Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV. a 20 de julio de 2021
Con gran preocupación he leído esta semana noticias que parecieran anunciar una nueva escalada de violencia en el país. Ya no sólo por el recuento de muertes diarias que parece no bajar, sino por escenas de violencia cruel en diversos estados.
Hace escaso un mes la prensa reportaba con horror las ejecuciones indiscriminadas cometidas en Reynosa, Tamaulipas, “como una de las jornadas de violencia más grandes”. A los pocos días se reportaban en Michoacán diversos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de los Cárteles Unidos en diversos poblados de Tierra Caliente, desde Aguililla, hasta Apatzingán, pasando por Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec, donde ya se conocían, desde tiempos del presidente Calderón, los enfrentamientos entre cárteles de la droga y los grupos de autodefensas civiles comandados por Hipólito Mora y el Dr. Mireles.
“Sólo queremos el apoyo, que le hagan saber al gobierno a quién quieren y a quién no quieren en el Pueblo de La Ruana”, señaló en junio pasado Santiago Quintero Magallón, alias El Maguey, comandante de la célula del CJNG recién llegada a esta población que lleva años asolada. A su vez, su rival Carteles Unidos aseguran que su movimiento (sic) se hizo para “limpiar” el municipio de Buenavista de la delincuencia. Desde el 11 de julio, sólo en Buenavista se han reportado extraoficialmente 45 personas muertas en medio de enfrentamientos y bloqueos por varios días consecutivos. Para la población civil, declararse de uno u otro bando es tan peligroso como no hacerlo.
Vivimos un tiempo moralmente oscuro, donde el valor de la vida humana está devaluado y allí radica la violencia que vivimos a diario. Tamaulipas, Michoacán y su vecino Guanajuato con sus propias masacres, y, por si fuera poco, los desplazamientos forzados y los homicidios en Chiapas, son hechos más que suficientes para volver a decir ¡basta!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ha advertido desde 1948 que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, y esta afirmación hoy nos pesa como sentencia. Del mismo modo, debemos aprender, como también señala, que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, para aplicarlo en cualquier propuesta de solución.
En días pasados se dio a conocer el grupo de “Autodefensas del Pueblo El Machete” en el municipio de Pantelhó, Chiapas. Según su propia declaración, surgen como respuesta a los grupos de narcotraficantes que han azotado el municipio, al parecer coludidos con autoridades locales y estatales. En su presentación hicieron un recuento de agravios que incluyen más de 200 personas muertas o desaparecidas. Este grupo de autodefensa visiblemente armado es respaldado por 86 comunidades de origen tzotzil y tzeltal.
Aunque los grupos de autodefensa han surgido en los últimos 15 años sobre todo en Guerrero y Michoacán, como respuesta al avance del control territorial por parte del crimen, es la primera vez que aparecen en Chiapas. No es que en Chiapas no hubiera presencia del crimen organizado (es un estado estratégico para el trasiego de droga), pero en los últimos años han cambiado su estrategia, en consonancia con el fenómeno criminal en el resto del país, buscando controlar los territorios indígenas de la región de los Altos, sometiendo a la población. Pantelhó es uno de los muchos municipios indígenas que conforman la región de los Altos de Chiapas, donde existe el grave problema del desplazamiento forzado de miles de personas y los constantes ataques armados a la población civil desde hace ya varios años. Siendo parte del mismo contexto, no sería extraño que el fenómeno de las autodefensas se extendiera a estos otros municipios vecinos.
En respuesta a la aparición de “El Machete”, algunas voces no han tardado en declararlo como un grupo fuera de la ley, cuando justamente ha sido la falta de Estado de derecho lo que ha obligado a su organización y aparición. Nuevamente, la Declaración Universal nos recuerda que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que (la persona humana) no se vea compelid(a) al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
En suma, sin un Estado de derecho basado en el reconocimiento de la dignidad de la persona, no hay derechos humanos; y sin estos, sólo podemos esperar actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esto es lo que hemos cosechado y lo que vivimos hoy en México.
Quiero terminar esta colaboración enfatizando la necesidad de atender lo urgente y lo importante. Lo urgente es brindar atención a las poblaciones desplazadas y a las víctimas, evitando nuevos actos de violencia en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas o cualquier lugar. Lo importante será reconstruir el pacto que nos hace a todos iguales en dignidad y derechos. Esto sólo será posible a partir del reconocimiento del ultraje a las víctimas por medio de una gran Comisión de la Verdad. Sumémonos a la exigencia que ha hecho ya un grupo nutrido de colectivos de víctimas y participemos en la consulta del 1 de agosto.
