Jorge Alberto Manero Orozco
Es la primera vez en la historia del país que el CONACYT está en boca de todas y todos. La posibilidad de interpelar a la comunidad científica y, en particular, poder al menos plantear un diálogo circular respecto al complejo cambio normativo que se está gestando en dicha institución es un rasgo que define el tiempo histórico que estamos viviendo. Y, en efecto, en medio del torbellino de denuncias, acusaciones, y revelaciones que acontecen dentro y fuera de las aulas universitarias, hemos podido eliminar poco a poco las barreras comunicativas y cognitivas que por mucho tiempo desincentivaron la participación ciudadana en los espacios académicos. En este mismo afán por socializar el conocimiento, he podido constatar que la forma en que la opinión pública interpreta el contenido de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) representa, en gran medida, la visión y la perspectiva que se tiene respecto al conocimiento en su dimensión teórica, práctica y filosófica. Ahora bien, el problema no es que la mayoría de las personas de a pie adopte una actitud intransigente o tenga una visión acotada respecto al nuevo marco normativo, una opinión desafortunada que se suele escuchar al deambular por los pasillos de los cuarteles académicos. Por el contrario, el problema es que existan voces deshonestas que predominen dentro y afuera de la academia, y que no reconozcan que, al establecer un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, están adoptando implícitamente una postura filosófica y política.[1] Si trascendemos los temperamentos que nos nublan la mente, y llevamos el cauce de este debate al ámbito de lo comunicativo, podremos darnos cuenta que estamos frente a una pugna de índole política y filosófica, para la cual creo que es necesario fijar explícitamente una postura que, si bien, nunca será definitiva, regulará y fundamentará nuestras acciones y pensamientos de forma íntegra y transparente.
Este texto se dividirá en dos partes. En el orden establecido, se presentará y abordará críticamente el fundamento político de la nueva LGHCTI, y, posteriormente, su fundamento filosófico. Debo decir que, por una cuestión de incompetencia técnica, el presente texto omitirá otros aspectos importantes que deben analizarse con rigor, como es el caso del apego de la LGHCTI a la legalidad nacional e internacional. Por lo tanto, este es un texto no especializado basado en fuentes confiables de información, en mi experiencia como investigador sin plaza, en testimonios de académicos, y, por supuesto, en mi humilde opinión personal.
Primera parte: El proyecto político disfrazado de liberalismo
El mal llamado neoliberalismo, esa palabra que hoy en día se escucha en todos los medios públicos y privados, es una práctica camaleónica a la que habitualmente recurre el político cuando se viste de empresario, o bien, el empresario cuando se viste de político. Pero tales han sido las consecuencias de esta práctica que hoy en día también vemos que el político o el empresario suele vestirse de científico, historiador o hasta de artista. Quizá sea porque lo vemos por todas partes del planeta, pero no es difícil imaginar al reptil neoliberal que se favorece del Estado, cuando su única presa a la vista es fuerte, precavido y audaz, mientras que se deja seducir por el liberalismo económico cuando sabe que su presa es más débil que él. Así que, hay ocasiones en que para este reptil empedernido los mecanismos del mercado no son del todo favorables, y, por ello, es necesario intervenir estos mecanismos utilizando los instrumentos del Estado en favor de su propio beneficio.
