Generales Asesores

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Federico Anaya Gallardo

 

La reportera Anabel Hernández señaló en Aristegui Noticias (20 de enero de 2021), en medio de la tormenta del Caso Cienfuegos, que el ex-secretario de la Defensa Nacional era –al momento de su arresto– asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). (Liga 1.) Anabel, en su habitual estilo combativo, dijo: “—Carmen: un ingrediente del que ni el presidente de la República, ni el fiscal, ni el canciller han informado es que, cuando el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles California, acusado de estos delitos graves de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, era asesor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tengo aquí, en mi poder, el nombramiento, firmado directamente por Luis Cresencio Sandoval González, quien desde el primero de diciembre de 2018, después de que el general Salvador Cienfuegos dejó su posición oficial como secretario de la Defensa Nacional, fue asumido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, directamente por Luis Cresencio Sandoval González, como asesor de la SEDENA, cuyo mando supremo, como todo el mundo lo sabe, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ... El presidente de la República omitió decirle a los ciudadanos que estaba defendiendo a su asesor.” El vídeo se puede consultar en la misma liga indicada.

 

Cuando Anabel Hernández dice tengo aquí, en mi poder, el nombramiento; yo agregaría: y todos contigo lo tenemos también en nuestro poder. Lo habíamos dado a conocer un día antes en Rompeviento TV. Los dos documentos son parte del expediente que la Fiscalía General de la República hizo público luego de su resolución de no ejercer acción penal contra el ex-secretario de la Defensa Nacional. Se encuentran en el Anexo 12 parte 2, en las páginas 6 a 8 (ver imágenes, Liga 2). Vale la pena, lectora, que los analicemos con detalle.

 

Cronológicamente, el primero (página 8) lleva fecha de 1 de Diciembre de 2018 y es un “Acuerdo” firmado por el actual general-secretario de la Defensa Nacional. Está dirigido al general de división al frente de la Dirección General de Personal. No se escribe el nombre del recipiendario (es decir, quien debe recibir el documento). Al parecer esto es práctica común en la burocracia militar, pues varios otros documentos del Expediente Cienfuegos siguen este estilo. Ello nos indica que la des-personalización en la administración militar es mayor que en la civil. No importa el nombre del funcionario, sino el rango o grado de quien ocupa un puesto determinado, lo que al parecer es constante y muy predecible. El Acuerdo indica al director general (que aparte es general de división) que Salvador Cienfuegos Zepeda causó baja como general-secretario de la Defensa Nacional y alta como “Asesor del Suscrito” (Sandoval González). Más nada. El segundo documento es un oficio (páginas 6 y 7) emitido el 7 de Diciembre de 2018 por la dirección general de personal (PM/M/47283) por el que se informa al comandante de la I Región Militar (Ciudad de México) el cambio de adscripción de Cienfuegos en seguimiento del Acuerdo de seis días antes. Sólo se agrega una precisión: que queda dado de alta “como asesor del Alto Mando del Ejército”. ... No del comandante supremo de las fuerzas armadas.

 

El fundamento indicado tanto por el Acuerdo como por el oficio PM/M/47283 incluye la Constitución General: los Artículos 14, 16 (garantías de seguridad jurídica) y 123 Apartado B fracción XIII (régimen laboral especial de las fuerzas armadas, agentes de procuración de justicia y policías). Se citan también las leyes federales de Procedimiento Administrativo y Administración Pública (requisitos esenciales del acto administrativo y facultad general del titular de un ministerio para organizarlo). De las normas específicas de orden militar, sólo se citan la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea y el reglamento interior de la secretaría. Más nada.

 

Te he aburrido, lectora, con la fundamentación legal porque, a raíz de la revelación del documento, se desató un debate en la opinión pública gracias al cual –y vía el abogado César Gutiérrez Priego– pudimos enterarnos que había otra pieza de normativa aplicable al caso. El 30 de Enero de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se dispone que los generales que hayan desempeñado el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, comunicarán [sic] en el activo no obstante que se opere alguna causal de retiro” (Liga 3.)

