Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
Hun Sen es Primer Ministro desde hace 30 años, convirtiéndose en el segundo dignatario que más tiempo ha permanecido en el poder. Esto ha implicado la consolidación de una red de corrupción basada en el saqueo de los recursos naturales, el control férreo del espacio cívico y cualquier expresión de oposición política.
Al hablar con activistas y miembros de la oposición política en Camboya, no pude dejar de recordar el término acuñado por Mario Vargas Llosa para referirse al gobierno de 74 años de PRI en México. Camboya también podría ser caracterizada como una “dictadura perfecta” que funciona a través de una red de intereses económicos y políticos a lo largo y ancho del país y que posibilita el saqueo y despojo sistemático del territorio. Sin embargo, esta dictadura funciona gracias a las secuelas de un genocidio.
En 2013, una investigación de Global Witness estimó que entre 2008 y 2013 Camboya perdió casi el 28% del bosque tropical a manos cárteles de talamontes que actuaban con el apoyo de las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno. El ciclo de saqueo está basado en el otorgamiento de concesiones económicas de tierra, ya sea para plantaciones de hule o cualquier otro monocultivo a escala industrial o proyectos de minería, a empresas cuyos dueños son cercanos al Primer Ministro.
La devastación ecológica en Camboya es un secreto a voces. Durante dos semanas, el equipo de ARTICLE 19 viajó por las comunidades de las provincias Mondulkiri y Ratanakiri en la región noroeste de Camboya, cerca de la frontera con Vietnam. Ahí escuchamos testimonios de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas, que dan cuenta del círculo vicioso entre opacidad e impunidad con el que las empresas concesionarias operan en esa región.
“Primero vienen las empresas a ofrecernos una nueva casa. Luego, las autoridades locales nos dicen que el proyecto se aprobó y que resistirnos es ilegal”, nos explicó un activista y líder comunitario de la zona montañosa de Mondulkiri afectada por el despojo de tierras y hogares a manos de los trabajadores de una plantación de hule cercana a su comunidad. Omito el nombre a petición suya por cuestiones de seguridad.
“Llevo 5 años defendiendo lo único que me queda, mi casa, no sé si eso me haga ser un defensor de derechos humanos. Yo sólo estoy intentando sobrevivir”, dijo mientras señalaba las casas de menos de 10 mts. cuadrados que les ofrece la compañía (y las autoridades locales) a pie de la carretera, lejos del río en donde él y sus antepasados pescaban para alimentar a sus familias.
Meach Mean, uno de los coordinadores regionales de la Red Nacional para la Protección de los 3 Ríos (3SPN por sus siglas en inglés), nos explicó cómo estos procesos de resistencia están comenzando a ser cada vez más efectivos, gracias a la solidaridad de otros grupos.
“Las comunidades están reconociendo el poder que tienen, el poder de organizarse y tender puentes con otras comunidades”, señaló Meach Mean. “La materia prima para esto es la información sobre lo que otras comunidades hacen. Apoyo jurídico. Noticias sobre los planes de las compañías o del gobierno. El pronóstico del tiempo. Todo”.
El trabajo de Meach Mean es admirable. Todos los días, para llegar a las comunidades en donde trabaja tiene que sortear los retenes de la policía. Las amenazas indirectas a través de personas son cosa de todos los días; los rumores de sentencias de muerte, también. Al escucharlo, vinieron a mi mente los movimientos de resistencia a proyectos de explotación del medio ambiente en muchos lugares de México y América Latina.
Cuando le compartí lo que pensaba a Meach Mean, sonrió y me interrumpió con un “Oaxaca”. Mean participó en un encuentro internacional que tuvo lugar en Oaxaca en febrero del año pasado, justo cuando la oposición en contra de una presa en el río Sesan (noroeste) está en su punto más álgido. Este proyecto fue suspendido cinco años, después de una presión inusitada de comunidades, organizaciones ambientalistas y estudiantes de la capital. Sí bien la cancelación no es definitiva, esto ha marcado el ánimo de la gente.
Las estrategias de acción directa pacífica han dado un nuevo impulso a los movimientos ambientalistas. Por ejemplo, Mother Earth, una red fundada por un grupo de jóvenes y el activista español Alejandro González-Davidson, quien después de la victoria en contra del proyecto hidroeléctrico en el río Sesan fue deportado por las autoridades.
“No tenemos otra opción, por eso nuestro activismo duró. Es pacífico, directo y temerario”, nos explicó uno de los tres miembros de Mother Earth con los que nos reunimos. Días antes se habían hecho arrestar cuando se les impidió entregar una queja ante el Parlamento por un proyecto de desarrollo en el valle de Areng.
Además de las calles, existe otro ámbito de resistencia que se está activando en Camboya. La demanda por información pública es creciente. La lucha por la conservación de la biodiversidad implica también una lucha por el libre flujo de ideas, información y opiniones.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2012, 118 compañías contaban con concesiones económicas de tierra, equivalentes a 1,204,750 hectáreas. A partir de ese año, el gobierno implantó un halo de opacidad por lo que es sumamente difícil conocer el número exacto de concesiones a empresas privadas, así como la dimensión de la depredación ambiental. Open Development es un sitio de información abierta sobre Camboya que ha comenzado a romper esta inercia de opacidad.
El espectro de medios de comunicación es bastante restringido, sólo existen algunos medios impresos y poquísimas estaciones de radio, que han logrado escapar a los sofisticados medios de control por parte del gobierno y el Partido Popular de Camboya. Poco a poco, los movimientos en defensa del derecho a la vivienda en Phnom Penh también han logrado varias victorias inusitadas; compuestos en su mayoría por mujeres, irrumpieron en los medios de comunicación como métodos de resistencia y protesta pacífica.
Las redes entre las comunidades rurales y los movimientos urbanos empiezan a tejerse. Grupos de jóvenes con acceso a internet se suman a las exigencias de rendición de cuentas y justicia. Definitivamente, un momento crucial para el pueblo camboyano.
Pareciera que en el ánimo colectivo del gobierno solo hay un asunto que le preocupa, las elecciones de 2018. La reciente aprobación de una ley bastante ambigua que pretende regular el trabajo de la sociedad civil, es vista como una muestra de los tiempos que vienen.
Tres días antes de regresar a México, The Phnom Penh Post, uno de los periódicos en inglés más críticos del país, comenzó a publicar una serie de reportajes sobre Try Heap, una de las compañías ligadas directamente con el Primer Ministro. La respuesta formal fue: “Queremos informar que nuestra compañía no está involucrada en tala clandestina ni ninguna otra actividad ilegal.”
Existe el rumor de que pronto será publicado un informe detallado sobre las actividades ilegales de Try Heap y sus vínculos con el gobierno.
Mientras tanto, las redes continúan tejiéndose.
