Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
En defensa del espacio cívico
Dedicado a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos
Al definir el espacio cívico nos enfrentaremos a una gran paradoja. Primero porque hace referencia a un espacio físico, por ejemplo, las plazas, las calles, los parques, pero, al mismo tiempo, nos podemos referir a espacios intangibles como sería el ciberespacio, el espectro radioeléctrico, el contenido de los medios de comunicación o cualquier otra vía de difusión de información, ideas u opiniones. Además, el espacio cívico no queda restringido al espacio público, pensemos, por ejemplo, en una de las grandes consignas del feminismo: “lo personal es político”. Es decir, también dentro de los hogares, e inclusive dentro de las alcobas, existen interacciones de corte político que potencialmente pueden definir o coartar el ejercicio de libertades y derechos de las personas.
A pesar de esta aparente paradoja producida por el traslape entre lo tangible y lo intangible del espacio cívico y de la esfera de lo privado y lo público, podemos darnos cuenta de que sus representaciones y facetas pasan forzosamente por algo sumamente concreto: el cuerpo humano. Los cuerpos, afirma Judith Butler en Cuerpos que Importan: Sobre los Límites Materiales y Discursivos del Sexo, “no sólo tienden a indicar un mundo que está más allá de ellos mismos; ese movimiento que supera sus propios límites, un movimiento fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible para establecer lo que los cuerpos ‘son’".
Tomando en cuenta esta afirmación, tal vez valdría más la pena en lugar de preguntarnos quiénes ocupan el espacio cívico, preguntarnos quién no ocupa este espacio o a qué cuerpos les representa un mayor esfuerzo este acto de ocupación. Y tal vez también vale la pena descifrar los mecanismos de control de acceso y permanencia en ese espacio de encuentro y deliberación. Estos mecanismos pueden ser burdos y cínicos, pero también tácitos e indirectos. Claro que es fácil horrorizarse por el sistema de Apartheid que excluía durante décadas a las poblaciones negras del espacio cívico en Sudáfrica, pero la reacción sería mucho más mesurada si observáramos la “pigmetrocrácia” que impera en México o en prácticamente toda América Latina.
Las tribulaciones del espacio cívico contradicen la expansión cuantitativa de los sistemas democráticos a nivel mundial. Esto se debe a que dichos espacios no se crean por decreto o a través de una legislación, aunque estos dos puntos son imprescindibles, se requiere un entorno que genere condiciones de empoderamiento y equidad para todas las personas, todos los cuerpos, sin importar el pigmento de su piel, religión, clase social, opinión política o etnia.
El espacio cívico es definido por Mike Douglass (2001) como el lugar en donde personas de diferentes orígenes y modos de vida se mezclan sin el control manifiesto del gobierno o de intereses comerciales o de cualquier índole privada, o con la dominación de facto de un grupo determinado sobre otro. Esta definición requiere entonces la consideración de mecanismos que generen equidad y seguridad para quienes accedan a él, de lo contrario nos quedaríamos con el sabor amargo de la ilusión utópica y casi ingenua del liberalismo de antaño que asegura(ba) que todos somos iguales.
Para lograr una ocupación efectiva del espacio cívico, requerimos del ejercicio pleno de varios derechos y libertades fundamentales. Sin las libertades de expresión, tránsito, manifestación, asociación, el espacio cívico se convierte en un holograma de la exclusión latente del espacio público. El Relator de Naciones Unidas para el Derecho de Asociación y Manifestación Pacífica, Maina Kiai, ha sido enfático al señalar la tendencia global a reducir de manera directa o indirecta el espacio cívico en donde grupos tan diversos relacionados con cuestiones políticas, de defensa de derechos humanos, de desarrollo, religiosos y hasta aquellos con gustos y deseos afines, son ilegítimamente restringidos a través de políticas o leyes. En un estudio citado por el propio Kiai, elaborado por Douglas Rutzen, se advierte que entre 2004 y 2010 más de cincuenta países consideraron o adoptaron medidas restrictivas para la sociedad civil.
Las justificaciones varían de acuerdo a cada país. En Rusia se han aprobado leyes para prevenir la influencia de culturas y agentes extranjeros; en Venezuela, para combatir la conjura anti-revolucionaria imperialista; en Pakistán se echó mano de la lucha antiterrorista para restringir el trabajo de organizaciones a través de la sociedad civil. Pero además de estas amenazas tan cínicas, tenemos por ejemplo países como México, Ecuador, Malasia y Vietnam, en donde los medios de control de acceso y permanencia en el espacio cívico dependen en gran medida de campañas difamatorias y estigmatizantes, campañas que ponen en duda los derechos de las víctimas y el derecho inalienable de participar en asuntos públicos y defender derechos humanos.
El espacio cívico es donde las personas se reúnen a deliberar e imaginar. Una democracia sin deliberación o sin espacio para la imaginación, no es más que un simulacro.