Considerando lo anterior, conviene traer a la mesa las palabras de un teórico llamado David Harvey, quién define al neoliberalismo como un proyecto político para establecer las condiciones favorables para la acumulación del capital y restaurar el poder de las elites económicas y sus más fervientes promotores.[2] Es por ello que, para poder analizar el contexto en el que el conocimiento se desarrolla e implementa, es necesario distinguir entre lo que dice la teoría económica liberal y lo que hace el neoliberalismo. Es decir, es importante resaltar la diferencia entre lo que se supone hipotéticamente y se idealiza bajo el entramado teórico del modelo liberal contemporáneo, y lo que es el conjunto de hábitos neoliberales que definen las elites económicas y que son practicados, generalmente de forma impuesta, por la mayoría de las personas alrededor del mundo.[3]
Para la teoría económica liberal, casi cualquier objeto ya sea material o cognitivo, como es el caso del conocimiento científico y tecnológico, se fetichiza en función de su valor económico, por lo que es necesario impulsar dicho conocimiento en virtud de que es posible maximizar el desarrollo económico a partir de él. Partiendo de este ideal teórico, las empresas son entidades económicas cuyo propósito es incrementar su utilidad (capital y beneficios) a costa de una inversión que se implementa en al menos tres ámbitos que quisiera enfatizar: la fuerza de trabajo, la materia prima o producción de otras empresas, y el desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación. En un contexto ideal de equilibrio con competencia perfecta, con igualdad en oportunidades, con una máxima transferencia de conocimientos, y con un libre mercado, se esperaría un aumento y redistribución aproximadamente equitativa del capital y del ingreso, del mismo modo en que se podría corroborar la tesis de que la inversión de las empresas en ciencia, tecnología e innovación no sólo sería un factor fundamental para la productividad económica, sino también para la redistribución (aproximada) del ingreso y del capital. En estas circunstancias, la labor del Estado sería mantener este contexto de equilibrio en la medida de lo posible, permitiendo que las empresas puedan competir libremente y promoviendo la colaboración entre el sector académico y el sector privado sin intervenir de manera directa.
Sin embargo, mientras que el liberalismo es un proyecto teórico e ideal, el neoliberalismo es un proyecto político y real que adopta las premisas del primero cuando es conveniente. Es un proyecto político en un contexto capitalista donde existe el monopolio, el intervencionismo, el imperialismo, y, sobre todo, el poder económico en confluencia con el poder político, los cuales generalmente tienen una agenda común y hegemónica. Para este proyecto, a veces resulta conveniente adoptar teóricamente un liberalismo económico porque es así como se puede justificar y legitimar que el capital fluya libremente en favor de los grupos hegemónicos, y que el Estado no se encuentre representado por fuerzas ajenas al interés de dichos grupos. Además, el neoliberalismo es un sistema de control y poder multidimensional del que disponen las elites económicas con el propósito de expandir su influencia y dominio global, no sólo en el rubro de la política, sino también en el de la ideología y la cultura. Esto es evidente hoy en día al ser testigo de que la influencia que ejercen estos grupos elitistas no sólo comprende aspectos económicos y políticos, sino que también, y con mayor fuerza, aspectos que son parte del ámbito simbólico y comunicativo, como es el caso de los medios informativos, el entretenimiento, y la producción y divulgación del conocimiento en su amplio espectro. Por ejemplo, en el caso particular del gremio académico, una condición para que el proyecto neoliberal pueda reproducirse es que la comunidad académica se encuentre desarticulada, propiciando con ello un aislamiento gremial, el abandono de la docencia, un productivismo rapaz, y otras formas de meritocracia e individualismo académico en el que se espera que los académicos asuman plena responsabilidad de sus éxitos y fracasos, ignorando los factores culturales, económicos, y sociales que condicionan sus oportunidades (como es el caso de la desigualdad económica, el machismo, el clasismo, el elitismo, el racismo, los espacios de jerarquía burocráticos, etc.).