El decreto de 1976 es sencillo. Un párrafo de considerandos (motivación), un artículo y un transitorio. La idea central es que los ex-generales-secretarios continuarán (el artículo único aclara el gazapo del título) en “el activo”, pese a que haya operado alguna causal de retiro, “para que sean aprovechados sus servicios como asesores de los que posteriormente desempeñen ese cargo”. ¿El motivo? Que los generales (siempre militares, siempre hombres) que han ocupado el cargo “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país”. El presidente Echeverría Álvarez explicaba a la ciudadanía que esas capacidades deben seguirse aprovechando, “cooperando como órganos de consulta” de sus sucesores. Era, aparte, un modo de reconocerles sus méritos. Lo interesante es que el transitorio aclaraba que el decreto entraría en vigor el día de su publicación en el DOF. Es decir, la experiencia adquirida por los generales que habían sido titulares de la SEDENA antes del decreto no sería requerida por los futuros generales-secretarios.

 

Lo último no era sólo cuestión de formalismos legales. Cuando Echeverría emitió el Decreto estaba entrando en el último año de su sexenio. En ese 1976 estaban vivos sólo dos de los ex-secretarios de la Defensa Nacional: Gilberto R. Limón Márquez (1895-1988) quien sirvió en la Administración Alemán Valdés (1946-1952) y Marcelino García Barragán (1895-1979) quien sirvió en la Administración Díaz Ordaz (1964-1970). Es obvio que Echeverría no deseaba llamar al cubículo de asesores de su general-secretario (Hermenegildo Cuenca Díaz, 1902-1977) a esos dos generales. El general Limón había presidido la SEDENA durante lo que Academia llama hoy el “pacto cívico-militar” que supuestamente retiró a los soldados de la política activa. Hoy sabemos que ese pacto era sólo aparente y que el Ejército siguió entrometido de muchas maneras en la vida social y política –y que esto empeoró a partir de los 1970’s. Por otra parte, de acuerdo con todas las versiones acerca de la tragedia de 1968, el general García Barragán se había opuesto a Echeverría en el manejo de esa crisis. Así lo reportó Roderic Ai Camp en su Generals in the Palacio (Oxford, 1992, pp. 27-29) y así lo documentaron Julio Scherer García y Carlos Monsiváis en su Parte de Guerra, escrito a partir de la documentación que les legó el propio general García (Nuevo Siglo/Aguilar, 1999).

 

Ha dicho Adolfo Gilly que, en el antiguo régimen, los únicos puestos con poder real y efectivo eran la Presidencia y las gubernaturas. Por lo mismo, el ascenso de generales a gobiernos estaduales debería ser estudiado con más detalle. La crisis de los 1970’s sirvió bien a las carreras de muchos militares. Te menciono tres ejemplos, querida lectora. En 1974, el General Fernando Pámanes Escobedo (1909-2005) fue electo gobernador de Zacatecas. Entre 1971 y 1974 había sido comandante de la 5 Zona Militar (Chihuahua) donde combatió, según su propio dicho, a los “bandoleros marxistas, comunistoides” de la Liga 23 de Septiembre. (Liga 4.) Pámanes llegó a la gubernatura pese a que la Constitución estadual exigía que los candidatos militares hubiesen dejado sus comisiones armadas un año antes de la elección (Camp, p. 74). En 1973-74 una reforma integral de la Constitución zacatecana redujo el requisito a noventa días. Pámanes era íntimo amigo del general-secretario Cuenca Díaz. Ambos eran parte del Grupo Leandro Valle, una asociación de militares en activo y retirados que hacían política dentro del PRI.

 

Veamos otro caso relevante de exitosa carrera contrainsurgente, militar y política en la crisis de los 1970’s. Gracias a las leyes de transparencia, contamos con su hoja de servicios en la www. (Folio 0000700042105, Liga 5.) El general oaxaqueño Eliseo Jiménez Ruiz (1912-2002) había sido diputado federal (1964-1967) y luego Agregado Militar en Guatemala (1968-1971). Retornó al país en el sexenio de Echeverría como Jefe de Estado Mayor de Zona Militar en Nuevo León y Jalisco (1971-1972) para luego recibir, entre 1972 y 1976, el comando de las Zonas Militares 35 (Chilpancingo) y 27 (Pie de la Cuesta) en Guerrero. Se le atribuyó la victoria sobre los guerrilleros y en 1977, al estallar una crisis general en su Estado natal, fue nombrado Gobernador luego de la renuncia del gobernador civil Manuel Zárate Aquino.

