Salvo que ocurra algo excepcional, el martes 20 de octubre el Senado de la República, con mayoría morenista, habrá consumado la aniquilación de 109 fondos y fideicomisos públicos. Desoyendo a los diferentes grupos afectados por la medida, entre otros a periodistas, familiares de víctimas de desaparición, deportistas, artistas y a la comunidad científica, las y los diputados aprobaron la drástica medida que ahora, en el Senado, deberá ser ratificada o bien, rechazada. Mi expectativa es más bien pesimista porque se espera un voto por consigna, es decir, una votación en la que las razones y los argumentos queden supeditados a la instrucción del coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, quien, a su vez, respondería a los designios del titular del Ejecutivo... ¿o no?
Afirmar que los recursos para la creación, la investigación científica, los desastres naturales, o la protección y defensa de derechos humanos se entregarán directamente, sin intermediarios, no despeja las inquietudes y la incertidumbre en los grupos afectados porque las explicaciones del gobierno federal ofrecidas hasta el momento han sido insuficientes, confusas, insatisfactorias. Por dar solamente un ejemplo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha explicado que los fondos para la investigación científica están asegurados debido a que a lo largo de los años se han mantenido con cierta regularidad y que los fondos para esta actividad, central para el desarrollo del país, “estamos convencidos que los podemos garantizar desde el presupuesto y no es necesario tener los recursos en un fideicomiso” (https://twitter.com/ArturoHerrera_G/status/1316511628242882560?s=20). Puede que ustedes estén convencidos, pero la comunidad científica y académica, no. Toda vez que no hay suficiente información, las palabras del Secretario de Hacienda apelan no a la confianza construida a través del diálogo y los consensos, sino a la fe. El mensaje es: “crean en nosotros, destruimos instituciones, pero les vamos a cumplir”.
Las dudas persisten: ¿cómo se hará la gestión de los proyectos de investigación multianuales? Sujetarlos a la normatividad institucional del presupuesto y su lógica anual, significa que cada año deberá hacerse la gestión de fondos que, en el mejor de los casos, se dispersarán en el mes de marzo o abril y deberá cerrarse su ejecución, con el fin del ejercicio presupuestal, en noviembre a más tardar. Esto es, en el mejor de los escenarios, se tendrían ocho meses para ejercer el presupuesto de un proyecto, lo que en términos prácticos significa limitar, si no es que acabar, la investigación científica, cuyos tiempos y procesos no se rigen por la lógica del presupuesto anual. Pongamos por caso un proyecto de investigación de 5 millones de pesos a ejercer en 3 años: 2.5 mdp el primer año, 1.5 el segundo y 1 mdp el tercero. Desaparecidos los fondos y fideicomisos, nada garantiza que los 5 mdp presupuestados se asignen en los 3 años, de acuerdo con los tiempos, las necesidades y los compromisos de la investigación, por el contrario, deberán gestionarse las partidas anualmente; por otra parte, si no se pueden ejercer los 2.5 mdp en el primer año (por incumpliento de proveedores o por rezagos burocráticos, por ejemplo) y se ejercen solamente 2 mdp, ¿los 500 mil pesos no ejercidos deberán devolverse a la federación? De la misma forma, si la investigación demanda recursos no contemplados en la planeación anual, digamos en el mes de diciembre, ¿cómo se podrá acceder a ellos? En la investigación surgen imponderables (reposición de equipo, accidentes, compra de insumos emergentes, etc.) que deben ser atendidos en el momento, no pueden esperar 3 o 4 meses a que se “libere el recurso”. No hay claridad en estos aspectos y las explicaciones de las autoridades, en voz del secretario Arturo Herrera, han sido a todas luces insuficientes.
De igual forma, se desconoce el proceso para acceder a fondos internacionales, fundamentales para los Centros Públicos de Investigación, que actualmente se hace a través de los fondos y fideicomisos y que son rigurosamente auditados. Peor aún, se corre el riesgo de perder esos recursos, toda vez que se desconocen por completo los procedimientos que entrarían en vigor en caso de que los fondos y fideicomisos desaparezcan. Los recursos internacionales que ahora ingresan a los fideicomisos, ¿serán integrados al presupuesto anual? Misterio, no sabemos.
Algo similar ocurre con los fondos para atender las necesidades de los familiares de desaparecidos o de periodistas en peligro. Digamos que con urgencia se necesitan 6 mil pesos para trasladar a una persona, o 15 mil para instalar cámaras de seguridad en casa de un periodista amenazado; a través del fondo es posible acceder a los recursos de manera inmediata y resolver la emergencia atingentemente; si desaparece el fondo, los recursos deben gestionarse con arreglo a las normas de la federación: presentar la solicitud con tres cotizaciones e iniciar un largo y complejo proceso burocrático que suele demorar varios meses. Que el secretario Arturo Herrera afirme que los recursos se canalizarán directamente, no despeja las dudas acerca de los mecanismos específicos a través de los cuales estarán a disposición de los beneficiados cuando los necesiten, no cuando la burocracia lo permita.
