Federico Anaya Gallardo
Trataré de terminar esta serie de comentarios sobre el debate generado sobre desaparecidos con dos más acerca del tipo de burocracia que requieren ciertas tareas de interés público. Para empezar vuelvo a llamar tu atención, lectora, acerca del mecanismo establecido en los EUA para el caso de menores ausentes. (Liga 1.) En el mismo, los registros en el Centro Nacional de Información Criminal ó National Crime Information Center (NCIC) son un instrumento de búsqueda que permite aplicar la Ley Nacional de Ayuda en la Búsqueda de Niños (National Child Search Assistance Act) cuyo objetivo es “asegurar que las autoridades policíacas diseminen con la mayor rapidez posible la información vital para la recuperación de un niño desaparecido”.
Ahora recordemos que, por la justificada solicitud de las organizaciones colectivas de madres buscadoras (y por la perversidad de los negociadores del consejero jurídico peñista, Castillejos), la definición de desaparecido en la Ley mexicana se amplió al máximo –de modo que el diseño del sistema nacional correspondiente tiene una tendencia a aumentar los números. Lo anterior es teóricamente bueno –pues toda persona ausente tiene el derecho a ser buscada– pero tiene consecuencias prácticas engorrosas, porque las autoridades previstas en la Ley tienden en la práctica diaria a no-coordinarse.
Te recuerdo que hasta un opositor poco mesurado del actual gobierno obradorista –el ministro en retiro José Ramón Cossío– ha señalado que en los “sistemas nacionales” creados por la legislatura federal podemos ver “un problema en la conducción de las administraciones públicas federal y locales… [pues] … a partir de la evocación que se logra mediante la idea de que hay un algo operativo e integral [el “sistema”] … se ha dejado de actuar en las labores que debieran estar encaminadas a la solución de las específicas cuestiones que buscan erradicarse”. (El Universal Querétaro, Martes 8 de Octubre de 2019, Liga 2.)
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de Octubre de 2017 prevé como operadores centrales a las fiscalías estaduales y general de la República. Tres años antes, sin embargo, la gran reforma sobre fiscalías autónomas (de 2014, también promovida por el diablo Castillejos) había asegurado que los órganos de procuración de justicia en cada entidad federativa quedasen en manos de inestables coaliciones legislativas y de operadores ministeriales corruptos. ¿Dijeron que querían eso los promotores de las “Fiscalía que sirva”? Por supuesto que no. Pero deberían haber sabido mejor qué resultaría de un sistema que entregaba a las legislaturas estaduales el nombramiento de las cabezas del ministerio público.
Me explico: un cargo cuyo periodo es usualmente más largo que el de las legislaturas y gobernaturas se entrega –por voto de dos tercios de las y los diputados de cada Estado– a una persona que puede manipular la información delicada de sus investigaciones criminales para coleccionar expedientes en contra tanto de sus enemigos como de sus amigos. (Sucede hasta en las mejores familias: revisemos cualquier biografía seria de Edgar J. Hoover, fundador del FBI estadounidense –quien de facto se convirtió en “fiscal autónomo” frente a casi todos los procuradores generales y presidentes con quienes trabajó. ¡Y se murió de viejo en el cargo!)
En el largo plazo, cualquier combinación político-electoral es mala bajo el actual modelo de fiscalías autónomas. Si gobernador y legislatura son del mismo partido al nombrar fiscal, la persona nombrada permanecerá luego de que ambos se vayan –constituyéndose en un poder separado (Caso Guanajuato). Si gobernador ó legislatura cambian de partido y el fiscal es inepto, puede ser removido (Casos Nuevo León y Veracruz); pero si es hábil será imposible quitarlo (Caso Tamaulipas). Peor, si el fiscal es especialmente habilidoso, renovará constantemente su alianza con las nuevas legislaturas y no sólo permanecerá en el cargo, sino que hasta podrá colonizar otros poderes (Caso Morelos, adonde Uriel Carmona ya colocó a su mujer en el Tribunal Superior de Justicia). Si lo meditamos un poco, el esquema crea incentivos para usar la fiscalía autónoma exactamente como Hoover manipuló el FBI al norte del Río Bravo. ¡Y estas, las fiscalías, son la mitad de las instituciones encargadas de la búsqueda de las y los desaparecidos!
He dicho también que la otra mitad de las instituciones buscadoras no son necesariamente confiables. El Martes 8 de Noviembre de 2022, en el espacio de Momentum que crearon RompevientoTV y PiédePágina, David Peña nos decía que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había encontrado que varias de las comisiones estatales de búsqueda habían regresado los recursos federales que habían recibido para realizar sus tareas. (Liga 3.) Entre esas comisiones estaban Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, y Guanajuato. Nuestro debate se centró en la comisión chihuahuense, que apenas gastó un décimo de los recursos federales recibidos. Más grave, Ernesto Ledesma nos señaló que 80% del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se usa para apoyar a las comisiones estatales.
