Federico Anaya Gallardo
Qué dirías, lectora, si estuvieses haciendo fila en una ventanilla gubernamental y observaras al funcionario detrás del opaco vidrio maltratar a la viejecita que está delante de tí. Qué te parecería si, al terminar de maltratar verbalmente a la señora, el miserable le dijese: “—Y si no te gusta, ¡ampárate! ¡yo sólo haré eso que quieres si me lo ordena un juez!” Seguro sentirías que te hierve la sangre y pensarías que ese mequetrefe está violando todas las leyes, empezando por la Constitución. Y tendrías razón.
Precisamente por eso es que en 2011, en la gran reforma constitucional de los derechos humanos, insertamos en el párrafo tercero del Artículo Primero Constitucional esto: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Todas es TODAS. Incluido el mequetrefe miserable que te retraté. El texto no dice que las autoridades respetarán los derechos humanos sólo cuando un juez se los ordene. Tampoco dice que las autoridades respetarán los derechos humanos cuando se los mande su superior jerárquico. El mandato constitucional va directo de nuestra Carta Magna a todos y cada uno de los escritorios y ventanillas de todas y cada una de las burocracias mexicanas.
Hoy en día, los teóricos del Derecho hablarían de protección de derechos humanos “en sede administrativa” a lo que acabo de describir. La idea es muy vieja. Todas las ordenanzas de los Estados modernos señalan que el burócrata no está obligado a obedecer una orden ilegal. Y no hablo aquí de la objeción de conciencia, sino de la defensa de la Constitución que deben hacer todas las personas en el funcionariado.
A veces, las cosas son muy claras. El soldado no está obligado a obedecer cuando su mando le ordena asesinar a una persona así nomás, sin provocación. Pero las más de las veces hay dudas, confusión, perversiones.
En los 1960s, Fernando Benítez recordaba una anécdota que le contó el profesor zapoteco Fidencio Montes Sánchez. Montes enseñó en su pueblo de Yatzachi durante el sexenio cardenista. Le contó que en su Primaria enseñaba en Zapoteco dos años y otros cuatro bilingües. Y presumía que, al mismo tiempo, él y sus pupilos organizaban “grupos de estudio, construía[n] caminos, combatía[n] el alcoholismo, abr[ían] una oficina de correos y telégrafos” ... y dominaban el Ayuntamiento. Eventualmente se enfrentaron a los productores de mezcal dirigidos por el cacique local. Montes se lo resumió así a Benítez: “...Había curiosidad por saber quién podía más, si el viejo líder o el joven maestro recién llegado”. (Los indios de México, 1967, I:224-225.)
En los debates públicos en Yatzachi el profesor y sus pupilos solían ganar los argumentos. Aquéllos zapotecos modernizadores no estaban solos... Ayudaba mucho que el presidente Cárdenas fuese un activista. Pero tampoco estaban muy acompañados. Cuando llegó el tiempo de confrontar a un cacique regional, que se había hecho fuerte en la región de Villa Alta, el profesor Montes debió lidiar con un teniente del Ejército que se llevaba presos a diez muchachos del pueblo –pagado por el gran cacique. Montes se le plantó enfrente sólo con su autoridad como director de la escuela y con un ejemplar de El Nacional (el periódico oficial del gobierno) en la mano. Demandó al oficial que leyese una nota, cuyo encabezado decía: “El ejército es el apoyo material de la escuela”. No es que Montes creyese en la sola magia de la palabra impresa. Le confió a Benítez que se “empeñaba en que el teniente leyera el artículo dando tiempo a que el pueblo reaccionara”. La indecisión del oficial ganó la jornada para el profesor Montes. Los soldados y el teniente fueron rodeados por la gente y los chicos fueron salvados. Benítez, quien había trabajado durante el cardenismo en El Nacional debió haberse sentido orgulloso de la inesperada utilidad de su trabajo –pero también debió haberse percatado que el ingrediente esencial del éxito de Montes era la organización popular.
Nosotras y nosotros, igual que el profesor Montes, no creemos en la sola magia de la palabra impresa –aunque esa palabra esté inscrita en el tercer párrafo del Artículo Primero Constitucional. (Aunque, en verdad, la Constitución es magia más poderosa que El Nacional.) Sabemos que la Carta Magna sólo se cumplirá si estamos organizados para hacerla respetar. Pero, otra vez, por eso es que el mandato constitucional de 2011 dice que TODAS las autoridades deben hacer cumplir la Constitución.
