La represión del lunes 9 de noviembre en Cancún no puede, no debe, quedar impune. Como tampoco deben continuar las condiciones que motivaron la protesta reprimida: los feminicidios y el contexto de violencia machista que los facilita. La represión del 9 de noviembre en el municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, expresa con toda nitidez la incapacidad del Estado para garantizar tanto la vida y la seguridad de las mujeres como el respeto más elemental a los derechos humanos, el de manifestación entre ellos. Inaceptable asignar culpas en función de siglas y colores partidistas, es el Estado mexicano en su conjunto el que ha demostrado, una vez más, su absoluta incapacidad para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como para respetar el derecho a la protesta, la reunión y la manifestación de las ideas.
Luego de los feminicidios y la represión del 9 de noviembre en Cancún, hay al menos cinco esferas en las que el Estado está obligado a dar respuesta pronta, suficiente y absolutamente apegada a derecho; no hacerlo significa apuntalar la ya de por sí corrosiva impunidad.
- En primer lugar, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo está en la obligación de dar con los asesinos de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado (Alexis), en tanto que el Poder Judicial deberá proceder a enjuiciar a los responsables con absoluto apego a la ley. Pero no basta con castigar a los asesinos de Alexis, toda vez que no se trata de un feminicidio aislado sino de otro más de una larga serie de crímenes de odio contra mujeres que se remonta a por lo menos 10 años. Baste señalar que en el fin de semana en que Alexis fue asesinada, al menos otra mujer fue víctima de feminicidio; asimismo, desde la protesta reprimida el 9 de noviembre, al menos otra mujer fue asesinada en Cancún. De acuerdo con la Fiscalía del estado, en lo que va del año han sido víctimas de feminicidio 12 mujeres, si bien hay datos de que son más de 40 las mujeres asesinadas, fundamentalmente en Cancún y en Playa del Carmen. Es evidente que estamos ante un problema estructural en el que el Estado (federación, gobierno del estado, municipio, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ha sido incapaz de preservar la seguridad y la vida de las mujeres.
- En segundo lugar, es preciso señalar que la violencia estructural en contra de las mujeres y las niñas (sin excluir a los niños) está asociada tanto con la impunidad imperante en el país como con otros delitos, entre ellos, la trata de personas, la pornografía infantil, el tráfico de drogas y el acoso sexual en todas sus formas. El Estado mexicano, independientemente del partido en el gobierno (federal, estatales o municipales), ha demostrado su incapacidad (si no es que su negligencia) para atender con prestancia, eficacia y profesionalismo la violencia estructural que padecen cotidianamente las mujeres; sin duda, la 4T está quedando a deber, y mucho, en materia de violencia de género. Policías, jueces, magistrados, legisladores, servidores públicos de todos los ámbitos y todos los poderes desconocen o menosprecian la violencia de género y, por ende, estigmatizan las luchas feministas en contra del orden patriarcal. La represión en contra de los feminismos expresa con toda nitidez la incapacidad del Estado mexicano para hacer frente a la violencia de género, de la que, por cierto, participa activamente a través de leyes a modo, jueces venales, legisladores (y legisladoras) misóginos, agresores sexuales disfrazados de policías, funcionarios públicos machistas hasta la médula. En esta tesitura, la represión en Cancún del 9 de noviembre debe estimarse en el contexto de la violencia de Estado en contra de los movimientos feministas, similar -aunque más violenta- que la represión en Ecatepec, León, Ciudad de México, Tijuana o Xalapa, por mencionar solo algunas ciudades.