Nuestro debate partía del documento de la ASF que puedes ver en la Liga 4. Se trata de un informe de auditoría sobre Erogaciones para la Atención de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas durante el ejercicio fiscal 2021. Se hizo público el 14 de Octubre de 2022. A la población en general le puede parecer demasiado un plazo de diez meses, pero el mismo es necesario para que los auditores puedan revisar toda la documentación, hagan observaciones provisorias al ente auditado (en este caso, la CNB) para que corrija de inmediato los defectos detectados y, también, para que dicho ente pueda explicar sus decisiones. Aunque el lenguaje de los auditores es una versión aburrida de los Castellanos de abogados y contadores, el documento es legible. La información sobre el regreso de recursos federales está en el numeral 11, que inicia en la página 20.
Casi todas las entidades federativas (30) devolvieron dinero. Pero Oaxaca sólo retornó $1,500 pesos de los $18’150,000 pesos que ´la CNB le había dado (0.008%). En cambio, el Estado de México regresó la TOTALIDAD del dinero que la CNB le había mandado: 10 millones de pesos. Lo mismo Guerrero, que recibió un poco menos ($9’120,000). Chihuahua, el caso que analizamos en aquél Octubre de 2022 en Momentum había recibido $36’259,000 y regresó $31’734,600 –es decir, 87.5% del recurso federal.
¿Qué tan grave es lo anterior? En un informe de auditoría a la CNB previo, en el que se auditó también a la Fiscalía General de la República (FGR), y que se dio a conocer el 27 de Septiembre de 2021, la ASF analizó el Diseño Institucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. (Liga 5.) En la página 42, la ASF compara el número de las acciones de búsqueda en cada entidad federativa comparándola con el número de registros asentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Agrego la imagen del gráfico elaborado por la ASF.
Podrás notar, lectora, que el Estado de México y Guerrero son las entidades con más registros (columna roja) y que Edomex el número de personas no-localizadas (columna morada) es tan alto como el de las personas localizadas (columna verde). En Guerrero, en cambio, una mayoría de las personas registradas son localizadas. Sin embargo, las acciones de búsqueda (línea azul contínua) en Edomex fueron muy pocas. (Recordemos que se trata de datos del año fiscal 2020.) Pero se trata de datos que la CNB seguramente tomó en consideración el año siguiente (2021) para mandar recursos federales. El Edomex había tenido muy pocas acciones de búsqueda en 2020. Por eso es gravísimo que ese Estado haya regresado la totalidad de los recursos que le dio la CNB en 2021.
En el programa de Momentum del Martes 8 de Noviembre de 2022 dijimos que era escandaloso que Chihuahua hubiese regresado 9 de cada diez pesos que recibió (87.5%, según el informe ASF de 2022). De acuerdo con el informe ASF de 2021, Chihuahua estaría en el segundo grupo de entidades con más personas desaparecidas (registros en el RNPDNO, columnas rojas del gráfico). Aparte, en comparación, Chihuahua no había tenido muchas acciones de búsqueda. Así que Chihuahua está en la misma situación que el Edomex: necesitada de más acciones de búsqueda desde y desperdiciando el dinero federal que recibió para esa tarea en 2021.
Los apuntes que he hecho el día de hoy nos demuestran que las comisiones estaduales de búsqueda (que la ASF llama “Comisiones Locales de Búsqueda” ó CLB) no son necesariamente confiables. Aparte, en el programa de Momentum de Noviembre de 2022 señalamos que el caso de la CLB chihuahuense es peor ¡porque esa comisión está adentro de la fiscalía general del Estado!
¿Es razonable confiar en las 32 comisiones ó en las 32 fiscalías generales de justicia? Parecería que no. Pero entonces, ¿quién hace las búsquedas? El informe ASF de 2021 reporta que la CNB sólo tenía 89 personas en 2020. Entiendo que esa plantilla sigue siendo la misma hasta este año (2024).
Estos datos nos permiten entender por qué el Gobierno de la República convocó a las y los Servidores de la Nación (SN) de quienes hablé la semana pasada.
Termino hoy con una nota al gráfico de la ASF en su informe de 2021. Nos permite suponer que, a más acciones de búsqueda será mayor el número de personas localizadas. Esta es la diferencia entre Guerrero y Edomex en el gráfico. En el primero hubo muchas acciones de búsqueda y la columna de personas localizadas es más grande. En el segundo hay pocas acciones y las columnas de personas localizadas y no-localizadas son iguales. Por tanto, es necesario, indispensable, realizar más acciones de búsqueda.
(RECUERDA, lectora, que el RNPDNO incluye muchos tipos de personas desaparecidas y no solamente las víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado ó por particulares con connivencia del Estado.)
La semana próxima seguiré haciendo apuntes a partir de estos informes de la ASF acerca del problema de desaparecidos y cómo lo hemos enfrentado.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-J32-PURL-LPS73786/pdf/GOVPUB-J32-PURL-LPS73786.pdf
Liga 2:
https://www.eluniversalqueretaro.mx/opinion/los-asi-llamados-sistemas-nacionales/
Liga 3:
https://www.youtube.com/watch?v=KxlK2lw8HbE
Liga 4:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/2021_0068_a.pdf
Liga 5:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020b/Documentos/Auditorias/2020_0006_a.pdf