En este conflictivo año de 2023 vemos a mil gentes desgarrarse las vestiduras por la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En un comunicado de ayer, 25 de Junio de 2023 (INAI/178/23) la comisionada presidenta del instituto señala que “con la situación del INAI, no solo está en juego la institución, sino la garantía de dos derechos”. (Liga 1.)
Hace tres meses, cuando el retraso en la designación de nuevas personas comisionadas hizo que el pleno del INAI suspendiese sus trabajos por falta de quórum, tanto los comentócratas rancios como los frescos señalaban con gravedad que estábamos ante una gravísima crisis de constitucionalidad, ante una infame violación de derechos humanos. En medio de aquéllas jeremiadas y la más bien opaca declaración de la comisionada presidenta de ayer ha pasado algo que poco se ha comentado.
Te recuerdo, lectora, que el INAI argumenta que su pleno no puede sesionar porque el quórum de sesión es de al menos cinco personas. (Artículo 33 tercer párrafo de la Ley Federal.) Desde hace tres largos meses sólo hay cuatro personas comisionadas. El Senado de la República debería haber hecho nuevos nombramientos desde la primera mitad del año 2022, pero las élites doradas de los partidos políticos no se han puesto de acuerdo. Cuando este año finalmente se lograron dos nombramientos, el presidente López Obrador los vetó –pues era de suyo evidente que ambas personas eran fruto del peor tipo de negociación inter-élites.
Uno de los últimos actos del pleno del INAI fue ordenar a su área jurídica interponer una Controversia Constitucional en contra de la omisión del Senado. Allí se reiteró la prohibición legal de sesionar con menos de cinco personas comisionadas. Pero también se señaló que el INAI es un organismo garante de derechos humanos y que, por lo mismo, la Suprema Corte debería autorizarle a sesionar con menos de cinco personas. La Corte denegó la petición. El INAI ha reclamado. La Corte sigue sin resolver en definitiva.
Pero resulta, lectora, que el día 6 de Junio de 2023 nos levantamos con esta nota de Alejandro Sánchez Jiménez en La Jornada: “Por mandato judicial, el INAI tuvo ayer sesión extraordinaria”. El reportero nos informa que “al resolver las demandas de tres personas que tramitaron un juicio de amparo por no estar de acuerdo con resoluciones emitidas por el instituto, [los] juzgados de distrito [ordenaron] al INAI sesionar ‘con el quórum con el que cuente actualmente’, que es de sólo cuatro de los siete comisionados, cifra inferior al mínimo de cinco que indica la ley.”
Las órdenes de sesionar provienen de los juzgados 6º y 10º de distrito; así como del 16º tribunal colegiado –todos especializados en materia administrativa en el primer circuito judicial (con sede Ciudad de México). Es decir, que en los tres casos la persona que desea tener acceso a información pública que le fue denegada SE VIÓ EN LA NECESIDAD de acudir a un amparo para que se respetara su derecho humano.
Quince días más tarde, el mismo reportero de La Jornada nos informaba que hay unos seis mil recursos sin resolver ante el INAI. Es decir, que hay 5,997 casos en los que las y los ciudadanos no han logrado activar el sistema de amparo para proteger sus derechos.
¿No te parece, lectora, que esta situación es la misma que aquélla en que un funcionario miserable y mequetrefe le impone a la viejecita irse al amparo para que un juez le ordene cumplir con su deber? Cierto es que el INAI ha pedido a la Suprema Corte que le autorice a hacer lo que los tres juicios de amparo lograron: sesionar con el quórum con el que cuente actualmente. Así que no es miserable. Sólo es mequetrefe y cobarde. Desde hace tres meses debería estar sesionando con sus cuatro personas, defendiendo nuestros derechos humanos y –si alguien le reclamase eso– defenderse con el escudo de nuestra muy liberal Constitución.
Pero para eso se necesitaría que al frente del INAI hubiese al menos un Al Muhami (أل محامي) (el nombre de la asociación ante la que habló ayer la comisionada presidenta del INAI). Al Muhami significa Abogado en árabe: el que aboga, el que defiende derechos. Pero en el INAI no hay ni uno. Sólo hay burócratas que sólo defenderán derechos si se los ordenan.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-178-23.pdf
Liga 2:
https://www.jornada.com.mx/2023/06/06/politica/010n2pol
Liga 3:
https://www.jornada.com.mx/2023/06/21/politica/015n3pol