 

Regreso al caso de Cuenca Díaz. Al terminar su servicio como titular de SEDENA, no sólo adquirió el cargo de asesor de su sucesor (Félix Galván López, 1913-1988) de acuerdo al decreto que comento, sino que –contra toda costumbre– al poco fue designado candidato del PRI a gobernador de Baja California (Camp, p. 74). La revista Proceso cubrió estos eventos en un reportaje titulado “Autopostulado, Cuenca será gobernador” (25 de Diciembre de 1976). No fue gobernador pues murió durante la campaña, en 1977. Con este contexto, queda claro que el Decreto de 1976, aparte de la motivación explícita (recuperar experiencia en materia de “orden interno”), tuvo también el objetivo de mantener la influencia del grupo de generales encumbrados por Cuenca Díaz dentro del Ejército. Se estableció una influencia transexenal a favor de su grupo. El general Pámanes Escobedo terminó completo su sexenio zacatecano (1974-1980) y el general Jiménez Ruiz reconfiguró el gobierno oaxaqueño: su secretario de gobierno entre 1977 y 1980, Heladio Ramírez López (civil y agrarista), sería gobernador entre 1986 y 1992.

 

Con lo anterior queda clara la importancia de la nota que dimos a conocer en Rompeviento TV, aunque esa importancia no se debe a la opacidad de la Administración López Obrador o a que este gobierno federal pretenda esconder algo. Estamos ante algo más grande y más grave. El ex-secretario Cienfuegos no es asesor del presidente de la República, sino sólo del actual general-secretario. Pero no ocupa ese puesto por una decisión personal ni de López Obrador ni de Sandoval González –sino dando seguimiento a una norma tan vieja que no mereció enlistarse ni en el Acuerdo ni en el oficio que hemos analizado. Los seres humanos somos seres de costumbres y las reproducimos de modo automático. El espíritu de cuerpo del Ejército, supongo, no requiere la cita del Decreto de 1976 para aplicarlo –se ha vuelto tradicional que el general-secretario saliente se mude a una oficina de asesor en las mismas instalaciones. Acaso lo sientan como una compensación por la pérdida de la cuarta estrella sobre su águila. Los documentos a los que nos dio acceso la (feliz y aventurada) decisión del presidente López Obrador de transparentar todo en el Caso Cienfuegos nos muestran, en el Acuerdo y el oficio, el nivel mecánico y automático de la baja como secretario y la alta como asesor.

 

Pero la decisión de transparentar trajo a la luz un hecho de primera importancia: que los ex-secretarios de SEDENA siempre se vuelven asesores de sus sucesores. No hay nada equivalente en la Administración Pública mexicana y sólo puedo pensar en la aristocratizante institución de otorgar a los ex-presidentes de la República un asiento en el poder legislativo nacional (Chile, Nicaragua, Venezuela). La revelación del documento, nos ha permitido desenterrar las condiciones políticas en las que surgió el Decreto que justifica este bizarro hecho. Muchas cosas han cambiado desde 1976. De entrada, una profunda aunque lentísima transición a la Democracia. De salida, dos guerras contra el narco (una en los 1970’s-1980’s y otra en los 2000’s-2010’s) y una nueva oleada de insurrecciones guerrilleras –que perviven hasta hoy. ¿Se justifica mantener decreto, costumbre y tradición? ¿Qué otras costumbres bizarras han nacido dentro de nuestros institutos armados, alejados secularmente del escrutinio ciudadano?

 

Ligas usadas en este texto:

 

Liga 1:

https://aristeguinoticias.com/2001/mexico/por-un-decreto-presidencial-cienfuegos-es-asesor-de-la-sedena-en-actual-gobierno/

 

Liga 2:

https://www.gob.mx/fgr/documentos/investigacion-cienfuegos

 

Liga 3:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4839694&fecha=30/01/1976

 

Liga 4:

https://web.archive.org/web/20100531142006/http://www.jornada.unam.mx/2005/03/11/038n1est.php

 

Liga 5:

http://www.sedena.gob.mx/leytrans/petic/2005/jul/12072005d.html

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