Habiendo dicho esto, no es una sorpresa que, bajo este régimen neoliberal, la mayor inversión a la ciencia, tecnología e innovación por parte de las empresas se manifiesta en los países ricos o del centro hegemónico, gracias a que es en estos países que el capital puede circular más libremente en un contexto de semi-equilibrio. Este contexto privilegiado permite que dicha inversión sí sea un detonante de la competencia y la productividad, lo que se traduce en una alta demanda de consumo interno y en un alto nivel de empleo con salarios justos (aunque hoy veamos que ha sufrido cierto deterioro). Un ejemplo de ello, citado en la LGHCTI, es que los países con mayor porcentaje del gasto respecto al PIB en ciencia, tecnología e innovación promueven una coordinación efectiva de empresas y gobierno, de manera que, del porcentaje total de inversión en este rubro (suma de la inversión pública y privada), cerca del 70% proviene del sector privado que, dicho sea de paso, suele confundirse con la inversión pública en este sector.[4] Esto quiere decir que dichas empresas ven un rédito mayor para invertir en este sector. Y, en efecto, si en México este porcentaje hubiera sido el mismo del que se tiene en los países ricos o del centro hegemónico, entonces estaríamos hablando que en el 2018 el gasto total en este rubro hubiera sido del 1.03% del PIB (0.31 % público y 0.72 privado). Es decir, se hubiera alcanzado la antigua meta del 1% del PIB en el gasto nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico sin tener que suministrar dicho gasto desde las arcas del sector público. Esto, tomando en cuenta que dicha meta se basa en una recomendación de la UNESCO que considera la inversión total del sector público y el privado.[5]
Por el contrario, debido a su condición de dependencia, los países poscoloniales y periféricos, entre los cuales se encuentra México, no tienen otra opción más que abrir sus fronteras al libre mercado, en un contexto donde se les obliga a mantener una sobre-producción y exportación de materias primas. Este contexto de dependencia se reproduce gracias a una escasa demanda asociada a su consumo interno y a un alto nivel de desempleo, lo que se traduce en que la fuerza de trabajo reciba un salario debajo de su valor (y que el trabajador cuente solamente en tanto que productor, pero no como consumidor).[6] No es un caso aislado de esta condición de dependencia que los profesores de asignatura (el 74% del personal académico) en las universidades públicas del país no alcancen a pagar la canasta básica con su salario.[7] De este modo, se reproduce una situación de desigualdad y explotación, donde un conjunto de corporaciones transnacionales monopoliza el mercado interno, provocando que las empresas, no sólo las pequeñas y medianas, sino también las mismas trasnacionales, pierdan la motivación de invertir en ciencia, tecnología, e innovación.
Tomando en cuenta estas circunstancias, tiene sentido que el Estado se encuentre domesticado para operar bajo esta lógica de dependencia, no sólo dotando a las empresas trasnacionales de capital público, sino también abriéndoles espacios de poca competencia para que operen de forma privilegiada.[8] Es en esta coyuntura que podemos explicar, con una mayor claridad, la fuga de recursos de instituciones públicas destinadas a la investigación en ciencia y tecnología hacia empresas privadas. Por ejemplo, como bien se puede corroborar en los repositorios de información del CONACYT, en el marco de los PEI más de 26 mil millones de pesos fueron transferidos a empresas a fondo perdido en el periodo de 2009 al 2018.[9] Sin embargo, como bien se expone en la LGHCTI (página 10), en tan solo el mismo periodo se ha visto una disminución paulatina en el gasto en investigación científica y desarrollo experimental por parte del sector privado hasta alcanzar el 0.05% del PIB. Esto demuestra una situación paradójica: al aumentar las transferencias del sector público al privado, los índices de innovación de ambos sectores disminuyeron. Esto debido a que, si se incentiva a las empresas a invertir con dinero público, éstas no propiciarán las condiciones para que ellas puedan seguir invirtiendo en este rubro. Se crea, a mi parecer, un asistencialismo empresarial que, a largo plazo, se convierte en un modelo disfuncional y corrupto, como el que se vio durante años previos.[10]
Como esta situación es una consecuencia de un sistema-mundo que no puede cambiarse de la noche a la mañana, tampoco se espera que México pueda avanzar en este rubro bajo la premisa de que el conocimiento científico y tecnológico es un recurso fetichista para incentivar el desarrollo económico. Lo que deberíamos hacer es resistirnos a plantear al conocimiento en general bajo esta lógica mercantil y no permitir que los verdugos nos engañen con la muy difamada premisa de que lo que necesitamos es seguir el camino que ellos nos trazan, al menos que queramos terminar en la guillotina. Este, creo yo, es el fundamento político de la nueva LGHCTI. Veamos más de cerca la propuesta y el planteamiento que se bosqueja en este texto normativo.
A grandes rasgos, la LGHCTI considera a la ciencia en particular y al conocimiento en general como derechos humanos. Esto permite transitar del uso indiscriminado del concepto de innovación, como instrumento fetichista para el desarrollo económico, al desarrollo del conocimiento en su amplio espectro. Es decir, se transita de una concepción instrumental del conocimiento supeditado a los intereses económicos y hegemónicos a una visión humanista del mismo, en cuanto a que se practica íntegramente en función del valor que tiene por sí mismo y por la vida.
