La pandemia por COVID19 es el evento de mayor trascendencia en el mundo, que, a reserva de observar sus efectos definitivos en la reconfiguración capitalista mundial, en México está dejando consecuencias devastadoras. En primer lugar, por las más de 140 mil personas fallecidas (cifras oficiales, pueden ser 2.5 veces más) y el consiguiente luto en sus familias; además, por las más de 1.5 millones personas contagiadas, algunas (no sabemos cuántas) con secuelas indeseadas y graves; en tercer lugar, por la debacle económica (de orden mundial) que ha significado el cierre de cientos de miles de empresas con la consiguiente pérdida de empleos, muchos de los cuales será muy difícil recuperar en los próximos años. Como se ha señalado anteriormente, en el mejor de los escenarios, la economía mexicana registrará niveles de crecimiento similares a los del año 2018 hasta 2023, lo que significa que prácticamente todo el gobierno de la 4T quedará subordinado al COVID19. Añada usted a estos efectos perniciosos de la pandemia el hecho de que durante muchos meses más de 30 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes han debido permanecer en confinamiento atendiendo a sus “clases” en condiciones, para la mayoría, de enorme precariedad, lo que ha provocado abandono y rezago escolar, cierre de escuelas particulares, pérdida de empleos en el sector educativo, entre muchas otras consecuencias. Y qué decir de la crisis emocional que millones de personas padecen en el país como resultado de tanta enfermedad, de tanta muerte, de la pérdida del empleo, del cierre del negocio con tanto esfuerzo levantado, de tanta ausencia de futuro. Los problemas de salud mental han sido reconocidos por el propio gobierno mexicano, no obstante, sus acciones están muy lejos de darle la relevancia que amerita un problema de salud pública (https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf).
En el entendido de que estamos ante un fenómeno mundial del que nuestro país no es ajeno, es necesario reflexionar si la 4T ha estado a la altura de las exigentes circunstancias para encarar la pandemia y sus efectos. Minimizar el alcance de la pandemia (“es como una gripa fuerte, hay que salir y abrazarnos, estamos domando la pandemia”, etc.) no parece haber sido el mejor rumbo tomado por el gobierno federal: los saldos de ese menosprecio están a la vista. Para decirlo rápido: las acciones de la 4T para encarar la pandemia no han sido sustancialmente diferentes de las emprendidas por otros países, inclusive, para muchos observadores y analistas, se han quedado cortas (por ejemplo, en el apoyo a micro y pequeñas empresas, al empleo, a niñas, niños y adolescentes, etc.). No parece haber una correspondencia entre un gobierno que se proclama progresista y de izquierda con sus acciones de política pública para hacer frente a la peor contingencia mundial de los últimos 70 años, o al menos, no han sido sustancialmente diferentes a las emprendidas en otros países con perfiles políticos e ideológicos diferentes.
Y disculpe usted, señor presidente, pero no puedo concebir que la pandemia le haya venido “como anillo al dedo” al proyecto transformador de su gobierno, mientras que para el país (sobre todo para la gente más pobre) las consecuencias estén siendo devastadoras. El virus, que ha matado a tanta gente, que ha significado la pérdida del empleo para millones de personas, que ha generado una brutal contracción económica, que ha sometido a través del confinamiento a millones de niñas, niños y jóvenes al control despótico del biopoder capitalista, que ha exacerbado la violencia doméstica y, con ello, la violencia de género y los feminicidios, en fin, que esta pandemia que ha causado tanto dolor sea concebida como “anillo al dedo” para la 4T: no entiendo cómo, lo que lacera al país, puede ser positivo para un gobierno con tanto respaldo popular.
Por otra parte, es innegable que los apoyos económicos directos a la población más pobre y vulnerable expresan la convicción y el compromiso de la 4T con la justicia social (sin soslayar sus inocultables rasgos electorales), pero sin la transformación radical de las condiciones estructurales que llevaron a los abismos de la desigualdad e injusticia social, las pensiones, las becas, los créditos, los recursos para madres trabajadoras, etc., corren el riesgo de quedarse en meros apoyos coyunturales, sin incidencia alguna en la ruptura del ciclo histórico de reproducción de la pobreza. En otras palabras: el dinero no es suficiente, es necesario cambiar las correlaciones de fuerza, de clase, en la sociedad mexicana, es decir, el problema centralmente es de ejercicio del poder. Es un problema de construcción de autonomías populares.
No puede haber proyecto de izquierda y progresista sin transformación de las asimétricas relaciones de poder que subyacen, posibilitan, y reproducen la desigualdad social y la pobreza. Esto es, no puede haber justicia social sin autonomía de pueblos, comunidades, organizaciones populares, sindicatos, colectivos, etc. Y, desde mi perspectiva, la 4T está quedando a deber -y mucho- en este rubro, fundamentalmente porque, como lo señalé en la anterior entrega de esta columna, está limitada por sí misma, por su trayectoria, por su composición, inclusive por su incontrovertible éxito electoral en 2018. Los 30 millones de votos con los que ganó AMLO y las fuerzas de la alianza Juntos Haremos Historia han sido caracterizados como una “insurrección electoral”, pero de allí no se desprende que en automático y como expresión de construcción de nuevas y diferentes relaciones de poder, las autonomías populares (en plural) hayan sido fortalecidas. Es más, tal vez, y de acuerdo a las evidencias disponibles, haya ocurrido exactamente lo contrario: a través de la vía electoral se ha abonado a la mayor subordinación popular de organizaciones, movimientos y comunidades disonantes de las perspectivas políticas y de gobierno de la 4T. Por razones de espacio, me remito solamente a dos experiencias, bien conocidas, que no las únicas.
