Federico Anaya Gallardo
Decíamos la semana pasada que debemos leer con cuidado las cifras. Esto es esencial si deseamos que el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) funcione mejor. Hoy quiero regresar a dos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ya te había recomendado revisar, lectora. El primero, dado a conocer el 27 de Septiembre de 2021 (Liga 1), nos dice cómo se construyó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) entre 2018 y 2020. El documento nos muestra los resultados de la Auditoría de Desempeño 2020-5-04000-07-0006-2021 (Auditoría 2020) en la cual se evaluaron dos instituciones, la CNB y la Fiscalía General de la República (FGR).
El tiempo estudiado por la Auditoría 2020 es el momento de construcción del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Sobre esto, la ASF nos reporta que en los tres primeros años en que funcionó el mismo, fueron hecho 58,039 inscripciones en el registro. De ese total, había 32,846 personas localizadas (56.6%) y 25,193 personas sin localizar (43.4%). (Auditoría 2020, p.38.) Recordemos que el registro incluye todos los casos desde 1961. ¿Quién ingresó los casos al registro? En 2018 se inscribieron 16,854 casos; en 2019 21,582 casos; y en 2020 19,603. Todas las autoridades en el SNB contribuyeron, pero fueron las fiscalías ó procuradurías estaduales las que más registros realizaron: 13,132 en 2018; 18,995 en 2019 y 15,403 en 2020. La institución que menos contribuyó fue la FGR: 14 en 2018, 31 en 2019 y 58 en 2020. (Auditoría 2020, pp.15-17.)
Por otra parte, como este fue el momento inicial del RNPDNO la mayor parte de los registros se realizaron por “carga masiva”. Así fue como entraron al registro 13,793 de 16,854 casos en 2018; 20,329 de los 21,582 casos en 2019; y 13,357 de los 15,403 casos en 2020. (Auditoría 2020, pp.21-22.) Se supone que en los años siguientes la “carga masiva” tendría que reducirse y que eventualmente la totalidad de los casos que vayan ocurriendo ingresará por medio de la aplicación web que permite a las autoridades (y al público) ingresar casos de personas desaparecidas y no localizadas.
La ASF encontró, al revisar los campos del registro que debían llenarse en cada caso una gran cantidad de vacíos. Estos tenían que ver con el modo en que se ingresaron los casos al RNPDNO. 80.9% de los campos vacíos correspondían a la “carga masiva”. Cosa interesante: entre 2018 y 2020, cuando las autoridades usaron la aplicación web hubo 12% de campos vacíos; y cuando se usó la aplicación web pública, sólo 2.5%. (Auditoría 2020, p. 22.)
Estos resultados de la Auditoría 2020 nos indican quiénes estaban fallando al momento de llenar adecuadamente los campos. La responsabilidad recae mayoritariamente en las fiscalías generales de Justicia de los Estados. Lo grave es que la Auditoría data de 2020 y que el 26 de Diciembre de 2022 (dos años más tarde), David Peña nos reportaba en la mesa de abogados de Momentum, que en varios casos que él está acompañando como litigante, en el RNPDNO había registros con campos vacíos que deberían estar llenos con datos que sí obran en las carpetas de investigación que él conoce. (Liga 2, las intervenciones de Peña sobre esto, a partir de las 10:55:00 en el reloj abajo a la derecha de la pantalla.)
Los auditores se han creado una expresión buenaondita para decir defecto ó problema ó falla –palabras muy duras para la piel delgada del funcionariado. En lugar de ellas, las auditorías hablan de áreas de oportunidad para la mejora. El problema es que la ASF dijo en 2020 que había una gran incidencia de campos vacíos en el RNPDNO y que a finales de 2022 seguía el problema.
Veamos ahora quién realiza las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. En el mismo programa de Momentum que te he citado, David Peña nos recordaba que una cosa son las investigaciones que deben realizar las fiscalías estaduales (muchas) y federal (muy pocas); y otra distinta la búsqueda que está encomendada a la CNB y a las comisiones locales en cada entidad federativa por la Ley general de la materia. Aquí hay que aclarar, otra vez, algo que Karla I. Quintana Ozuna ha explicado varias veces: durante las acciones de búsqueda específicas, las comisiones no pueden realizar algunos actos. Por ejemplo, si hay noticia de que en un predio urbano hay una entierro clandestino, las comisiones no pueden ingresar al lugar. Esa atribución corresponde al ministerio público. Es decir, una buena parte de los trabajos de búsqueda requiere no sólo el concurso de las comisiones sino de las fiscalías. (Ya he dicho en este espacio que esto es una trampa.)