Una de las virtudes de esta visión humanista es la incorporación de los sectores sociales marginados a las decisiones de Estado en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Tal es el caso de aquellos sectores que fueron discriminados por razones culturales, económicos y de género, y los que fueron ignorados por la visión mercantilista del conocimiento (por situarse en espacios donde nunca llegaron los beneficios de los mecanismos del mercado). Un ejemplo prominente que valdría la pena traer a la vista de los lectores es precisamente la incorporación al SNI de profesores de asignatura que, dicho sea de paso, es el cambio más sustantivo en los últimos años del CONACYT, en lo que se refiere a lo laboral. Asimismo, esta visión propicia la transmisión horizontal del conocimiento científico en el contexto de una sociedad de conocimientos, donde es posible establecer diálogos con ciertas prácticas ajenas a la academia por medio del reconocimiento del valor de la ciencia desde contextos diversos. Por si fuera poco, se induce una nueva forma de ver la colaboración entre el sector académico y el empresarial/industrial, de tal forma que se incentiva la inversión privada en la ciencia, tecnología e innovación, siempre poniendo por delante el interés público y social.
Con la finalidad de poner en práctica este enfoque humanizado, se propone recuperar la rectoría del Estado en este rubro bajo el lema de una soberanía nacional. En efecto, por medio de una Junta de Gobierno del Consejo General, integrada la mayor parte por Secretarios de Estado, el nuevo CONAHCYT se propone coordinar diferentes sectores sociales, académicos, políticos y empresariales con una agenda nacional que tenga como prioridad atajar las problemáticas sociales y económicas que tiene el país, sin dejar de apoyar la ciencia básica y de frontera. Sin embargo, a pesar de que este proyecto tiene un fin loable, un factor preocupante respecto a la forma en que se está planteando la LGHCTI es que la estructura administrativa de esta nueva dependencia es muy vertical al concentrar una gran suma de funciones y facultades en el Consejo General. En particular, este consejo determina el destino del presupuesto, asesora a los diferentes órdenes de gobierno, crea o desaparece centros públicos de investigación, decide sobre el personal administrativo de las instituciones, formula políticas públicas de acuerdo con una agenda nacional definida por él mismo, etc. A este respecto, considero que es necesario profundizar en qué medida esta estructura puede generar vicios administrativos que mermen la participación de otros sectores, y en particular, de la comunidad académica.[11] Por ejemplo, me queda la duda de que en dicha junta no se encuentre el representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (en contradicción con su visión humanista e inclusiva). De igual modo, considero problemático que para los seis representantes con voz y voto de la comunidad y de los sectores social y privado (más un suplente), no se establezca un principio de representación proporcional, además de que se incorporen a la junta a invitación expresa de la persona titular de la Dirección General. A mi parecer, este aspecto podría derivar en una sobre-representación federal, una sub-representación de la comunidad científica y de la sociedad civil, y una pérdida de los contrapesos que se necesitan para un diálogo circular tanto en el seno de la Junta de Gobierno como en el de un cuerpo colegiado que incida en los diferentes niveles del Estado mexicano.
Otra preocupación, que recoge la opinión de muchos académicos, es que la ciencia básica no debería estar restringida por su implementación inmediata a los intereses nacionales. Ellos opinan (en lo cual que estoy completamente de acuerdo) que la ciencia básica debería desarrollarse de forma independiente a su implementación práctica ya que es debido a su condición y características propias como se han podido gestar, a mediano y largo plazo, las aplicaciones científicas más significativas en el ámbito tecnológico y social. Esta crítica se abordará en la segunda parte de este texto con mayor profundidad, pero salvo algunas excepciones que se mencionarán más adelante, no veo que la LGHCTI subordine a la ciencia básica por debajo de la ciencia aplicada. Al contrario, en la Sección Tercera en particular, y a lo largo del texto normativo en general, se dice explícitamente que la ciencia básica se fortalece mediante diferentes estrategias vinculantes, como es el caso de la eliminación de las transferencias al sector privado y el programa nacional de becas, por mencionar algunos ejemplos. No abordaré con más detalle este aspecto de la ley, pero es importante distinguir entre la errónea premisa (que no aparece en ninguna parte de la LGHCTI) de que la ciencia en su generalidad es y debe ser una ciencia aplicada al servicio de ciertos fines nacionales y sociales, y el supuesto de que, en el contexto del diseño e implementación de varias disciplinas científicas que no pueden evitar presupuestos normativos y valorativos que regulan su desarrollo, se les incentive, más no se les obligue, a estar guiadas y reguladas bajo principios que se comprometan con el factor social, en lugar de que estén enfocadas a servir intereses privados bajo el velo de su supuesta neutralidad (lo cual sí está sucediendo).
