas, ajustadas a las muchas realidades educativas del país. Quizás una de esas alternativas hubiera sido impartir clases por televisión, de acuerdo, pero otra tal vez hubiera sido enviar brigadas educativas a ciertas comunidades alejadas que carecen de internet y/o electricidad, o que en algunas escuelas los y las estudiantes acudieran un par de días a la semana en grupos reducidos, o que en algunas escuelas con las condiciones adecuadas se pudieran impartir clases en algunos grados, o qué se yo. Si en lugar del centralismo se hubiera optado por el respeto de las identidades y las autonomías de las variopintas comunidades educativas, de los sistemas educativos estatales, de las condiciones imperantes en los territorios municipales, quizás la inminente hecatombe se hubiera podido eludir.
Como lo he comentado en este mismo espacio hace algunas semanas, en vez de cumplir con los programas educativos a toda costa, tal vez sería mejor echar adelante un ambicioso programa de lectura, adecuado a las edades de las y los estudiantes, de matemáticas aplicadas básicas, de arte con énfasis en baile y teatro. Y por supuesto, programas emergentes específicos para las chicas y los chicos de educación especial y para los hablantes de lenguas indígenas. Al cabo de unos meses tendríamos miles de niñas y niños con mejores prácticas lectoras, inclusive aficionados a los libros, capaces de resolver operaciones matemáticas de uso cotidiano y buenos/as para las cumbias y el drama. En fin, lo cierto es que la secretaría encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, antes de buscar construir opciones con el magisterio, prefirió aliarse con los empresarios televisivos para impulsar el programa Aprende en Casa II (por cierto, sin hacer un mínimo balance de su antecesor, Aprende en Casa I).
Si bien formalmente la cobertura televisiva alcanza al 93 % del territorio nacional, aproximadamente tres millones de hogares con niñas y niños en edad escolar han quedado excluidos del programa Aprende en Casa II debido a que no tienen TV, carecen de electricidad o bien sus aparatos son analógicos. Y por supuesto, no tienen internet (https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/aprende-en-casa-margino-a-ninos-y-ninas-de-tres-millones-de-hogares/). Además, y como si no fuera suficiente, en muchos hogares hay un solo aparato de TV y la señal es muy defectuosa, sobre todo ahora en tiempo de lluvias y huracanes. Que tres millones de hogares hayan quedado excluidos del programa Aprende en Casa II es suficiente para afirmar que estamos ante una catástrofe educativa de grandes dimensiones, una verdadera hecatombe.
A los millones de excluidos y excluidas, hay que añadir las precarias condiciones en que otros tantos millones de niñas y niños, de maestras y maestros, hacen hasta lo imposible por cumplir con los programas de estudio, sin que haya apoyos suficientes por parte de las autoridades educativas. En días recientes se hizo viral la publicación en Facebook de una maestra de Nuevo León en la que hace un llamado a las autoridades educativas a cancelar el ciclo escolar, debido a las dificultades de sus estudiantes para cumplir con el envío de las tareas. Palabras de la maestra Marisol: “Es muy duro cargar con todo el trabajo el cual hago con mucho gusto. Pero cargar con la situación en la que viven mis alumnos es demasiado. Veo como hacen el esfuerzo en estos días, están animados, pero me parte el corazón al leerlos”. El lamento de la profesora se debió a que sus estudiantes constantemente le envían mensajes sobre las dificultades que tienen para enviar sus trabajos y tareas debido a la falta de crédito en los celulares (https://www.sinembargo.mx/28-08-2020/3850141). Los miles de recargas al celular de 20, 30, 50 pesos para seguir los cursos y enviar la tarea, pegan muy duro en los bolsillos de las familias, al tiempo que suman muchos ceros a las cuentas de las compañías de telefonía celular.
En México, el internet y la telefonía celular son caros y con una estructura cuasi monopólica. Telcel es la compañía de telefonía celular con mayor cobertura y clientela, aproximadamente dos terceras partes de los más de 121 millones de celulares son de esta firma. A sabiendas de la falta de conectividad de muchas comunidades en el país, de las elevadas tarifas de internet doméstico, de las altas cuotas de telefonía celular, de las condiciones materiales de vida prevalecientes en millones de hogares y de la exclusión de cientos de miles de estudiantes, no parece que la mejor decisión sea continuar con el curso escolar en estas condiciones. Sin embargo, las autoridades educativas siguen empeñadas en cumplir formalmente con los planes y programas de estudio, sin consideración por las condiciones pedagógicas de los aprendizajes, ni por la salud física y emocional de los agentes implicados (estudiantes, maestras y maestros, madres y padres de familia, tutores de los menores).
Mientras el programa Internet para Todos en efecto llegue a todas partes y permita el acceso a quienes ahora no lo tienen, es imprescindible que el gobierno federal busque bajar las tarifas de acceso a internet, tanto doméstico como celular, a través de convenios con las empresas operadoras del servicio: Telmex, Telcel, Telefónica, ATT, Total Play, entre otras. Si damos por cierta la estimación de que en 7 de cada 10 hogares se recibe algún tipo de apoyo por parte del gobierno, es dable conjeturar que una parte de esos recursos van a dar a las cuentas de las compañías telefónicas a través de las recargas que deben hacer las familias para que los niños y las niñas envíen a sus profes las tareas, los trabajos, las “evidencias” de su “desempeño”. Curiosa política social en la que los recursos que transfiere a los pobres, terminan en los bolsillos de los ricos.
De las al menos cuatro grandes crisis desatadas por la COVID 19, dos son monitoreadas continuamente y los datos están a la vista de todos (al menos formalmente): la sanitaria y la económica. Si vamos bien o vamos mal, cada quien tiene su opinión. Pero de las otras dos crisis sabemos muy poco, casi nada: la emocional y la educativa. La emocional es, por mucho, la más oscura, al punto incluso de ser negada. Y la crisis educativa tiene visos de ser una verdadera hecatombe.