- En tercer lugar, la represión del 9 de noviembre ocurrida en Cancún debe ser investigada a cabalidad para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de los diversos delitos cometidos por policías, funcionarios municipales y estatales, Guardia Nacional, entre otros. No es suficiente que algunos mandos policiacos y de seguridad pública hayan sido destituidos, es necesario identificar con toda precisión la cadena de mando que permitió que policías “organizados” en el mando único dispararan en contra de las personas que se manifestaban en las calles de Cancún; de acuerdo con los videos y los balazos que hirieron a varias personas, los disparos fueron realizados para agredir a los manifestantes, por lo que se podría configurar el delito de homicidio en grado de tentativa. De igual forma, se debe identificar a los integrantes de los cuerpos de seguridad que agredieron sexualmente a las mujeres detenidas, a los policías que detuvieron ilegalmente a personas que se manifestaban pacíficamente y grababan los acontecimientos (no olvidemos que grabar o fotografiar no es ningún delito), a los funcionarios que robaron las pertenencias de las y los detenidos (celulares, entre otros objetos), a los responsables de las golpizas a los manifestantes. La repartición de culpas entre los gobiernos estatal y municipal evidencia no sólo su falta de coordinación, sino, sobre todo, la complicidad entre ambos para atentar en contra de los derechos ciudadanos de quienes levantan la voz en la protesta. Además de los expedientes judiciales que deben seguirse para investigar a fondo la represión del 9 de noviembre, es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga su investigación, establezca responsabilidades y emita las recomendaciones pertinentes a fin de que las autoridades sancionen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
- En cuarto lugar, es importante que se establezca con toda claridad el papel de la Guardia Nacional (GN) en la represión del 9 de noviembre. De acuerdo con las fotos y los videos que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, la Guardia Nacional fue, cuando menos, comparsa de la represión. No es un asunto menor, al actuar en complicidad con las fuerzas de seguridad estatales y municipales, la Guardia Nacional se convierte en partícipe de las violaciones a los derechos humanos que irían desde tentativa de homicidio hasta agresiones sexuales, robo, detenciones ilegales, lesiones, entre otros delitos. Habida cuenta del peso de la GN en el diseño institucional para hacer frente a la violencia e inseguridad en el país, es incongruente, por decir lo menos, que no sólo no haya actuado en defensa de la población civil desarmada e indefensa cuando fue atacada, sino que haya sido cómplice de las agresiones. ¿Quién estaba al frente de la Guardia Nacional? ¿Cuáles fueron sus órdenes? ¿Por qué los integrantes de la GN permitieron que se cometieran delitos en flagrancia frente a ellos y no hicieron absolutamente nada para impedirlo? Esas y otras preguntas deben ser respondidas con toda claridad en las investigaciones de la Fiscalía de Quintana Roo, de la CNDH y de organizaciones independientes que, en el ejercicio de sus libertades democráticas, se sumen.
- En quinto lugar, es relevante señalar que las autoridades judiciales del estado de Quintana Roo han tratado de impedir que las personas agredidas en la represión del 9 de noviembre presenten las denuncias correspondientes. De la misma forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo ha sido omisa, cuando menos, en su respaldo a las personas agredidas, por lo que es evidente que estamos ante una acción orquestada para obstaculizar por todos los medios posibles la impartición de justicia. Es bien sabido que el aparato de justicia en México es profundamente corrupto y la principal fuente de impunidad en el país, de allí que no sorprenda, pero sí indigne, que sus acciones respondan a intereses económicos y políticos y no al apego a la ley.
La represión del 9 de noviembre en Cancún es parte de la violencia del Estado en contra de los movimientos feministas en México. Toda vez que las causas que han movilizado a miles de mujeres en el país siguen sin ser atendidas y, por lo tanto, permanecen sin visos de erradicación (en particular los feminicidios), es perfectamente comprensible que las protestas feministas no cejarán e, inclusive, irán en aumento. ¿Qué harán los gobiernos ante ello? ¿Responder a balazos como en Cancún? ¿Tratar de “encapsular” las protestas? ¿Reprimir? Por lo pronto y ante la inminente protesta del día 25 contra la violencia a las mujeres, es necesario que sumemos nuestras voces a la exigencia de no reprimir las manifestaciones. En Cancún, ¡fue el Estado! En México, ¡es el Estado! ¡Alto a la represión en contra de los movimientos y las colectivas feministas!