Otro aspecto que también ha sido el blanco de muchas críticas en lo relativo a la verticalidad administrativa es que, bajo el principio avalado por la SCJN de que no es posible que una asociación civil se arrogue funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público, se elimina el foro consultivo científico y tecnológico y se crea un órgano interno consultivo, dependiente administrativamente del Consejo Nacional que, a diferencia del primero, no cuenta con personalidad jurídica, capacidad para obligarse, ni tampoco con personal remunerado o bienes propios. Su función es, a grandes rasgos, promover la participación democrática de la comunidad y de los sectores social y privado, aparte de brindar asesoría técnica y apoyo institucional al Consejo Nacional. Asimismo, con el fin de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, así como garantizar el derecho a la ciencia (en cuando a su difusión y divulgación), se crea un sistema nacional de centros públicos. Este sistema nacional es una herramienta que brinda apoyo logístico y de coordinación a instituciones y centros públicos del país para que diseñen, ejecuten y evalúen proyectos en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación relacionados con las áreas prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público. A pesar de que esta propuesta también insiste en centralizar la administración pública, funge como una herramienta de coordinación que podría promover una mayor articulación entre el diferentes órdenes de gobierno y las instituciones públicas, garantizando la solvencia humanística, científica y tecnológica del país, no sin dejar de considerar la posibilidad de que nuevos centros públicos abran sus puertas para incorporar personal académico que hoy en día no tiene un puesto de trabajo.[12]
Por último, quisiera mencionar que esta nueva iniciativa asegura la obligación del Estado para cubrir el derecho universal de becas y apoyos de estudiantes de posgrado en universidades nacionales públicas y privadas, lo que genera candados vinculantes para incrementar paulatinamente la inversión pública en este sector, a diferencia de la antigua meta del 1% sin elementos vinculantes y que involucra al sector privado. Otro aspecto importante es que se garantiza el derecho a dichas becas y apoyos sin intermediarios, lo que impide la proliferación de burocracia administrativa y la desviación de recursos hacia rubros desconocidos.[13] Para la asignación de becas al extranjero, sin embargo, considero que es un exceso que el Estado deba considerar la relevancia y el aporte de los proyectos propuestos al desarrollo y su orientación al estudio o investigación en áreas y temas que defina la Junta de Gobierno del Concejo Nacional. Esto debido a que el desarrollo de la ciencia básica, como bien se dijo arriba, no debería estar restringida por su implementación práctica inmediata a los intereses nacionales.
Ahora bien, la decisión de recuperar la rectoría del Estado en este rubro tiene una razón de fondo y está desvinculada de la falsa premisa, difundida ampliamente por los medios corporativos, de que este enfoque propiciaría el auge de un régimen autoritario, autocrático y totalitario que despojaría al académico de libertad y creatividad intelectual. La razón principal para proponer esta política pública es que una sociedad científica autónoma que pueda autorregularse sin la intervención administrativa y política del Gobierno Federal es disfuncional en la realidad mexicana. Como bien se dijo arriba, el proyecto político neoliberal hace todo lo posible para que el Estado, al estar al servicio de las elites económicas y sus promotores, no se encuentre representado por fuerzas ajenas a su interés. En los países ricos o del centro hegemónico, sin embargo, esta situación no trastoca con tanta fuerza las entidades e instituciones autónomas, ya que en la mayoría de los casos la autonomía de estas entidades e instituciones no impide sacar a flote el proyecto de las elites económicas, el cual generalmente va destinado a incrementar su presencia afuera de las fronteras del país donde operan. Al contrario, dichas instituciones autónomas sirven como bases de apoyo para legitimarse y promocionar su engañoso “interés” en las causas democráticas de su país y del mundo. No obstante, en el contexto de los países periféricos, como es el caso de México, el proyecto neoliberal sí requiere trastocar con fuerza las entidades e instituciones públicas para que la injerencia y control de las elites económicas en la vida pública y privada del país pueda prevalecer y reproducirse, además de las condiciones que lo hacen dependiente en el sistema-mundo. Esto se manifiesta a tal grado que la gran difamada “autonomía” de dichas instituciones es una simple fachada para poder involucrarse en su administración y política, incluidas las instituciones académicas.
