Ricardo González Bernal

Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19

Nadie en su sano juicio puede negar la brutalidad del presidente Omar Al Bashir, un régimen que ha asesinado a más de 300,000 personas y colocado a más 7,000,000 en una situación de precariedad humanitaria. Tan sólo en lo que va del año, 78,000 personas han sido desplazadas de manera forzada. La política genocida de la que fue acusado hace 6 años, continúa en curso apoyada en la ineficacia de la comunidad internacional, en especial de la Unión Africana, organismo que ha sido tibio al momento de combatir y castigar atrocidades en el continente.

 

El año 2015 constituye una nueva fase del genocidio en Sudán. Es claro que Al Bashir pretende imponer una solución militar al cúmulo de conflictos que vive el país. Mientras la justicia internacional continúa el malabar entre las discusiones jurídicas, las componendas diplomáticas y la sospecha política, el genocidio en Sudán continúa. Al Bashir ha regresado triunfante a su país.

 

La noticia en los medios de comunicación y el mar de trinos en Twitter rompieron la monotonía del domingo pasado. Y es que no todos los días se da a conocer que un Jefe de Estado en funciones podría ser arrestado por orden de una Corte Internacional para ser juzgado por genocidio, crímenes de guerra y en contra de la humanidad. Durante dos días, el Tribunal Superior de North Gauteng, con sede en Pretoria, Sudáfrica, escuchó los alegatos del Centro de Litigio del Sur de África, que planteaba la obligación de ese país de cumplir la orden de arresto girada por la Corte Penal Internacional (CPI) hace seis años en contra del presidente sudanés Omar Al Bashir, quien en ese momento se encontraba participando en la 25º Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana. Sin embargo, en medio de la polémica, la expectativa, y antes de que el Tribunal Superior sudafricano tomará una decisión, Omar Al Bashir y su comitiva abandonaron el país con el beneplácito del presidente sudafricano, Jacob Zuma.

 

Más allá de las explicaciones simplistas que niegan a priori la posible efectividad o éxito a cualquier institución internacional por estar sometida a los poderes de la geopolítica y las grandes potencias, vale la pena detenernos para entender qué fue lo que exactamente pasó en Sudáfrica, el impacto que esto tiene para la Corte Penal Internacional y, sobre todo, qué significa para el pueblo sudanés, el cual ha sido sometido a 25 años de terror, políticas brutales de represión y exterminio selectivo.

 

La corte que rema a contracorriente

 

Al echar un vistazo a los mandatos de casi todos los organismos intergubernamentales, saltan a la vista las perspectivas idealistas y las miras casi utópicas de los gobiernos que forman parte de esos mecanismos. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene como objetivo “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles.” La Carta de la Organización de los Estados Americanos se plantea “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.” El caso de la CPI no es diferente. Sin embargo, dada su naturaleza, encarna una aspiración concreta: investigar, juzgar y castigar los crímenes más graves, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el de agresión internacional.

 

Una de las grandes fortalezas del mandato de la CPI es el hecho de poder ignorar la inmunidad de Jefes de Estado, lo que hizo temblar y dudar a muchos Estados aceptar su jurisdicción. Por ejemplo, México, como muchos otros países miembros, tuvo que revertir las dudas de los sectores conservadores que veían esto como una amenaza a la soberanía nacional.

 

¿Idealista? Tal vez. ¿Necesario? Sin lugar a dudas, sí tomamos en cuenta la historia reciente de la humanidad.

 

La creación de la CPI está basada en el Estatuto de Roma que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998. Cuatro años después, en 2002, la jurisdicción de la Corte entró en vigor. Desde entonces, 122 países han ratificado el Estatuto, brillando por su ausencia países claves como Estados Unidos, China, Rusia, Cuba, Irak, India e Israel.

 

A doce años de su creación, los resultados concretos de la CPI son una mezcla de elementos algunos positivos y otros que demuestran el largo trecho que falta recorrer para concretar la aspiración de justicia internacional que le dio vida.

 

Además de una aparente ineficacia, otra de las críticas hechas a la CPI desde distintos foros, refiere al número de investigaciones, acusaciones formales y juicios que en su mayoría apuntan a países e individuos africanos. (Lista de acusaciones en curso se puede consultar aquí) A pesar de que la CPI abrió procedimientos preliminares relacionados con otros países fuera de África, como es el caso de Afganistán, Colombia, Honduras e inclusive dos denuncias relacionadas con México en 2011 y 2014, la prevalencia de casos africanos es evidente.

 

Aunque existen argumentos sólidos que refutan la sospecha de una posible parcialidad, esta crítica permeó la polémica a nivel internacional y al interior de Sudáfrica ante la solicitud expresa de cumplir la orden de arresto en contra del presidente Omar Al Bashir, dadas las implicaciones legales, políticas y diplomáticas que esto tendría.

 

Especialistas señalan que dado que el caso de Sudán fue referido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no a través del reconocimiento explícito por parte del gobierno sudanés de la jurisdicción de la CPI, la inmunidad como Jefe de Estado prevalece. El Tribunal Superior sudafricano ha dado un plazo de siete días para que el poder ejecutivo de ese país explique por qué desacató la orden de impedir que Al Bashir saliera del país hasta que tomaran una decisión.

 

Al Bashir ha regresado triunfante a su país.

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