Érika Paz
Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey
@paz_eri
Aborto y maternidad voluntaria frente a los “cautiverios” de las mujeres
El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, cuyo propósito es promover, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales encuentran sustento en el marco jurídico nacional e internacional. [1]
No obstante, dichos derechos –entre otros– no han sido promovidos ni asegurados. Asistimos al siglo XXI sin que nuestra participación ciudadana y nuestra libertad individual hayan sido garantizadas efectivamente,[2] por lo que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres parece ubicarse en el plano de la ficción.
En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto fue una realidad en 2007 en la Ciudad de México y fue consolidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año después.[3] En contraparte, otros estados del país recrudecieron las penalidades por abortar, colocando el “derecho a la vida” desde la concepción por encima de los derechos reproductivos e incluso por encima de la vida y la independencia de las mujeres.
Cabe señalar que obligar a una mujer a ser madre en contra de su voluntad y consentimiento es tan infame como obligarla a abortar. En ambos casos se viola su integridad corporal, su capacidad de decisión, su independencia y se pone en evidencia el simulacro de igualdad jurídica entre hombres y mujeres que supone el Estado.
Un Estado que en los hechos perpetúa la dependencia de las mujeres, las condena al plano de la subordinación de sus propias vidas y anula su libertad individual al considerarlas incapaces de tomar decisiones, incluso, sobre su propio cuerpo.
Al respecto, Marcela Lagarde utiliza la categoría antropológica de “cautiverio” para referirse a la privación de la libertad individual, a la condición de dependencia de las mujeres a los otros, al gobierno, a las instituciones (familia, comunidad, Iglesia, Estado). Cautiverios que algunas mujeres aprueban y defienden otorgando su “consentimiento voluntario” a la subordinación de sus derechos.
Lo anterior me conduce a recordar la intervención de una legisladora del partido político Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados –partido que ha decidido echar una mano desde el Congreso a los grupos más conservadores y reaccionarios del país para salvar al “pobre” México del caos en que se sumerge con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o con los matrimonios igualitarios.
El pasado 6 de septiembre, la diputada por el PES Norma Edith Martínez Guzmán presentó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia”, redactada por el Frente Nacional por la Familia, la cual reforma el artículo 4º constitucional.[4]
Dicha propuesta (suscrita por más de 45 legisladores y legisladoras de seis fuerzas políticas), además de (sólo) reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer, plantea que “el Estado garantizará a la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, la protección de la vida de sus miembros desde el momento de la fecundación hasta el término del ciclo natural de la vida”.
El día 27 del mes pasado, durante su intervención en la Agenda Política con motivo de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Edith Martínez Guzmán hizo propicia la ocasión para mencionar:
“Hoy nos hacen falta 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, pero también nos hacen falta más de 200 mil niños asesinados por el aborto legal en la Ciudad de México”.[5]
Llama la atención que Martínez Guzmán, política que se ha desempeñado como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, así como del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), apruebe anular los derechos de las mujeres y defienda el “cautiverio” de la opresión que perpetúa el poder de los otros sobre el 52 por ciento de la población que representan las mujeres.
Nos encontramos con un ejemplo de muchas mujeres que con su consentimiento ayudan a perpetuar las relaciones de dependencia, imposibilitando la intervención de las mujeres en la vida política y social con el respeto al pleno ejercicio de sus derechos. En palabras de Marcela Lagarde:
“Las mujeres están cautivas del miedo a cambiar, porque hacerlo significa dejar de ser mujeres de la única forma en que deben y saben serlo. Creen además que es imposible cambiar, que sólo hay una forma universal de ser mujeres, que siempre ha sido y será así. En su mundo no hay historia, [y yo agregaría tampoco orden social, ni orden político, sólo] hay fuerzas extraordinarias dueñas del destino”.[6]
En un Estado cuya democracia agoniza y en el contexto de violación sistemática a los derechos humanos, los derechos de las mujeres se vuelven particularmente vulnerables y todo terreno ganado es susceptible de ser perdido ante el poder de incidencia en el ámbito político de los sectores más conservadores, de la derecha y la ultraderecha.
Tal es el caso del Frente Nacional por la Familia y el PES, que irrumpen en la política mexicana como un solo ente conturbado ante la flama violeta del feminismo o los logros de la bandera del arcoíris. Mediante un aterciopelado discurso, los más “refinados” integrantes de la derecha entretienen a sus escuchas con conceptos que emanan de la divinidad o del cosmos, conceptos que nada tienen que ver con las necesidades de la vida en sociedad y con la pluralidad de ideas.
A estos entes, se les unen otras fuerzas políticas como el PRI, el PAN y sus partidos satélite, el PVEM o Nueva Alianza, cuyas acciones nos deben alarmar, pero sobre todo debemos poner atención –y es preocupante– en que los partidos de oposición en el Congreso no sean capaces de encargarse de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para asegurarlos de manera efectiva.
[1] Como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujeres (CEDAW) o la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), entre otras.
[2] Basta ver el creciente índice de feminicidios (siete mujeres son asesinadas diariamente), la precarización laboral, la esclavitud sexual o salarios 20 % menores a los que perciben los hombres por el mismo trabajo.
[3] “Constitucional, norma de ALDF que despenaliza el aborto en DF hasta la semana 12 de gestación”, en https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/noticias/Paginas/2008-94.aspx
[4] Iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Derechos Humanos http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160908-II.html#Iniciativa9
[5] Además de proporcionar una cifra errada del número de mujeres que han ejercido su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México (164,939 ILE según datos del Inmujeres), Martínez Guzmán no hace la debida distinción entre la concepción y la vida humana independiente.
[6] Lagarde, Marcela (2015), El Cautiverio de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI, pág. 146.