Dicho esto, cobra especial sentido (aunque no justifica del todo) la centralidad política y administrativa del gobierno en la vida pública del país, como es el caso de la rectoría del Estado en lo referente al conocimiento y la academia. Por ello, Pablo González Casanova en su magna obra argumentó que el excesivo presidencialismo que se vivió en su época (a principios de los sesenta del siglo pasado) fue una salida controlada no sólo a los cacicazgos que existían en los estados y al poder de la iglesia, sino también al poder económico nacional y extranjero en un contexto en el que México era un país periférico y pre-capitalista, donde no existían las condiciones para que se desarrollara una democracia, como la que se vivía en los países ricos o del centro hegemónico.[14] El panorama de hoy parece ser distinto porque quiero creer que se vive de forma más democrática, pero no es tan distante de lo que ya se estaba avecinando hace más de cincuenta años en cuanto a las estructuras políticas y económicas que gobiernan al país y al sistema-mundo.
Bajo estas circunstancias, me preguntaría ¿Cuál es entonces la mejor alternativa para no sucumbir ante la verticalidad del poder estatal a costa de la perdida de otros derechos (los cuales tenemos que defender de la misma forma en que hemos defendido el derecho al conocimiento), pero sin que tampoco nos dejemos seducir por la manzana envenenada del régimen neoliberal que se esconde detrás de la dichosa autonomía de la academia y el conocimiento? A mi parecer, esta es la disyuntiva que todos los académicos deberíamos abordar urgentemente. Para ello, habría que rechazar los manuales que se redactan en las oficinas político-empresariales de los países ricos o del centro hegemónico, y, de este modo, abogar por una visión soberana que proponga nuevas formas de gobierno en los espacios académicos que, por un lado, se abran a la gobernanza y la participación democrática, y, por otro lado, no sucumban ante los ojos ávidos del reptil neoliberal que pretende usar el conocimiento como botín político y económico. Creo que, si revisamos y enmendamos las deficiencias de esta nueva ley, sin desecharla por completo, podremos plantear un proyecto de esta naturaleza.
A continuación, la segunda parte relativo a los fundamentos filosóficos de esta nueva ley.
[1] Algunos críticos dicen que la LGHCTI es un retroceso, otros hasta llegan a decir que es aberrante. Fuente: https://elpais.com/mexico/2023-05-02/investigadores-y-cientificos-critican-la-nueva-ley-de-ciencia-es-absolutamente-aberrante.html. Sin embargo, el problema que veo en la mayoría de las críticas (salvo contadas excepciones) es que no reconocen algunos presupuestos políticos, filosóficos y valorativos que adoptan implícitamente respecto al conocimiento, denostando las posturas que sí son explícitas. Otro problema es que suelen repetir los mismos argumentos sin profundizar en ellos, algunos de los cuales parecen ser razonables (y que abordaré más adelante), pero otros que no tienen sustento técnico ni fundamentos sólidos.
[2] Harvey, David, y Ana Varela Mateos. Breve historia del neoliberalismo. Vol. 49. Ediciones Akal, 2007.
[3] El modelo liberal contemporáneo más popular que supuestamente pregona la sociedad y economía del mercado se le suele llamar modelo neoclásico de la economía, mientras que algunos teóricos, como David Harvey, identifican al neoliberalismo con la etapa flexible de acumulación del capitalismo a nivel global. Una idea errónea acerca del capitalismo y de la economía de mercado es que ambos son más o menos lo mismo, y que el poder estatal es opuesto a ellos. Por el contrario, la emergencia y expansión del capitalismo es totalmente dependiente del poder estatal y constituye la antítesis de la economía del mercado, mientras que el mercado en su ámbito autónomo ha existido desde siempre bajo otros sistemas que no son capitalistas. En efecto, a través de la fusión del capital y el Estado (la más fuerte que se ha visto en la historia de la humanidad), el capitalismo se constituye como una serie de prácticas sistemáticas y persistentes de acumulación flexible, adaptable y no especializado de capital, independientemente del tipo y los medios de producción que existan en un tiempo dado. Ver en Arrighi, J. (1994). The long twentieth century. London: Verso.
