Violeta Núñez Rodríguez[1]
El pasado 28 de abril del presente año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral, esta propuesta implica la modificación de 18 artículos constitucionales y siete transitorios.
La propuesta de Reforma Constitucional presenta un profundo cambio en el sistema político-electoral mexicano, contenido de la siguiente forma:
- Reducir el número de Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral de once a siete consejeros, que serían electos mediante el voto ciudadano.
- Transformar el actual Instituto Nacional Electoral (INE), en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
- Eliminar a los Organismos Públicos Locales (Oples).
- Reducir de 500 a 300 el número de legisladores y legisladoras en Cámara de Diputados.
- Reducir de 128 a 96 el número de legisladores y legisladoras en Cámara de Senadores
- Disminuir el número de diputados locales
- Crear el mecanismo del voto electrónico
- Garantizar el voto de connacionales desde cualquier parte del mundo.
La propuesta de Reforma presentada por el Jefe del Ejecutivo Federal, nos obliga a estudiar, investigar y analizar las instancias y dependencias de cada uno de los puntos arriba señalados.
Vamos a iniciar con la Cámara de Diputados. ¿Cuánto nos ha costado y cuánto nos cuesta, mantener 500 diputados y diputadas? ¿Cuánto ganan? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Qué otros tipos de apoyo reciben? ¿Cuánto se paga a Secretarios Generales, contralores, asesores, etc.
Iniciemos contextualizando y contrastando esos ingresos y prestaciones con la población mexicana.
En México el salario mínimo general es de 172.87 pesos[2] diarios (8.5 dólares aproximadamente). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 56 millones que integran la población ocupada[3] (al cuarto trimestre de 2021), el 24% del total, recibe “hasta un salario mínimo”, cifra que corresponde a más de 13.6 millones de personas (muchas de las cuales tienen que mantener a familias completas).
A esta población se suman, casi 20 millones quienes reciben “más de 1 hasta 2 salarios mínimos” (véase Gráfica 1). Esto significa que cerca del 60% de la población ocupada en México (33.6 millones), recibe menos o hasta 345.74 pesos diarios. A esto hay que sumarle, los más de tres millones de la población ocupada, que no recibe ingreso, lo que implica que dos terceras partes de la población trabajadora, casi 37 millones tienen un ingreso bajo y con este deben mantenerse o mantener a varios integrantes de su familia (o a la totalidad).
En contraste, 500 diputadas y diputados que conforman la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reciben una percepción (conocida como dieta neta mensual) de 74 994.77 pesos de acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Personal de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal del Congreso… (Cámara de Diputados, 2022), cantidad que implica que diariamente, las y los legisladores reciben un salario de 2 500 pesos, cifra 1 446% mayor, en relación al salario mínimo (véase Cuadro 1), pero también dato muy alto, 723% más, en comparación con el 60 por ciento de la población ocupada total de México, que recibe hasta dos salarios mínimos.
Esto significa que, además de encontrarse entre el 2 por ciento de la población ocupada de México que recibe “más de 5 salarios mínimos” (véase Gráfica 1), en tan solo dos días, las y los diputados reciben casi la totalidad del ingreso de la población ocupada que recibe un salario mínimo mensual, cuyo monto es de 5 186 pesos. Es decir, son suficientes dos días de trabajo legislativo, para recibir el salario de un mes de labor de alguien que recibe un salario mínimo mensual, realidad en la que se encuentran más de 13 millones de la población ocupada en México.
Así, al año, el gasto público, tan sólo en la dieta de las y los 500 diputados asciende a casi 450 millones de pesos. Sin embargo, esto no es lo único que reciben de ingresos. A ello hay que agregar, por ejemplo, el aguinaldo de fin de año, “cantidad equivalente a 40 días de dieta bruta” (no neto, la cual incluye descuentos como el ISSSTE, FOVISSSTE, SAR).
Pero a esto también se suman otros ingresos, por ejemplo, apoyo para asistencia legislativa que asciende a más de 45 mil pesos; apoyo para atención ciudadana, de más de 28 mil pesos (Cámara de Diputados, 2020); apoyo para transporte y apoyo para hospedaje, entre otros. Esto significa que al mes un diputado recibe un ingreso de 2 800 por ciento más, en comparación con quienes reciben un salario mínimo mensual en nuestro país.
A esto agregamos que, con gasto público también se paga a las y los asesores parlamentarios de los diputados, cuyo sueldo es de más 28 mil pesos; así como de un asistente legislativo de más de 15 mil pesos. Asimismo, se puede sumar otro tipo de asesores (con sueldos mayores a los del asesor parlamentario), dependiendo si las y los diputados son presidentes o secretarios de alguna comisión.
Aunado a esto, no está demás indicar que hay otros sueldos en la Cámara de Diputados que también tenemos que pagar con presupuesto público. Por ejemplo, del Secretario(a) General debemos de pagar casi 111 mil pesos al mes; de los Secretarios(as) de Servicios, Contralor(a) Interno(a) y Coordinador(a), más de 106 mil pesos al mes, entre otros (véase Cuadro 2). Al respecto, el Manual señalado en línea anteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que “Los sueldos compactados netos mensuales asignados a las y los servidores públicos de mando y homólogos de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal del Congreso”, son los siguientes, mostrados en el Cuadro 2:
Pero dentro del palacio legislativo, también se viven otras realidades, o mejor, dos mundos (quizá más), la de las y los diputados, y la del resto de los “mortales” que trabajan en el recinto. Por ejemplo, como decía, mientras la dieta neta mensual de una o un legislador asciende a 74 994.77 pesos, hay algunos trabajadores que tienen como sueldo bruto 5,186.10 pesos el cual es recibido por el personal operativo multifuncional y supervisores, u otros sueldos, que quedan muy distantes de la percepción de las y los diputados (véase Cuadro 3). Sobre esto, así lo evidencian los “Tabuladores de sueldos para el personal operativo con plaza presupuestal de la Cámara de Diputados, del Canal de Televisión del Congreso General...”, retomados en el Cuadro 3.
Pero hay que enfatizar que los gastos de las y los diputados, se han reducido o han sido más austeros durante la actual administración gubernamental, ya que, en otras legislaturas, además de lo enunciado, se les pagaba al conjunto de legisladores: el seguro de gastos médicos mayores, seguro colectivo de vida, vales de despensa, apoyo para transporte aéreo, entre otros.
Sin embargo, como parte de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y Adicionan Diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Electoral, presentada por el presidente de México, es que esta realidad que nos cuesta en muchos sentidos a las y los mexicanos, no siga siendo un modo de vida para algunos grupos parlamentarios, que ven a la Cámara de Diputados como su fuente de ingresos económicos y políticos, sin interés en la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino en las suyas propias. La gran pregunta es si como nación, debemos seguir manteniendo a 500 diputadas o diputados, o tenemos la posibilidad histórica de reducir su número, por lo pronto considerando los ingresos que reciben, aunque no es sólo lo único a tomar en cuenta.
[1] Profesora-Investigadora de la UAM-Xochimilco.
[2] En la Zona Libre de la Frontera Norte, que abarca 43 municipios fronterizos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo es de 260.34 pesos diarios.
[3] Población ocupada: “Comprende las personas de 12 y más años de ambos sexos que durante la semana de referencia presentaron una de las siguientes situaciones: trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o en especie; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa sin dejar de percibir su ingreso; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de 4 semanas; no tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en 4 semanas o menos; trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia, sin recibir pago alguno (ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar” (INEGI, 2022b).
