Félix Salgado Macedonio, signo del machismo partidista

Desde finales del año 2020, Félix Salgado Macedonio, quien busca ser el candidato del partido de MORENA a la gubernatura de Guerrero¹, ha sido criticado desde muchos sectores de la sociedad por atizar sus intereses políticos, a pesar de ser señalado como el ejecutor de delitos sexuales en contra de, por lo menos, cinco mujeres. Junto a las críticas y denuncias públicas que se han hecho en contra de este personaje, MORENA también permanece bajo el escrutinio. Si bien este partido político ha abierto una investigación interna en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena², desde la dirigencia se ha avalado su postulación argumentando la falta de una sentencia que acrediten los delitos de los que se le acusa al precandidato.

Respecto al tema son varias las cuestiones que nos ocupan. Primero, llama mucho nuestra atención que una parte importante de la discusión tenga como problemas centrales los beneficios o afectaciones a Morena como partido político, la reivindicación de los derechos políticos del precandidato (a pesar de los pesares)³ y la reprobación de las acusaciones hechas al mismo que, según piensan algunos morenistas (incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador⁴), son producto de una guerra sucia partidista propia de los tiempos de campaña electoral. Esperamos no estar haciendo una simplificación absurda al respecto, pero, desde nuestro punto de vista, el tema electoral se responde desde la coherencia y responsabilidad políticas. No se trata de negar derechos políticos sino de señalar las jerarquías sociales y los privilegios de quienes forman parte de las estructuras de poder político-partidista en este país.

El alegato sobre los derechos partidistas de Félix Salgado Macedonio es mezquino. No es posible reconocer derechos políticos cuando estos pueden representar un impedimento para que las denunciantes tengan acceso a la justicia: si Félix Salgado logra la candidatura y luego la gubernatura podría utilizar el fuero de gobernador para evadir las acusaciones por violación. Aludimos a la coherencia y responsabilidad políticas porque suponemos que lo que se espera de un partido político que se dice a fin de prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, es voluntad y capacidad para suspender una candidatura con el fin de evitar impunidad y abuso de poder. Si la justicia sólo mira hacia un lado, entonces esos derechos en realidad son privilegios.

Esto nos permite plantear la segunda cuestión. El acto de anteponer la candidatura de Félix Salgado a las denuncias que pesan en su contra demuestra que el sistema partidista mexicano no ha comprendido que, más allá de las reformas jurídicas que se hagan a éste, las diversas luchas de las mujeres tienen como objetivo la transformación social y esto supone revelar las estructuras patriarcales que atraviesan al sistema político. Nos parece que esto debe ser parte de la discusión central.

Ciertamente podemos discutir si Félix Salgado es un bien o un mal para MORENA o si el INE es capaz o incapaz de aprobar su candidatura en razón de lo establecido en los Lineamientos “3 de 3 Contra la violencia de género”⁵, esto es importante y no queremos quitarle relevancia para las personas interesadas, lo que nos preocupa es que no estemos haciendo las preguntas correctas y entonces nos mostremos incapaces de reconocer el verdadero problema: el poder político permite y encubre la violencia en contra de las mujeres.

Durante mucho tiempo y desde distintas trincheras se ha insistido en que las violencias en contra de las mujeres forman parte de un problema estructural, es decir, que son inherentes a los procesos de jerarquización social, política, económica y cultural. El hecho de que Félix Salgado Macedonio pueda mantener su candidatura –hasta ahora por elección interna de su partido- a pesar de las acusaciones, demuestra que el bienestar y la protección de la vida de las mujeres es letra muerta: la respuesta partidista es resonancia de la postura histórica de los distintos gobiernos (incluyendo al de la llamada 4T), de la sociedad y viceversa, mientras que en las leyes y reformas el criterio del género parece que está sólo para cubrir una “cuota” legalista.

Insistimos, este es el verdadero problema: las niñas y mujeres continúan enfrentándose a una injusticia sistemática, mientras que la retórica de la legalidad más que beneficiarlas, exacerba los procesos de revictimización de los que son objeto y silencia sus denuncias y reclamos, sobre todo cuando ellas están fuera de las esferas del poder al que nos hemos referido y sus privilegios. La impunidad se reproduce porque las instituciones políticas y jurídicas perpetúan prácticas machistas que normalizan la injusticia. Por eso, como han dicho las compañeras guerrerenses, “un violador no puede ser gobernador”, de lo contrario, el mensaje que se envía es tan aterrador como indignante.

Ante esto, es muy importante construir otro relato de la política y de la justicia, un relato que sea capaz de trascender el sentido de representación partidista y que reivindique a las mujeres como sujetos políticos, con capacidad para lograr y defender la soberanía de sus cuerpos, para definir su libertad y demandar garantías para tener una vida libre de violencia. Este relato, por supuesto, tiene que estar dispuesto, entre otras cosas, a desenmascarar la tecnocracia de género encallada en los partidos políticos y los gobiernos, pues no ayuda que mujeres como Olga Sánchez Cordero, desde su propia cúpula de poder, señalen como inadmisible cualquier tipo de violencia que se cometa en contra de las mujeres y, al mismo tiempo, invoquen la presunción de inocencia de Félix Salgado Macedonio⁶.

Como señalamos líneas arriba, lo que se pretende es precisamente que él continúe con el debido proceso fuera de una candidatura que, en caso de ser culpable, puede darle ventajas jurídicas e impunidad.

No cabe duda que la política partidista es patriarcal y que en los gobiernos (del orden federal y estatal) aún no existe evidencia de un verdadero proyecto social y político en el que la protección de la vida y derechos de las mujeres y niñas sea prioridad. Hoy más que nunca tenemos claro aquello que ha señalado de muchas formas la feminista y activista boliviana María Galindo: machocracia no es democracia.