[4]Datos en la página: https://datos.bancomundial.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2021&start=1996&view=chart.
[5] El dato del gasto público en este rubro se obtuvo de la exposición de motivos de la LGHCTI (página 10). El dato se cotejó con las referencias que hace la iniciativa.
[6] Ver en Marini, Ruy Mauro. (1981). La acumulación capitalista dependiente y la superexplotación del trabajo. En Kohan, Néstor, et al (Eds.). Teorías del imperialismo y la dependencia desde el sur global (pp. 87-100). Editorial Cienflores, 2022.
[7] Estudio realizado por la Facultad de Economía titulado 'Reporte de investigación especial 135. El poder adquisitivo del salario de las profesoras y los profesores en la UNAM. 2001-2021.
[8] Es de conocimiento público que la mayoría de las grandes empresas en México (Telmex, Grupo Salinas, Grupo México, Televisa, etc.) se consolidaron como monopolios gracias a que durante décadas el gobierno vendió empresas paraestatales a bajos precios y, además, adquirieron grandes beneficios fiscales.
[9] Fuente a consultar: https://conacyt.mx/conacyt/areas-del-conacyt/uasr/desarrollo-regional/fondos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion/?fbclid=IwAR3awnWL39MD-YDHSoMoKhxZWIxiBEojte0p-Oxlf_GZXzjtmP32oaA7Imc. Ha habido una serie de críticas de parte de colectivos (como es el caso de red pro-ciencia) respecto a los datos que se han dado de parte del Gobierno de la República en referencia a estas transferencias. Fuente: https://redprociencia.mx/desmentido-programa-de-estimulos-a-la-innovacion/. Sin embargo, dichas críticas no tienen sustento porque los datos que, según ellos, el gobierno muestra no coincide con lo que se dieron en la mañanera del 3 de mayo de 2023 ni con las fuentes del CONACYT.
[10] Sugiero que se investiguen todas las transferencias que se dieron a la inversión privada en este rubro, y que se entreviste a parte de la comunidad científica que evaluó dichos proyectos. No es un secreto a voces que algunos científicos que eran parte del consejo evaluador para dichos proyectos hayan firmado una carta al CONACYT para que se dejara de pagar a empresas privadas y se invirtiera en ciencia básica. Estos testimonios fueron recopilados por medio de entrevistas bajo reserva de anonimato. Como la carta se redactó y firmó a mano es difícil contar con una prueba fehaciente.
[11] Existen críticas engañosas que afirman que el CONACYT se está militarizando debido a que la Sedena y la Marina tendrán dos asientos en la Junta de Gobierno. Sin embargo, es importante mencionar que la participación de estas instituciones en el ámbito de la ciencia ya existía por medio de fideicomisos (el fondo sectorial de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del ejército y fuerza área mexicanos SEDENA-CONACYT) para desarrollar lo que son los proyectos transversales del país, asignados por el presupuesto de egresos de la federación. Si se va a criticar la incorporación de la Sedena y la Marina al Consejo Nacional, entonces dicha crítica debe plantearse respecto a las atribuciones que podrían tener dichas dependencias en cuanto a las decisiones en lo que se refiere a este rubro.
[12] Se ha dicho que los centros púbicos que ya existen dejarán de tener autonomía financiera y administrativa, por lo que se tiene el riesgo de que dejen de investigar ciencia básica y que pierdan su libertad académica. Sin embargo, esto es engañoso debido a que habría que analizar si cualquier centro público existente tiene la decisión autónoma y libre de incorporarse al sistema nacional. Además, en la LGHCTI se establece claramente que se garantizará la libertad académica en el caso de los centros públicos como también en el de las demás entidades paraestatales.
[13] Aunque los medios corporativos digan lo contrario, esta iniciativa también respalda a las instituciones privadas de educación superior. Por lo que se puede leer en la iniciativa (Artículo 39, página 64), los alumnos de instituciones privadas podrán tener una beca siempre y cuando la colegiatura pueda ser cubierta por dichas instituciones, y la razón es obvia: bajo el principio de equidad, no se puede transferir más dinero público a los alumnos de instituciones privadas que a los de instituciones públicas.
[14] Casanova, Pablo González. La democracia en México. Ediciones Era, 1991.