Ahora bien, ante la eventualidad de la inexistencia de fondos y fideicomisos, la definición de las nuevas reglas del juego para el ejercicio de los recursos no es una cuestión exclusivamente legal y administrativa, sino un proceso de construcción de consensos entre los diversos grupos sociales implicados y el gobierno federal. Confianza que debe cristalizar en normas, procedimientos, mecanismos de transparencia, reglas de operación, etc., aceptados por las partes implicadas, con responsabilidades bien delimitadas y de observancia generalizada. Es decir, la confianza entre autoridades, legisladores y sociedad (o pueblo, si se prefiere) debe dar lugar a mejores y más eficientes instituciones. Antes que un problema técnico, es un asunto de reconstrucción de relaciones de confianza, sumamente erosionadas hoy en día. Que el gobierno afirme que los recursos no se van a perder sino que se entregarán directamente (aunque al mismo tiempo dice que los usará para la pandemia), no es suficiente: se apela a la fe (del pueblo bueno y sabio), no a la confianza construida a través del diálogo.
Acusar a las personas que defienden los fideicomisos de corruptas, es tanto una mentira, como una inaceptable agresión que en nada abona a la confianza. No, no todos ni todas somos corruptos. No es ético acusar de corruptos a miles de científicos y científicas por causa de rumores que, hasta el momento, no han sido demostrados ni se han iniciado los procesos judiciales para castigar a los posibles responsables. La propaganda difundida sobre los recursos utilizados para hacer salsas de pizzas o para beneficiar a X restaurante es eso, propaganda, que mete en el mismo saco los programas y fondos para la investigación científica con los fondos del Programa de Estímulos a la Innovación; aunque ambos se gestionan a través de CONACYT, no son lo mismo. De igual forma, señalar al fideicomiso para reparar las casas de los magistrados como argumento para desaparecer los fondos para la investigación científica, para la creación artística o para el apoyo a víctimas es un disparate. ¿Qué tiene que ver la impermeabilización de la casa de un magistrado con la investigación sobre la migración de la ballena gris?
Por otra parte, la pretención de eliminar 109 fondos y fideicomisos es una enorme incongruencia porque mientras se machetean fideicomisos para ciencia, arte, apoyo a víctimas, desastres naturales o protección a periodistas, se engordan otros dirigidos al ejército, institución sobre la que flotan densas nubes de sospecha de corrupción (https://elpais.com/mexico/2020-10-14/lopez-obrador-aumenta-el-poder-del-ejercito-con-un-incremento-historico-de-fondos.html). Si, de acuerdo con la 4T, los fideicomisos son fuente de corrupción por antonomasia, ¿por qué se incrementan los fondos fideicomisados del ejército? Y no es un incremento menor: ¡más de 1000 %!
Dice el presidente que en breve presentará un informe sobre la enorme corrupción en los fideicomisos, bien, pero es una verdadera lástima que no lo haya presentado antes de la inicativa para aniquilarlos; además, en aras del equilibrio informativo, sería magnífico que su informe diera cuenta no sólo de los hoyos negros sino también de los logros académicos y científicos alcanzados a través de los fideicomisos: estudiantes de posgrado formados, artículos científicos y libros publicados, patentes generadas, participación en grupos de investigación y redes académicas internacionales, por mencionar sólo unos cuantos ejemplos. El problema no son los fideicomisos y los fondos, sino la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en su gestión. Si se han detactado desvíos y corrupción, que se proceda legalmente y se castigue a los culpables, incluso, si fuese imprescindible, que se eliminen esos fondos, pero no tienen porqué acuchillar a la investigación científica, a la creación artística, a las familias con personas desaparecidas.
Interpelar en función de la fe, y no de la confianza construida a través del diálogo y los consensos, es, en esencia, un acto de autoritarismo. Quien desee creer que las decisiones del Ejecutivo, avaladas por los legisladores, son lo mejor para el país, está en todo su derecho. Pero quien no crea, quien no se guíe por la fe en las autoridades ni acepte imposiciones que afectan su trabajo y su vida, también está en todo su derecho de exigir respuestas claras, diálogo y construcción de consensos. El camino de la fe no conduce a sociedades más democráticas, por el contrario, fortalece el autoritarismo. La construcción de relaciones de confianza que den lugar a instituciones sólidas, transparentes y eficientes, es el camino para construir una sociedad más abierta, solidaria, equitativa, justa y democrática.