- En primer lugar, los movimientos feministas y sus luchas en contra de la violencia de género en todas sus formas y expresiones, incluido por supuesto el feminicidio. “En este 2020 han sido asesinadas 2,874 mujeres y niñas, solo 724 casos se están investigando como feminicidio, lo equivalente a un 26 %” (https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/comunicado-méxico-sucumbe-ante-la-violencia-feminicida-ocnf). La respuesta de la 4T a las colectivas feministas y sus más que justas demandas ha sido pobre, limitada, omisa y quizás hasta cómplice, habida cuenta de que los delitos en contra de las mujeres mexicanas han ido al alza, acicateados en gran medida por el confinamiento obligado. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR), la Red “atendió a 38,081 personas durante los 9 meses de confinamiento, de marzo a noviembre, lo que significa un aumento del 48%” (https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/violencias-contra-las-mujeres-niñas-y-niños-a-nueve-meses-del-confinamiento-por-covid19-una-deuda-historica-pendiente-del-estado-mexicano/). La deuda histórica del Estado mexicano es de orden estructural, por lo que no se superará con acciones de corto plazo, gabinetes o congresos paritarios o medidas similares; mucho menos con los recortes presupuestales destinados a los refugios para mujeres.
- En segundo lugar, las comunidades y pueblos en defensa de sus territorios, en contra de los megaproyectos, contra el fracking y los transgénicos, sin dejar de lado a las comunidades zapatistas asediadas por militares y paramilitares. Las luchas de estas organizaciones, comunidades, pueblos y movimientos han sido sistemáticamente cuestionadas, toda vez que sus demandas y reivindicaciones no sólo no coinciden con los proyectos del gobierno federal, sino inclusive los cuestionan a fondo. Son voces que no tienen cabida dentro de la 4T, por el contrario, han sido señaladas como “conservadoras” debido a su resistencia a sucumbir a las mieles desarrollistas prometidas en el proyecto del Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos (Morelos, Puebla, Tlaxcala) o la planta de Nestlé en Veracruz (que pone en riesgo a miles de productores de café de altura). Sin negar que estas inversiones podrían traer importantes derramas económicas y generación de empleos, es necesario reconocer que se trata de proyectos en los que pueblos y comunidades (es decir, el mundo del trabajo) quedan totalmente subordinados al capital y sus necesidades. Es el caso del Tren Maya y la intención de privatizar y bursatilizar las tierras ejidales y comunales a través de figuras legales como el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra) (https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/opinion/012a2pol). Por otra parte, no podemos olvidar a las comunidades indígenas desplazadas en Chiapas (municipio de Aldama, entre otras) que cotidianamente padecen el acoso y las balaceras de grupos paramilitares, ante la mirada complaciente tanto del gobierno estatal, como del gobierno de la 4T.
La justicia social, sin la construcción de relaciones y estructuras de poder popular a partir de las autonomías de pueblos, comunidades y organizaciones, corre el riesgo de quedarse en programas asistenciales -muy importantes y necesarios para los grupos sociales beneficiados- pero sin incidencia alguna en la transformación estructural de la reproducción de la pobreza y la desigualdad. En esta tesitura, cabe la reflexión sobre los actores del cambio promovido por el gobierno de la 4T: ¿quiénes son los sujetos de la transformación?
Sin desconocer la participación de amplios sectores de la población en algunas de las iniciativas impulsadas por el gobierno, el actor principal de la transformación impulsada por la 4T no es el “pueblo”, ni las organizaciones populares, ni las comunidades indígenas amenazadas por los megaproyectos, tampoco las organizaciones sindicales o campesinas, las colectivas feministas, las y los artistas y creadores, tampoco las comunidades científicas ni las asociaciones de barrios. El protagonista de la transformación es el gobierno federal, es decir, se trata de una transformación desde arriba, con poca presencia en las organizaciones de base, poco (o nada) vinculada con los movimientos sociales autónomos y de resistencia, con escaso eco en las clases medias, con indiscutible apoyo popular aceitado con el dinero de los programas sociales.
Y a la luz de las decisiones asumidas por el gobierno, el protagonista más activo del cambio de la 4T es el ejército, que ha asumido funciones que van desde la seguridad pública y la construcción de obras, hasta la distribución de vacunas. En este sentido, la exoneración del general Cienfuegos (sin duda una decisión política revestida de “argumentos” jurídicos) apunta a que, al menos los mandos superiores de las fuerzas armadas, son intocables, son impunes (¿La participación de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también quedará en la impunidad?). La señal es ominosa: las fuerzas armadas están por encima de la ley, de la Constitución... y son responsables de una gran parte de los proyectos de la 4T.
La insurrección electoral de 2018 es innegable y es altamente probable que se ratifique en las elecciones de este año, en las que MORENA y sus aliados se perfilan como los ganadores, ante el desprestigio y la flaqueza de las propuestas de la oposición. No obstante, quienes afirman que el triunfo en las elecciones de 2021 significa la consolidación de la 4T, reducen el ejercicio del poder popular autónomo a la democracia formal expresada en los procesos electorales. En otras palabras: el triunfo electoral de MORENA no significa que el “pueblo” sea el actor central de la transformación anunciada, y promovida, desde el gobierno de la 4T. Basta ver tanto el batidillo interno del partido como el prestigio y la trayectoria política de no pocos candidatos y candidatas de MORENA y sus aliados, para constatar que la intención es ganar votos como sea, no la construcción de un poder popular autónomo.
La 4T no puede avanzar si no es autocrítica. Y no lo es, puesto que está encerrada en sí misma, con los ojos puestos en su propio (y perredizado) ombligo y oídos abiertos solamente a las voces lisonjeras de la autocomplacencia.
