Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 21 de junio de 2022
Gustavo Petro gana en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia y con ello se reafirma el hartazgo de la vieja política que ha generado desigualdad y violencia en ese país. En un voto por el “ya basta”. La fiesta popular en las calles de Bogotá del domingo pasado nos recuerda a las de julio de 2018, cuando López Obrador ganó las elecciones.
No podemos dejar de ver una ola hacia la izquierda en América Latina: recordemos las recientes elecciones en Chile con la victoria de Gabriel Boric, en 2021 con Xiomara Castro en Honduras y Pedro Castillo en Perú. Todos ellos comparten con Andrés Manuel López Obrador el voto del hartazgo en medio de una crisis de la democracia a nivel hemisférico. Veremos si las trayectorias de todos ellos van en el mismo sentido o se contradicen.
La emoción desbordada en las calles se asemeja al triunfo de la selección nacional en un campeonato mundial, pero a diferencia del futbol, las elecciones no son el final, sino apenas el principio. Votar por el “no más” no implica siquiera un programa de gobierno porque, como en la vida personal, a veces sabemos qué es lo que no queremos, pero no sabemos que es lo que sí. Los nuevos retos para quienes dejaron de ser oposición y ahora gobiernan incluyen: proponer la agenda, definir con qué principios y detallar cómo se piensa implementar.
Petro, por ejemplo, ha dicho que su agenda es atacar la violencia que se vive en Colombia ligada a la política de drogas; la desigualdad y la necesidad de una nueva economía; además del calentamiento global, en particular evitando la deforestación del Amazonas. Aunque no es muy claro en su posicionamiento ante el feminismo, la postulación de la vicepresidenta Francia Márquez de origen afrocolombiano cerró la brecha con ese movimiento, en su toma de posesión habló de las mujeres, de los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, y de las diversidades sexuales y de género.
Boric, surgido del movimiento estudiantil por la reforma educativa en Chile hace escasamente una década, compañero de Camila Vallejo y muchos otros jóvenes, forma parte de una nueva generación de políticos en América Latina. Con 36 años, su agenda es claramente progresista, reivindica los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, los derechos de los pueblos indígenas y de las víctimas de la dictadura. En una ola democratizadora en Chile, Boric gana las elecciones en medio de un proceso de amplia participación social para conformar una nueva Constitución, al que hay que estar muy atentos.
Xiomara propone la construcción de un estado socialista democrático en Honduras, basado en los derechos humanos de todas las personas y su derecho a participar en la toma de decisiones, en el marco también de una nueva Constitución. Es interesante cómo integra el binomio derechos humanos y democracia, emulando, me atrevo a decir, al proceso chileno de movilización social, poco visto entre políticos del Continente. “La agenda política de mujeres y feministas será mi prioridad”, aseguró en agosto, durante su campaña. Una agenda importante porque Honduras tiene el mayor índice de asesinatos de mujeres y niñas de América Latina, y donde una de cada cuatro mujeres queda embarazada antes de cumplir los 19 años, según Naciones Unidas.
Castillo, maestro peruano de origen rural, propone atacar la desigualdad regulando los monopolios, promoviendo la nacionalización de los recursos mineros y una reforma agraria, pero no es permeable a los derechos sociales como el derecho al aborto o los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En este aspecto parece ser tan conservador como AMLO.
López Obrador basó su campaña en la promesa de acabar con la corrupción y el régimen neoliberal de privilegios, pero ve con recelos los derechos humanos y las agendas feministas y ecologistas por considerar que son “un invento neoliberal para saquear”. AMLO, al tiempo que encarna el rechazo al régimen anterior, es un político de tipo conservador que cree en el Estado benefactor como contraposición al neoliberalismo.
¿Hacia dónde va la izquierda en América Latina? Si las agendas no cumplen con las promesas, en unos cuantos años es probable que veamos en el continente una tendencia electoral hacia el extremo contrario. El riesgo es que el hartazgo llevará el voto hacia la derecha, como sucede ahora en Europa en una espiral cada vez más autoritaria y regresiva. Más allá de las buenas intenciones y frases hechas, se necesitan indicadores que permitan medir un proceso emancipatorio. De manera muy general (porque cada uno implicaría un tratado entero), propongo aquí algunos de ellos:
Fortalecer la democracia. Como dijo Winston Churchill, “la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las demás que se han inventado”. La democracia no son sólo elecciones, la democracia implica repartir horizontalmente el poder en lugar de concentrarlo, y generar condiciones para que cada vez seamos más iguales en el ejercicio de los derechos humanos. La distribución de ese poder se establece con formas de participación política diversas más allá de los partidos, con medios instituidos de rendición de cuentas y controles horizontales (como los órganos autónomos) y verticales ejercidos por la ciudadanía (consultas y plebiscitos, por ejemplo).
Ampliar las libertades. Porque como señala Xiomara Castro en su programa de gobierno, “la razón de ser del Estado son los derechos de cada persona”. Se trata de asegurar la libertad de hacer y de decidir, pero también de generar condiciones y oportunidades para un mejor hacer y un mejor decidir. Tanto los derechos civiles y políticos como los sociales y económicos amplían las libertades, sin otro límite que la libertad y los derechos humanos de las y los semejantes. Hasta ahora los mejores indicadores de que se cumplen estas libertades son los derechos humanos.
Garantizar los derechos y su progresividad. La garantía de derechos es una obligación tanto por la Constitución como por las convenciones internacionales a las que están adheridos los países latinoamericanos. Se trata de establecer leyes e instituciones que aseguren los derechos y su expansión en cantidad y calidad. Esta es la única manera de trascender las buenas intenciones y voluntades individuales. La creación de consensos fortalece estas garantías y por eso los incentivos para la colaboración en el sistema político deben ser mayores que los de la competencia.
Políticas públicas que definan planes programáticos, con diagnósticos, acciones concretas, recursos económicos suficientes, tiempos claros y mecanismos de evaluación, basados en la evidencia. Esto debe incluir desde las políticas de seguridad y persecución penal y de justicia, hasta de educación, salud, cultura, etc. La acción de gobierno no es cuestión de creer, si no de saber hacer y saber públicamente lo que se hace.
No es sencillo. A siglos de distancia, la idea de que todas y todos somos iguales en dignidad y derechos sigue siendo subversiva. Hay muchas oposiciones (tanto de la derecha como de la izquierda) a una agenda democrática que, desde diferentes ángulos e ideologías, coinciden sólo en una cosa: hacerse del poder para dominar a otros. No obstante, las promesas de la izquierda hoy en América Latina prometen mejores condiciones de vida, es claro que la gente ya no busca viejas ideologías sino resultados evidentes en sus vidas.
Con indicadores como estos podemos, ahora sí, proponernos acabar con la corrupción o la violencia, reducir la pobreza, o cualquier otro buen propósito de campaña que pretenda concretarse. No es difícil estar de acuerdo en qué “no” queremos, lo que es más complicado es ponernos de acuerdo en qué sí. Si ponemos indicadores como estos en la base de la democracia, tendremos un marco para el debate y el acuerdo. Mientras, nos pueden ser útiles para evaluar hacia dónde va la izquierda en América Latina.