En la Auditoría 2020, la ASF reportó que entre 2019 y 2020 la CNB había realizado 312 acciones de búsqueda en distintas entidades federativas en las cuales colaboró con otras autoridades y con familiares de las personas desaparecidas. La ASF señaló que “el número de acciones … que se realizaron en los estados no coincidieron con aquellos que tuvieron un mayor registro de personas desaparecidas o de personas localizadas”, por lo cual recomendaba “fortalecer el proceso de búsqueda … mediante diagnósticos que le permitieran [a la CNB] conocer las características y patrones de desaparición”. (Auditoría 2020, p.42.)
La ASF agregó en este punto la siguiente gráfica:
Esta gráfica ya la comenté en otra entrega (Liga 3) cuando analicé el reporte de otro informe de la ASF, luego de realizar la auditoría 2021-0-04100-19-0068-2022 a la CNB (Auditoría 2021). (Liga 4.) En aquélla ocasión el tema era que varias comisiones locales regresaban el dinero que les entregaba la CNB para realizar búsquedas. Un asunto grave porque la mayor parte del presupuesto de la CNB se transfiere de ese modo. En ese otro comentario mío, te decía, querida lectora, que en 2021 Oaxaca había recibido $18’150,000 y que había sido muy eficiente en el sentido de que NO regresó casi nada a la CNB.
El problema era que, de acuerdo con la gráfica en la página 42 de la Auditoría 2020, Oaxaca había presentado muchos menos casos de personas desaparecidas que Estado de México, Chihuahua ó Guerrero –entidades que recibieron la mitad del dinero que los oaxaqueños en 2021. (Este trabajo de leer las dos auditorías juntas, ¿lo hace en algún momento la ASF?) Más grave, en 2020 no se habían realizado muchas acciones de búsqueda en Oaxaca. Y aún peor: el índice de personas localizadas es muy alto. Es decir, Oaxaca no tenía un déficit grave en materia de no-localización.
En mi comentario de hace dos semanas señalé esta incongruencia y suponía que se corregiría en el siguiente ciclo anual (2022). Navegando en la red descubrí que no. Oaxaca, con muchos menos casos en el RNPDNO que otras entidades, volvió a recibir en 2022 la misma cantidad de fondos federales desde la CNB. Sólo en 2023 se redujo la cifra. ¿Qué cambió? El gobierno estadual. Al presupuestarse 2021 y 2022 la Administración oaxaqueña estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (gobernador Alejandro Murat Hinojosa). Fue hasta verano de 2022 que ocurrió la elección y hasta el 1 de Diciembre de 2022 que el morenista Salomón Jara Ruiz entró a palacio de gobierno en Oaxaca de Juárez.
Contrastemos el caso oaxaqueño con el veracruzano en la misma gráfica de la Auditoría 2020. Veracruz tiene un poco más de casos registrados en el RNPDNO, pero el número de localizados es minúsculo. Es decir, existe una crisis de no-localización. Y esto, pese a que se realizaron muchísimas acciones de búsqueda en 2020 –¡más que en cualquier otra entidad federativa! Esto se explica no sólo por la presencia en Veracruz de colectivas de madres buscadoras bien organizadas, sino porque en 2019 y 2020 estuvo al frente de la dirección de cultura de paz y derechos humanos una académica de la Universidad Veracruzana comprometida con el problema de desapariciones: Mayra Ledesma Arronte. En 2021 Veracruz recibió un poco más de recursos de la CNB: $18’185,000 que Oaxaca y también fue eficiente en el uso: regresó a la Federación sólo 326mil pesos (el 1.8% de lo recibido).
Los números veracruzanos se explican por el contexto del movimiento ciudadano de búsqueda de desaparecidos y se justifica una mayor inversión federal porque los actores involucrados en la entidad están más comprometidos. Los números oaxaqueños no permiten estas explicaciones. Que el subsidio federal a la comisión local oaxaqueña sólo bajó luego de la alternancia del partido político en la gubernatura queda como explicación válida.
¿Existe algún análisis de contexto que justifique el modo en que se destinaron tales ó cuales cantidades a una ú otra entidad federativa? Esta era una de las sugerencias de la ASF tanto en la Auditoria 2020 como en la Auditoría 2021.
La semana que viene analizaré qué nos dijeron los informes de la ASF en materia de la capacidad operativa de la CNB y qué ha ocurrido más tarde.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020b/Documentos/Auditorias/2020_0006_a.pdf
Liga 2:
Liga 3:
Liga 4:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/2021_0068_a.pdf
